Karim Benyekhlef: “El uso de las NNTT facilitará el acceso a la Justicia reduciendo gastos y acelerando procesos judiciales”

Karim Benyekhlef, director del  Laboratorio sobre Ciberjusticia de la Universidad de Montreal (Canadá)

El profesor Karim Benyekhlef, director del Laboratorio sobre la Ciberjusticia de la Universidad de Montreal (Canadá), es uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

El profesor Benyekhlef asistió en la sede de la Abogacía a una jornada en la que analizó el acceso a la justicia como exigencia democrática y reflexionó sobre la ciberjusticia. La Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación celebró el  12 de febrero, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (P. Recoletos 13, Madrid), el Seminario Internacional ‘Justicia e Innovación Tecnológica en un Mundo Global’ donde se abordaron, entre otras cuestiones, los derechos del ámbito de las nuevas tecnologías, el impacto de las TIC y la modernización de la Justicia. Más información sobre el evento

–          ¿Cuál es el trabajo del Laboratorio sobre la Ciberjusticia? ¿Cuáles son sus principales campos de actuación?

La ciberjusticia puede definirse como el estudio del empleo y la integración de información y tecnologías de la comunicación en procesos de resolución de conflictos judiciales o extrajudiciales. Esto incluye situaciones donde todos los operadores jurídicos de información de justicia y cadenas de decisión están interrelacionados a una red. El proyecto de investigación emprendido por el Laboratorio de Ciberjusticia en el Universidad de Montreal y la Universidad McGill (el Laboratorio) representa la iniciativa de investigación internacional más grande centrado en buscar soluciones concretas y realizables que enfoca soluciones concretas y realizables con el al problema recurrente del acceso a la justicia, a través de la para transformación del r el proceso legal.

Este proyecto está en el cruce de caminos de la informatización de la justicia y del procedimiento civil (pruebas y ley procesal). Más concretamente, el Laboratorio analiza el impacto de tecnologías sobre la justicia y desarrolla los instrumentos tecnológicos concretos que son adaptados a la realidad de sistemas de justicia.

–          ¿Cómo pueden colaborar justicia y nuevas tecnologías para ofrecer un servicio mejor y más moderno? ¿En qué se benefician mutuamente? 

La informatización de los procesos judiciales y la interrelación de los actores en el mundo legal, que tienen un papel fundamental en la transición hacia la ciberjusticia y hacia un sistema de justicia más integrado, ayudarán a reducir los gastos y retrasos asociados con los procesos judiciales. Ciertas exigencias procesales como la gestión de las videoconferencias, las pruebas impresas, la remisión de múltiples copias a las partes, así como el requisito de la presencia física de las partes en la sala de tribunal son procedimientos que contribuyen a incrementar los gastos y retrasos del proceso judicial.

Permitir el envío digital de documentación oficial a las partes, eliminar la necesidad de que las partes estén físicamente en la sala de tribunal para permitir el testimonio vía videoconferencia y otras soluciones de ciberjusticia mejorarán con toda certeza, el acceso a la justicia reduciendo plazos y gastos. Para resumirlo todo, el empleo de las nuevas tecnologías facilitará el acceso a la justicia y sobre todo se conseguirá reducir gastos, acelerar los asuntos procesales y simplificarlos procedimientos judiciales.

–          ¿Cuál es la situación de la Ciberjusticia (CyberJustice) en el mundo? 

A pesar de los innumerables avances tecnológicos que podrían ser una ventaja para el sistema de justicia y sus usuarios, el uso de ordenadores y de las redes de comunicaciones para facilitar la gestión procesal y el acceso a la información legal –nos referimos a lo que denominamos ciberjusticia- se encuentra todavía en una etapa muy temprana. Los instrumentos que sostienen procesos legales todavía se apoyan en el empleo de documentos de papel y en la presencia física de las partes implicados. Este conservadurismo contribuye a problemas como: la desafección hacia los tribunales debido a gastos elevados y retrasos excesivos del sistema judicial y la erosión de la confianza de los ciudadanos en un sistema que ya no refleja plenamente los valores sociales.

–          ¿Cómo puede mejorar la justicia española respecto al uso de nuevas tecnologías? ¿En qué tipo de proyectos se debería trabajar?

Como he mencionado anteriormente, el empleo de nuevas tecnologías ensanchará y facilitará aún más el acceso a la justicia a la par que que se reducirán gastos, se acelera los asuntos y se simplifica los procedimientos judiciales. Gracias a esta combinación, esto supone una contribución sustancial a la sociedad. El empleo de tecnología contribuirá a reducir el coste de la administración de justicia (tasas judiciales, honorarios de abogados, etc.), lo que supondrá ahorros considerables para los litigantes. En relación al ámbito económico, estos instrumentos proporcionan una oportunidad sin precedentes de administrar la justicia con más eficacia y ampliar el acceso a más población, mediante una disminución del coste público.

Según un informe reciente, los tribunales españoles destacan por la utilización de algunos instrumentos tecnológicos; sin embargo, dependen de cada administración autonómica.. Un modo de mejorar el empleo de tecnologías podría ser el equipar a las salas de los tribunales de los mismos instrumentos para tener las grabaciones, de forma homogénea, de las actas de las vistas judiciales, que podrían ser almacenadas sobre un único sistema de gestión procesal. Según el mismo informe, los sistemas judiciales españoles permiten la videoconferencia, pero está sujeta su autorización a la discrecionalidad del juez y sólo en ciertos casos. Promoviendo el empleo más generalizado de la videoconferencia se podría contribuir a evitar retrasos y reducir gastos. La ley española parece contar con muchas propuestas para aplicar las nuevas tecnologías en la judicatura, pero sin embargo, hay muchos retos para la puesta en práctica de las nuevas tecnologías en la judicatura y su generalización a todos los órganos.

–          La privacidad y la seguridad en Internet son dos temas que cada día preocupan más a los abogados ¿Qué recomendaciones no deberían olvidar nunca en estos ámbitos? 

La adopción de medidas de seguridad y la confidencialidad de la información legal y de sus documentos son una obligación para los abogados, por ello el empleo de las tecnologías provoca unas preocupaciones justificadas. Sin embargo, cuando esto se convierte en una obligación para los profesionales, estos parecen tener expectativas más altas que “con la seguridad tradicional”. La verdad es que tal como está actualmente el almacenamiento de documentos impresos en un bufete o en los archivos judiciales en los palacios de justicia, no se encuentran asegurados al 100 % y podrían ser , por ejemplo, robadas., Lo mismo ocurre con la información electrónicamente almacenada. Siendo esto así, existen un conjunto de medidas que pueden mejorar la seguridad de los documentos almacenados, como pueden ser la autenticación “fuerte” del personal cuando se accede a los sistemas de gestión, las bases de datos y los buzones de correo. el empleo de la certificación digital que concedan diferentes derechos de acceso a la información confidencial, el cifrado, cortafuegos, y la instalación de una Red Virtual Privada (en inglés VPN) para proteger las comunicaciones.

–          Actualmente hay muchos servicios de almacenamiento en la nube. ¿Qué precauciones deben tener los abogados al utilizar estos servicios, teniendo en cuenta que manejan datos sensibles? 

Las precauciones son muy similares a los empleada para garantizar la intimidad y la seguridad en Internet, así pueden aplicarse medidas de autenticación para tener acceso a la información almacenada sobre ‘La Nube’, cifrando la información almacenada, usando cortafuegos, etc.. Todas ellas son medidas viables. El sistema judicial también podría plantearse proporcionar el acceso de los abogados a servidores proporcionados por la administración para evitar el coste de los sistemas privados. Otorgando acceso a servidores dedicados a los operadores jurídicos se ofrecería la seguridad máxima.