El gesto y el talante del nuevo ministro

Todos los agentes judiciales han recibido con esperanza al nuevo ministro de Justicia. Primero, porque ha mostrado un talante diferente. “Pido colaboración y ofrezco diálogo, lealtad y voluntad de consenso. Sólo desde el compromiso se puede lograr un gran acuerdo”, dijo en su toma de posesión. El diálogo que ha venido reclamando y ofreciendo siempre la Abogacía; la lealtad, indispensable en las relaciones entre el poder y los ciudadanos; y el acuerdo, la única posibilidad de llegar a una solución para los males de la justicia.

El nuevo ministro de Justicia fijó también prioridades porque no se puede reformar todo de golpe, sin debate y sin medios para aplicar esas reformas. Y entre esas prioridades -mejora de la justicia gratuita, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la ley de Servicios y Colegios Profesionales y del Registro Civil- señaló una que ha ocupado los titulares de todos los medios de comunicación: “se analizará y revisará la aplicación de la Ley de Tasas”. La Abogacía ha pedido reiteradamente, encabezando todas las protestas profesionales y sociales, su derogación. Es, sin duda, una de las leyes que más daño ha causado a los ciudadanos y que menos ha servido para hacer Justicia. Ni siquiera sabemos lo que se ha recaudado de verdad por este concepto en 2013, pero sí sabemos que esos millones de euros no han ido a la Justicia –mucho menos a la Justicia Gratuita- y no sabemos qué va a pasar con lo que se está recaudando en 2014. Pero no es un problema solo de dinero. El acceso a la Justicia no admite barreras ni tasas. Francia, que las tenía aunque muy moderadas, las eliminó en enero de este año.

El ministro citó dos veces a la Abogacía y varias a los Colegios Profesionales y a los demás agentes jurídicos o sociales. Es una buena manera de empezar porque una reforma hecha a espaldas de quienes la van a aplicar y a sufrir está condenada al fracaso. El ministro ha puesto el diálogo y el consenso como instrumentos fundamentales para alcanzar un gran acuerdo imprescindible para la Justicia. Aquí nos tiene. Llevamos años reclamando un Pacto de Estado por la Justicia. Ya lo hacíamos cuando Rafael Catalá era secretario de Estado de Justicia. Sobre la mesa hay numerosas reformas que sólo deberían convertirse en leyes después de un profundo diálogo y de un acuerdo lo más amplio posible. Por el bien de una Justicia que ponga el ciudadano en el centro de sus objetivos y no al revés.

Hay muchas y serias lagunas, todavía, en el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con el riesgo de estropear un servicio que funciona muy satisfactoriamente; hay muchos errores de fondo en proyectos o anteproyectos como los de la Ley de Demarcación y Planta, la LOPJ, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, la reforma de los Registros, etc.

Este ministro muestra un talante cercano, abierto, dialogante. Estuvo, con el ministro Michavila, en el Congreso de la Abogacía en Salamanca y espero que esté también en el próximo, el de Vitoria, en mayo de 2015. Cuenta con nuestra colaboración absoluta. Pero tiene que saber que la Abogacía, como el resto de los agentes jurídicos, no han recibido el trato que merecen y que, como he dicho públicamente, la Justicia está hoy peor que hace tres años y los ciudadanos, nuestra razón de ser, están hoy mucho más lejos de la verdadera Justicia y con peor opinión sobre ella. Podemos cambiar esas dos realidades, el mal estado de la Justicia y la lejanía de los ciudadanos, si la voluntad política se traduce en diálogo y acuerdo. La nuestra, reitero, es el máximo acuerdo posible.