Becerril pide que las personas solicitantes de asilo dispongan de asistencia jurídica

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha resaltado la necesidad de que las personas solicitantes de asilo dispongan de la asistencia jurídica precisa y especializada, especialmente para agilizar los procedimientos para las solicitudes del mismo y los traslados a España, atender con especial diligencia a las situaciones de menores, personas con discapacidad y de trata de seres humanos.

Becerril ha comparecido este martes ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo el estudio “El asilo en España: La protección internacional y los recursos del sistema de acogida”, que analiza la situación del sistema de asilo español y aporta un total de 26 recomendaciones para mejorar la acogida e integración de quienes buscan refugio en España.

Dirigidas al Ministerio de Interior, a la Dirección General de Política Interior, a la Secretaría General de Inmigración y Emigración y a las Comunidades Autónomas las recomendaciones tienen como objetivo “establecer un sistema de seguimiento del procedimiento y acogida, para detectar problemas en el funcionamiento diario y proponer medidas de mejora”.

La Defensora del Pueblo ha destacado los problemas en materia de asilo a los que se enfrenta no sólo España, sino el conjunto de Europa. El estudio señala que la Unión Europea nunca había tenido que “pensar y diseñar una política para recibir a cientos de miles de personas, desplazadas por las guerras, por el terror y por la persecución (…) Para eso no estaba preparada”.

El número de personas desplazadas de manera forzosa “ha desbordado la capacidad de los habituales procedimientos de entrada”, ha apuntado.

El estudio señala que la acogida exige actuar de acuerdo con un sistema común de asilo, agilizar los procedimientos para las solicitudes del mismo y los traslados a España, atender con especial diligencia a las situaciones de menores, personas con discapacidad y de trata de seres humanos.

También apunta que es necesario disponer de la asistencia jurídica precisa así como de un personal de atención muy cualificado para todas estas funciones.

Para facilitar la integración, el estudio subraya que es preciso velar tanto por las ayudas económicas que perciban los refugiados, como por las distintas fases del proceso por las que puedan pasar.

Por eso, el Defensor del Pueblo ha considerado oportuno revisar las condiciones y circunstancias previstas en la ley reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, de octubre de 2009, para conceder protección y procurar la integración de los refugiados.

Algunas recomendaciones formuladas:

Al Ministerio del Interior:

• Modificar la Ley de Asilo para acelerar la tramitación del asilo a los familiares de solicitantes que se encuentren en situaciones de riesgo.
• Renovar el sistema informático de la Oficina de Asilo y Refugio para mejorar la gestión y publicación de las estadísticas sobre protección internacional.
• Agilizar la ejecución de los traslados a España de solicitantes de protección internacional.

Secretaría de General de Inmigración y Emigración

• Impartir instrucciones para evitar la desprotección de los solicitantes ante posibles situaciones de saturación y elaborar protocolos de actuación para canalizar las ayudas de administraciones y particulares.
• Establecer un sistema eficaz para supervisar la actuación de las organizaciones no gubernamentales que colaboran en la acogida

A las Comunidades Autónomas

• Impartir instrucciones a los servicios sanitarios para que los solicitantes de asilo puedan acudir a consultas con médicos especialistas, aunque sea fuera del período de vigencia de la tarjeta temporal y el procedimiento de asilo continúe en trámite.

Los distintos organismos de la Administración General del Estado y la mayor parte de las comunidades autónomas han dado respuesta a las recomendaciones formuladas en este estudio. En términos generales las respuestas manifiestan la voluntad de los órganos administrativos de mejorar los recursos, procedimientos y condiciones de vida a disposición de los solicitantes de asilo.

El Defensor del Pueblo continúa el diálogo con las administraciones sobre aquellos aspectos de sus recomendaciones que requieren una mayor concreción o sobre las que subsiste alguna discrepancia.

CIE DE ALUCHE

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha asegurado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que solo se expulsa a aproximadamente el 41% de las personas ingresadas en los CIE. La Defensora ha señalado también que en los CIE coinciden personas que tienen una situación administrativa irregular y personas que han salido de prisión a los que se sustituye el cumplimiento de la pena por expulsión. 

El principal empeño del Defensor del Pueblo es lograr una mejora de las instalaciones y edificaciones de estos centros, y potenciar la atención y servicios que se presta a los internos, mediante una mayor presencia de ONG y una mejor información a las personas ingresadas.

La Defensora también ha detallado la visita realizada por técnicos de la institución al CIE de Aluche (Madrid) los días 26 y 27 de octubre y ha señalado algunas de las recomendaciones realizadas para mejorar las condiciones de los internos.

Soledad Becerril ha apuntado que el día de la visita se finalizaba la instalación de un sistema de apertura mecánica de las puertas de las habitaciones y ha destacado que todos los dormitorios tienen aseo en su interior, conforme a los criterios del Defensor del Pueblo.

La institución ha reiterado la recomendación para que se realice un examen médico a todos los ciudadanos que van a ser repatriados en las 48 horas anteriores a su salida del CIE y que dicho informe vaya acompañado de un resumen de la historia clínica del interno.

Entre las sugerencias realizadas por el Defensor del Pueblo tras dicha visita, destaca también la necesidad de realizar un reconocimiento médico sistemático a todos los internos que pasen a la situación de separación temporal, tanto antes como después de salir y que su resultado se anote en el libro de registro.

La institución ha sugerido además, que se instalen cámaras de videovigilancia en las habitaciones de separación temporal y en aquellas zonas por donde transitan los internos que actualmente carecen de ellas. Asimismo, se ha pedido que se facilite información sobre protección internacional en más idiomas de los utilizados actualmente.

Según ha explicado Soledad Becerril, la institución ha recibido 116 quejas sobre el CIE de Aluche y ha trasladado a la Fiscalía General del Estado el listado de las 17 personas que, en el momento de la visita, manifestaron ser menores de edad. También le ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la investigación que mantiene abierta a raíz de los incidentes ocurridos en el CIE el 18 de octubre.