Carnicer considera que la reforma de la LSyCP pretende estrangular a los Colegios Profesionales

En contestación a la intervención del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en el Senado, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, manifiesta que “el Gobierno, a través de su ministro De Guindos, pretende estrangular a los Colegios Profesionales impulsando de nuevo la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que cercena y limita la actividad e independencia de estas corporaciones, confiere facultades a innominadas Administraciones para disolver órganos de gobierno, e impone condiciones que favorecen su incapacidad para proporcionar servicios a los ciudadanos”. Esta es la conclusión a la que se llega después de la contestación dada por el ministro de Economía al senador socialista y vicepresidente de la Comisión Constitucional Antonio Rodríguez Esquerdo.

“Los profesionales españoles son excelentes y han sido reconocidos infinidad de veces por los ciudadanos. Los Colegios Profesionales tienen trascendencia constitucional y son de interés general. Por sólo citar un caso, los Colegios de Abogados promueven desde siempre actividades hoy socialmente imprescindibles y muy apreciadas por los ciudadanos, como son la asistencia a mujeres agredidas, menores, discapacitados, extranjeros, presos, la Justicia Gratuita en general”, afirma Carnicer.

La fijación arbitraria de una cuota de 20 euros mensuales –calculada de forma errónea e igual para todos los Colegios Profesionales independientemente de las funciones que realicen- puede provocar, según denuncia el senador Rodríguez Esquerdo, la pérdida de entre 4.000 y 10.000 puestos de trabajo.

“Es evidente, reitera Carnicer, que el ministro De Guindos pretende estrangular a los Colegios mediante cuotas de 20 euros mensuales, injustas y arbitrariamente establecidas, a todas luces insuficientes para financiar los servicios y funciones que prestan los Colegios y con la única finalidad de reducir sus posibilidades para la denuncia de ilegalidades o medidas abusivas como pueden ser las tasas judiciales, los asuntos de corrupción o la vulneración de los derechos fundamentales como recientemente ha ocurrido en los casos de Ceuta y Melilla”.