Elecciones 20-D: queda mucho por hacer en Justicia

En dos semanas, los españoles estamos llamados a las urnas. Durante esta campaña electoral escucharemos, seguro, muchas propuestas de todos los partidos en materia de economía, pensiones, empleo, sanidad, educación, seguridad… y, con un poco de suerte, por primera vez, también dedicarán algún espacio o acto sectorial a hablar de justicia.

Lo pongo en duda porque, hasta ahora, la justicia no ha sido un tema que ocupara mucho tiempo en campaña electoral, aunque sí preocupa a la gente. Según el Barómetro Externo de la Abogacía 2015, los ciudadanos coinciden con la Abogacía en reivindicar un Pacto de Estado y reformas inmediatas en este ámbito. Además, en esta encuesta también expresan su preocupación por el mal estado de la Justicia y el 81% de los encuestados subraya el interés de todos los gobiernos –independientemente de su signo político- por controlarla.

Ante esta realidad, sus compromisos electorales. ¿Qué proponen los partidos en esta materia? Hace unas semanas escribí un post en el que exponía las reivindicaciones de la Abogacía a los partidos políticos en Justicia e informaba y explicaba que estábamos manteniendo interesantes reuniones con los distintos partidos para darles a conocer estas peticiones de cara a los compromisos electorales. Hoy, con los programas electorales ya disponibles, vemos con satisfacción que distintos partidos han recogido en sus propuestas electorales varias de estas reivindicaciones.

Desde la Abogacía hemos reclamado permanentemente un Pacto de Estado con todos los actores jurídicos, partidos, sindicatos y ciudadanos que suponga un cambio en la Administración de Justicia, refuerce su papel como elemento vertebral de la democracia y consiga una Justicia más eficiente, ágil e igualitaria y con medios suficientes para desarrollar su labor. Éste es un punto en el que coinciden varias formaciones políticas: el PP habla de diseñar, desde el diálogo, una Estrategia Nacional de Justicia, en la que se contará con todos los actores jurídicos y desde la que se buscará promover una Justicia acorde a la realidad del siglo XXI. El PSOE y Ciudadanos apuestan también por una justicia más ágil y eficaz, para lo que proponen darle más medios y los socialistas hablan de fijar por ley una financiación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado.

Sin duda, la Asistencia Jurídica Gratuita es un pilar del Estado de Derecho, al garantizar el derecho de tutela judicial efectiva de los más vulnerables. Además es posiblemente el servicio público que mejor funciona en Justicia, con mayor eficiencia, valorado enormemente por la ciudadanía, sin apenas quejas y a un coste realmente bajo. Sin embargo, las retribuciones se han visto congeladas o incluso reducidas sensiblemente para los abogados del Turno de Oficio desde hace más diez años. Quien gobierne debe asegurar que este servicio se prestará siempre con la mejor calidad posible. En este sentido, PSOE y PP apuestan por el impulso de la justicia gratuita y, además, los socialistas hacen una mención específica a la “dotación de medios suficientes y adecuados para que toda la ciudadanía (…) pueda hacer efectivo su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”. Desde Podemos proponen crear un texto normativo consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de letrados del Turno de Oficio, que contemple la mejora de este servicio público y su dignificación y  Ciudadanos solicita que el servicio de Justicia Gratuita lo gestionen los colegios de abogados y lo presten abogados libres e independientes, que deberán recibir una retribución digna y puntual.

Otra reclamación personal y de la Abogacía, recogida en este caso por el PP, es el impulso a una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que regule el asesoramiento y la defensa jurídica y refuerce otros derechos y obligaciones conexos a éste, como la formación, la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología o el secreto profesional. En la misma línea, Ciudadanos señala que “se equiparará a fiscales y abogados para una efectiva igualdad en el proceso”, aspecto este último que también hemos venido pidiendo con insistencia.

La derogación total de las tasas judiciales, tantas veces solicitada, la llevan en su programa PSOE y Ciudadanos. Y la propuesta de Podemos de realizar una auditoría pública del sistema judicial se acerca a nuestra demanda de datos fiables y reales de la Justicia para dotarla de los medios precisos.

Éstas son las propuestas. Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos, de los programas y las promesas a las leyes. Gane quien gane el día 20, y gobierne quien gobierne los próximos cuatro años, la Justicia debe tener la importancia que merece en el día a día del Ejecutivo. Y antes de desarrollar cualquier proyecto legislativo, será obligado tener en cuenta las opiniones de los operadores jurídicos. Diálogo, consenso y pacto. Queda mucho por hacer en este terreno. Estaremos vigilantes.