El Consell de l’Advocacia Catalana exige la dimisión del ministro de Justicia por la Ley de Tasas

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, ha acordado por unanimidad exigir la inmediata dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por haber promovido la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales, ya que supone una vulneración clara del Estado de Derecho. La Abogacía Catalana califica la Ley de inconstitucional y denuncia que supone un ataque sin precedentes al derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, uno de los derechos más fundamentales del ciudadano.

Para la Abogacía Catalana las nuevas tasas ‘supondrán una limitación total del acceso a la justicia’, tal y como ya han denunciado diversos colectivos, no sólo del ámbito jurídico -como jueces, fiscales o procuradores- sino también asociaciones de consumidores, que han iniciado una recogida de firmas contra la nueva ley de tasas. ‘El ciudadano no es aún de todo consciente de las graves consecuencias que conllevará la nueva ley’ destaca el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Pedro L. Yúfera, para añadir que ‘la gente no espera tener que recurrir a los juzgados por circunstancias que aún le tienen que pasar y, a los que ya están inmersos en pleitos, no les afecta”. Pero tener que pagar 200 euros para poder reclamar una multa de tráfico de 150 euros, 350 para pedir la devolución de 10.000 euros invertidos en participaciones preferentes, 165 para exigir 3.000 euros cobrados de manera abusiva por el banco en un crédito o hipoteca, 300 para reclamar un incremento de 100 euros en una pensión de alimentos, 300 para llevar a los tribunales una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro valorado en 2.300 euros, o pagar importantes cantidades económicas para reclamar indemnizaciones por accidentes de tráfico o negligencias profesionales, son sólo algunos ejemplos de las ‘kafkianas’ situaciones con las que se encontrarán los ciudadanos para poder tener acceso a la justicia. Por no hablar de los 800 euros que deberán asumir como mínimo si la demanda es desestimada y la quieren recurrir, sobretodo teniendo en cuenta que un 40% de las sentencias son revocadas en segunda instancia.

Peor aún en el caso de las demandas laborales por invalidez, en las cuales el principio de igualdad procesal se rompe cuando al empleado se le exigirán 200 euros por recorrer y en cambio la Seguridad Social estará exenta de pagar la tasa. En todos los casos, además de las tasas fijas, habrá que añadir un coeficiente del 0,5% para cantidades hasta un millón de euros y del 0,25% para cantidades superiores.

LA CLASE MEDIA, LA MÁS PERJUDICADA

El argumento esgrimido por Ruiz-Gallardón a la hora de justificar las tasas, que según el ministro servirán para sufragar la justicia gratuita, tampoco convence a la Abogacía Catalana, teniendo en cuenta que sólo los ciudadanos que cobren menos del doble de el Indicador Público de Rentas de Efecto Múltiples (IPREM) – actualmente fijado en 532,51 euros al mes- por unidad familiar tienen derecho a ella. ‘Muchas familias quedarán excluidas del acceso a la justicia’, advierte Yúfera, para añadir que esta situación provocará una justicia de dos velocidades: ‘una justicia para ricos y para pobres y una justicia para la clase media, que es la gran mayoría de la población y que tendrá que asumir unes tasas desproporcionadas en relación a sus ingresos’.

Por otra parte, el Consell recuerda que, en el caso de Catalunya, el ciudadano también tendrá que asumir las tasas catalanas, la cual cosa encarecerá aún más la justicia.