La Fundación Abogacía Española y Save the Children abordan el impacto de la crisis en los menores

El empobrecimiento de la infancia y su relación con la Justicia fue el tema principal de la jornada ‘Crisis económica, menores y justicia’, organizada por la Fundación Abogacía Española y Save the Children, que se ha celebrado en la sede de la Abogacía el 30 de abril, dentro del ciclo ‘Crisis y derechos Humanos’ que la Fundación de la Abogacía puso en marcha en 2012.

En la inauguración, Victoria Ortega, patrona de la Fundación Abogacía Española y secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, ha reconocido que la “situación de la infancia en esta crisis es preocupante debido a la política de austeridad de las Administraciones Públicas”.

Desde 2012, la Fundación de la Abogacía está organizando jornadas sobre cómo la crisis económica puede influir en los derechos humanos. Sus objetivos, como reconoció Victoria Ortega, son exponer y hacer pública la realidad de los colectivos más desfavorecidos por los efectos de la crisis y reunir a organismos e instituciones que tiene algo que decir, con la finalidad de buscar soluciones.

La secretaria general de la Abogacía recordó a los asistentes que el 20% de la infancia vive por debajo del umbral de pobreza, lo que supone que 2.200.000 niños se encuentren en esta situación de desprotección. Lo más lamentable es que asistimos a un 10% de crecimiento anual.

“¿Hasta qué punto la política de recortes está afectando a la defensa de los derechos de los niños?”, se preguntó Victoria Ortega, quien finalizó su intervención recordando que la Abogacía asume las recomendaciones de Save the Children realizadas al Poder Legislativo, al Gobierno y al Poder Judicial para profundizar y reforzar la defensa de los derechos de los niños en época de crisis.

Por su parte, Julio Alonso, director de Comunicación de Save the Children, aseguró a los asistentes que la violencia y la pobreza son obstáculos para desarrollar los derechos de los menores, ya “que existe una falta de recursos especializados”.

En la primera parte de la jornada, titulada “Infancia y pobreza en España” se expusieron las tremendas cifras de la pobreza infantil en nuestro país, unas cifras que la crisis ha incrementado, pero no generado, ya que aun en tiempos de bonanza en España había un 25% de pobreza infantil (en 2011, subió hasta el 27,2%), según señaló Gabriel González-Bueno, responsable de Políticas de Infancia en España de UNICEF.

González-Bueno resaltó el impacto especialmente duro que la crisis está teniendo en los niños y aportó el dato de que las familias con sus todos sus miembros en paro y con hijos menores se ha incrementado un 120% entre 2007 y 2010, mientras que en las familias en general es el 60%.

“LA POBREZA TIENE ROSTRO DE NIÑO”

El responsable de UNICEF España fue concluyente al afirmar que “la pobreza tiene rostro de niño” o “la pobreza infantil no depende solo del PIB, sino de las políticas sociales que se aplican” y aseguró que las ayudas a la infancia se han considerado prescindibles en las políticas de austeridad. “¿Será porque los niños no votan?”, inquirió.

En cuanto a la relación de los menores y la justicia, señaló la posibilidad de que haya más casos de menores infractores, como ha sucedido en otros países en crisis económica.

Por su parte, Carlos Chana, de Cruz Roja Española, aseguró que se han visto obligados a dar una respuesta que Cruz Roja había ido abandonando: la ayuda urgente por emergencia social. Así señaló que en 2012, fueron atendidas 2.400.000 personas (lo que supuso un 163% más de 2008 a 2012), de las cuales 1.000.000 recibieron atención alimentaria.

Un 33% de la población atendida carece de ingresos, un 70% está en paro, un 40% no puede alimentar adecuadamente a sus hijos y un 20% ha perdido todo interés por su cuidado personal. En este contexto viven muchos niños y niñas.

“La pobreza infantil y juvenil en España tiene muchísimas dimensiones”, aseguró y puso como ejemplo que el índice de niños o jóvenes en situación de pobreza que repiten curso es cuatro veces superior a la media.

Chana concluyó su intervención alertando del impacto negativo de las reformas legales, como la ley de Bases de Régimen Local, que puede poner en peligro el importante papel que las entidades locales tienen en la detección de los factores de riesgo social de los menores y puede modificar el sistema desjudicializado de protección que existe en España, o la Ley Orgánica de protección jurídica del menor.

Finalmente, Inés de Araoz, coordinadora de la Red de Niños y Niñas con discapacidad del CERMI, denunció los drásticos recortes en servicios sociales que se están produciendo y que afectan, entre otras cosas, a la atención temprana de los menores con discapacidad, a la educación – se está incrementando la segregación- , la dependencia (se ha reducido un 25% la prestación a las familias con menores con discapacidad) y el servicio de ayuda a domicilio para personas con dependencia.

MENORES ANTE LA JUSTICIA

La segunda parte de la jornada, Menores ante la justicia en España, contó con la presencia de varios operadores jurídicos.

Virginia Rodríguez, coordinadora de investigación y seguimiento de políticas de Save the Children, analizó el informe ‘Infancia y Justicia: una cuestión de derechos’, elaborado por esta organización en colaboración con el ICAM. El informe concluye que no se garantiza el derecho de los niños a ser debidamente informados y a ser escuchados en los procedimientos judiciales.

Resaltó que no existen suficientes medios humanos y materiales para atender a los niños en el ámbito judicial y garantizar sus derechos. “El principio del interés superior del menor, en el que debe basarse toda decisión administrativa o judicial que afecta a un niño, en la práctica resulta una coletilla vacía de contenido”, afirmó. “Preocupan especialmente las actuaciones de los profesionales en las valoraciones psicológicas, de cuya valoración depende en gran medida la decisión que adopte el órgano judicial”, concluyó.

Por su parte, Isabel Gómez Reyes, abogada de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, coincidió con la apreciación de Virginia Rodríguez en cuanto al interés superior del menor. “En los procesos de extranjería debe primar el hecho de ser menor sobre el de ser extranjero, pero no es así, especialmente en los casos de menores no acompañados”. Gómez Reyes denunció también que no se regula suficientemente el trámite para la determinación de la edad y, especialmente, el hecho de que los menores no cuentan con asistencia letrada hasta que se determina la repatriación. “Esto vulnera el derecho de los menores a ser escuchados”, aseguró Isabel Gómez que concluyó su intervención recordando al abogado Nacho de la Mata.

El ministerio fiscal estuvo representado por Antonio Huélamo, quien volvió a insistir en el derecho del menor a ser oído y puso especial énfasis en que se debe evitar el “maltrato institucional” a los menores inmersos en procesos judiciales. “Se puede grabar el testimonio de un menor para evitar que vaya a juicio y las preguntas las deberían hacer expertos y no los operadores jurídicos”, pidió.

Finalmente, Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, aseguró, en la última mesa de la Jornada, que “falta un desarrollo dogmático sobre el interés superior del menor” por la jurisprudencia. Sería conveniente que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se posicionaran sobre la aplicación de la normativa penal sobre el menor. Por ello, el magistrado propuso a los abogados utilizar el recurso de amparo para defender los derechos los menores.

El magistrado destacó los dos requisitos necesarios para una completa regulación del interés superior del menor. Por un lado, construir una garantía procedimental para que se pueda oír al menor y el derecho a atender la petición del niño según su grado de madurez. En el plano legislativo, por otro lado, existe una regulación insuficiente, sobre todo en la aplicación de la responsabilidad penal del menor cuando están en relación con las actividades de mayores de edad.

CICLO CRISIS Y DERECHOS HUMANOS

El ciclo de jornadas “Crisis económica y derechos humanos” puesto en marcha por la Fundación Abogacía Española en 2012 como parte de su compromiso con la promoción de los derechos humanos, partió con dos objetivos fundamentales. El primero de ellos era exponer públicamente la situación de colectivos especialmente necesitados de atención en España a causa de la crisis, algunos de ellos más presentes en nuestros medios de comunicación, otros francamente invisibles. Y el segundo era reunir a los expertos y actores más importantes de los ámbitos concernidos en cada caso para comprender las auténticas necesidades existentes y cruzar propuestas de mejora entre los participantes, para lo cual pudimos contar, entre otros, con ONGs, universidades, judicatura, policía, Defensor del Pueblo, partidos políticos y, por supuesto, abogacía, todos ellos responsables directos en mayor o menor medida de garantizar la defensa y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Hasta ahora se han abordado temas como los deudores hipotecarios, los CIES, las personas con enfermedad mental en instituciones penitenciarias, las víctimas de trata y los menores.