Justicia Gratuita, Tasas, Baremos, Abogados de Oficio, Paz Social…

“Si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no podrá salvar a los pocos que son ricos”, decía Kennedy en 1961 en un frase cargada de sentido común y de un cierto cinismo político. Pero es verdad. Si una sociedad que se enorgullece de haber construido un Estado Democrático Social y de Derecho, como la española, no es capaz de garantizar la defensa de los más vulnerables, seguramente acabará desprotegiendo los derechos de todos. La implantación de las tasas judiciales es el primer paso en este sentido.

Cuando algunos aluden al supuesto “problema de la Justicia Gratuita” no sólo están faltando a la verdad, están poniendo los cimientos para acabar con la mejor inversión en paz social. Hoy lo hemos dicho al presentar el VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita correspondiente a 2012.

No se puede decir que para solucionar el problema de la Justicia Gratuita es necesario imponer unas tasas que la financien. Muy al contrario, las tasas están obstaculizando o impidiendo ya el libre acceso de los ciudadanos a la Justicia. La Justicia Gratuita, que apenas representa un seis por ciento del total del gasto en Justicia en España, se debe financiar con los Presupuestos Generales del Estado y no con un repago disuasorio e injusto. Si cerráramos los juzgados, se eliminarían definitivamente los atascos en la Justicia… pero nadie en su sano juicio propondría esta medida.

No es verdad que sea un problema de dinero: el gasto en Justicia Gratuita lleva tres años seguidos descendiendo, a pesar de que los legisladores han aumentado año tras año los asuntos que estaban bajo ese paraguas. De 266 millones en 2009 hemos pasado a 232 en 2012, atendiendo prácticamente los mismos casos y a las mismas personas, gracias al esfuerzo impagable –y demasiadas veces impagado- de más de 39.000 abogados que trabajan 24 horas al día, 365 días en cualquier lugar de España. Y al de los 83 Colegios de Abogados.

Y ese descenso se ha hecho, fundamental e injustamente, a costa de los baremos que marcan las Administraciones Públicas muchos de los cuales no se han revisado en los últimos diez años, otros se han reducido hasta en un 40 por ciento, como en la Comunidad Valenciana, o se han recortado entre un 5 y un 17 por ciento en el plazo de dos años en Cataluña o en diferente medida en Madrid. Las diferencias entre comunidades son, además, muy elevadas.

No se puede hablar de fraude o de “coladero” en la tramitación de la Justicia Gratuita. Los Colegios nos comprometemos a ser los primeros vigilantes de que sólo accedan al servicio quienes tienen el derecho para ello y las Comisiones Asistencia Jurídica Gratuita, en las que los abogados sólo somos una parte, ratifican el 92 por ciento de los expedientes presentados.

No se puede decir que es necesario reformar la Justicia Gratuita cuando, además,  algunas Administraciones  Públicas–no todas, eso sí- retrasan sus pagos hasta en un año y obligan a los abogados y a  los Colegios a sufrir el impago y a financiar ese incumplimiento. Pedir una retribución digna –lo dice la ley- y en plazo no parece que sea excesivo, cuando, además, los baremos representan, en la mayoría de los casos, un diez por ciento de la tarifa vigente para casos similares en cualquier despacho de abogados.

La Justicia Gratuita es un servicio público esencial, la última garantía de defensa de los más vulnerables, que gracias a los abogados y a los Colegios funciona con eficiencia y eficacia y sin la cual, sería mucho más difícil mantener la paz social en España. Es revelador el dato de que los ciudadanos que acuden a la Justicia Gratuita tienen mejor opinión de este servicio que los propios abogados que lo prestan. Pero se explica fácilmente: los abogados de oficio son abogados preparados, con cursos específicos, de una edad media superior a los 40 años, con antigüedad en la profesión, que prestan este servicio por convencimiento y por vocación. Ellos conocen mejor que nadie las interioridades y saben que podría funcionar mejor si, por ejemplo, las Administraciones Públicas pagaran a tiempo, si todas las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita unificaran sus criterios, si utilizaran también ellas el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, si tuvieran los medios necesarios para el control real y rápido de este servicio.

Hace cincuenta años, el 28 de agosto de 1963, Martin Lutero King, en su famoso discurso “Tengo un sueño” desgranaba estas palabras: “En cierto sentido hemos venido… a cobrar un cheque, la promesa de que a todos los hombres les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. …Nos negamos a creer que ha quebrado el Banco de la Justicia. Nos negamos a creer que no haya suficientes fondos en las grandes reservas de oportunidades de este país. Por eso hemos venido a cobrar este cheque, el cheque que nos colmará de las riquezas de la libertad y de la seguridad de la justicia… No, no; no estaremos satisfechos hasta que la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente”.

Cincuenta años después, los abogados españoles hacemos nuestras estas palabras porque también tenemos un sueño: nos negamos a creer que, además de muchas Cajas de Ahorros, en España pueda quebrar el Banco de la Justicia, que se vayan a mantener las barreras que impiden que muchos ciudadanos puedan acceder a la Justicia, que se minusvalore no ya el trabajo de 39.000 abogados ejemplares y de 83 Colegios de Abogados, sino que se obstaculice, se impida o se elimine el acceso a la Justicia de los ciudadanos más vulnerables, de los más más desfavorecidos, de los más desamparados. La quiebra del Banco de la Justicia dejaría a la intemperie a millones de ciudadanos sin trabajo, sin vivienda y sin esperanza. Y no hay cimientos que aguanten una situación como esa.

¿Reformas? Todas las que mejoren un servicio eficiente prestado por abogados ejemplares. Ahí ha estado siempre la Abogacía institucional. Pero ninguna impuesta arbitrariamente; ninguna sin debate; ninguna sin consenso, sin escuchar a los que saben, a los que están en la calle, de día y de noche, en las comisarías y en los juzgados, tocando con sus dedos las consecuencias de la merma de los derechos fundamentales, las agresiones a la tutela judicial efectiva, las barreras que impiden el acceso a la Justicia, en definitiva, las quiebras del Estado Social y Democrático de Derecho.