La venta de animales: un lucrativo negocio y una legislación fallida

Lourdes Cano García Abogada. Miembro del Grupo de Trabajo de Protección Animal y Medioambiental del Colegio de Abogados de Córdoba. @lourdescanog

En esta profesión asumes que periódicamente te asaltarán con la pregunta de cómo puedes defender a alguien que es culpable. Se añade, cuando decides dedicar tu esfuerzo a mejorar la situación de los animales, la de cómo te ocupas de ellos cuando hay tantas personas necesitadas de atención. Ya se han dado varias respuestas muy acertadas en este blog, pero la que más me reafirma en el ánimo de continuar es que la raíz del problema del maltrato animal es común para animales y humanos: la violencia contra el indefenso.

Dicho esto y, con la ilusión de iniciar esta andadura en el Colegio de Abogados de Córdoba, abordo el tema de la venta de animales y su regulación, siendo consciente de que sólo es posible apuntar algunos aspectos que los medios de comunicación han puesto de manifiesto, pues la cuestión daría para muchísimo más.

Un Anteproyecto de Ley que no ha prosperado

El pasado año, el Ejecutivo dio marcha atrás en la tramitación de una Ley que prohibía la exhibición pública y comercialización de animales en tiendas, reduciendo su actuación a unas endebles recomendaciones bajo el formato de guías de buenas prácticas:

Una vez recibidas las observaciones al borrador de anteproyecto de ley por el que se establece la normativa básica del comercio y tenencia responsable de perros y gatos, el Gobierno está estudiando, detenidamente, todas las alegaciones formuladas y examinado y planteándose la conveniencia o bien, de seguir con la iniciativa legislativa, o diseñar otras medidas de carácter no legislativo que conlleven al mismo objetivo, es decir promover la tenencia responsable de los animales y evitar su abandono.

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Así, representantes de todos los sectores implicados colaborarán en la elaboración de guías de buenas prácticas para los establecimientos donde se manejan perros y gatos (tiendas, criaderos, centros de recogida) y en establecer los requisitos de formación del personal que desarrolla su actividad en dichos lugares. Asimismo, se realizaría una recogida de información sobre este sector, del que se disponen datos de forma dispersa, debido a su fragmentación y gestión local, lo que dificulta la evaluación de la situación real y, por tanto, su planteamiento legislativo. (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 14 de abril de 2.015).

 El objetivo de la ley era frenar la demanda masiva e irreflexiva de ejemplares de raza que se traduce en una producción descontrolada de cachorros para satisfacer el negocio: criadores ilegales, condiciones de vida deleznables de los animales y economía sumergida. El proyecto que ha desaparecido iba a impedir que los animales estuvieran expuestos en escaparates y que las tiendas de mascotas tuvieran perros –o gatos– en venta en sus instalaciones. También se introducía una regulación a la hora de criar estos ejemplares: condiciones obligatorias para el bienestar de los animales o un registro oficial de criadores.

Un lucrativo negocio

Este negocio fuera de control se sitúa en los 40 millones de euros al año. Sin contar la cantidad de particulares que crían cachorros y venden sin pasar por un certificado de su genealogía.

El propio anteproyecto de ley del Ministerio de Agricultura admitía que se ha producido “un importante incremento de la cría y comercio”. Tanto, que se hacía “necesario regular un grupo de actividades relacionadas tanto directa como indirectamente con el comercio de los mismos, tales como los requisitos para su cría y cuidados y su posterior comercialización“. A esto es a lo que renunció el pasado Gobierno.

Organizaciones como ASAC, (Asociación del Sector Animal de Compañía), aseguran que más del 90% de los perros abandonados son de raza mestiza, mientras que en los comercios sólo se proporcionan pura raza, derivando la incidencia del abandono a la venta entre particulares.

La mayoría de los comercios de animales coinciden con ASAC en que la compra compulsiva no se da en las tiendas, donde se tiene que hacer un desembolso significativo por el animal, (vacunas, microchip, identificación…).

Por su parte, muchas protectoras de animales aplaudieron el paso del ministerio para combatir el abandono animal en nuestro país.

Finalmente, el peso de los intereses económicos de los criadores y tiendas de animales, supuso suficiente presión para el Ejecutivo que decidió no continuar adelante.

La venta entre particulares

Otro de los puntos clave del anteproyecto era el tema de la cría de perros y gatos por parte de particulares. En el borrador se diferenciaban dos figuras:

El criador ocasional, que es el que realiza “donación o comercialización de hasta cinco animales o una camada al año por cualquier medio o canal, incluido internet“. Criador habitual sería todo aquel que supera esa cifra y que está obligado a registrarse como tal. Una de las principales diferencias entre ambos es que sólo el criador habitual estaría sujeto a inspecciones.

En cuanto a la figura de los criadores, la mayoría de asociaciones y protectoras de animales, están de acuerdo en que este punto podría mejorarse. ASAC considera que todo particular debería ser considerado criador y FAPAM (Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid) y CEPA (Coordinadora Estatal de Protectoras de Animales) afirman en su comunicado que sería fundamental que se limitara la cría por parte de particulares a una sola camada por animal a lo largo de toda su vida. Además, señalan que debería prohibirse la venta de perros y gatos de particulares que carecen de los permisos y las licencias de las que disponen los criadores, porque supone un mercado negro que también incrementa la tenencia irresponsable, la superpoblación y el abandono, además de incurrir en ilegalidades fiscales.

Conclusiones

Se reafirma la necesidad de una Ley de ámbito nacional de protección animal, que de respuesta a éste y a múltiples aspectos y que se adapte a la legislación europea más avanzada.

Por ahora, sólo podemos denunciar aquellas actividades ilegales o irregulares de las que tengamos conocimiento conforme a la legislación de cada comunidad autónoma, apoyar campañas de concienciación sobre la tenencia responsable de animales, la promoción de la adopción sobre la venta y la esterilización. Y recordar que tener un animal no es obligatorio, es un compromiso con un ser vivo que siente y  cuya vida y bienestar depende de aquella persona que decide que estará bajo su control.