El Colegio de Abogados de Málaga desmiente el pago total del Turno de Oficio malagueño por la Junta de Andalucía

Durante estos días, varios medios de comunicación han informado sobre un nuevo pago a abogados por parte de la Junta de Andalucía, con el que, según se indica, la Consejería de Justicia e Interior culmina el pago de todos los servicios prestados en Málaga durante 2013. Ante esta noticia, el Colegio de Abogados de Málaga vuelve a pronunciarse para indicar que sólo se ha abonado el tercer trimestre del turno de oficio, quedando aún pendientes otras partidas referentes a los servicios que ofrecen los abogados.

Con este desembolso, cifrado en 1.130.554,65€, la Junta de Andalucía aún debe el cuarto trimestre del turno de oficio del 2013 (1.382.261,11€) y el primer trimestre de este año (1.485.133,77€). Sin embargo, este no es el único pago pendiente, ya que aún falta por abonar a los abogados malagueños los servicios de asistencia a detenidos, orientación penitenciaria y al Colegio de Abogados de Málaga los gastos de infraestructuras.

En relación a la asistencia a detenidos, la Junta de Andalucía aún debe el cuarto trimestre del año pasado, cifrado en 458.703 euros y el primer trimestre de 2014 (418.729,50€). El servicio de orientación penitenciaria mantiene la deuda de 4.479,86€ hasta 2012, año en el que se suprimió este servicio por parte de la Junta de Andalucía, prestándose ahora directamente por los abogados sin cobrar por ello. Este pasivo corresponde a 2011 (1.539,86€) y a 2012 (2.940€).

Por último, los gastos de infraestructuras, que se deben a la institución colegial, ascienden a 657.380,70 euros. Esta cifra corresponde a 452.242,78€ del año 2012, 108.047,50€ del 2013 y 97.090,42€ del 2014.

Tras la noticia emitida y con las cifras pendientes de abono, 3.749.307,24 euros a los abogados malagueños y 657.380,70 euros a la institución colegial, el Colegio de Abogados de Málaga vuelve a manifestarse para solicitar un trato justo para los abogados del turno de oficio. La institución colegial remarca que es necesario un pago equitativo a la labor social y jurídica que desarrollan estos profesionales.