30 junio 2017
El PSOE apoya a la Abogacía y presenta una proposición no de ley contra los juzgados de cláusulas suelo
- El PSOE, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, pide dejar sin efecto dicho acuerdo del CGPJ y apoyar “explícitamente” el del Consejo General de la Abogacía del pasado 19 de mayo
- La Abogacía recurre ante el TS el acuerdo del CGPJ sobre los juzgados únicos para cláusulas suelo
- La OCU recurre ante el Supremo la decisión del CGPJ de crear juzgados especializados en cláusulas suelo
El PSOE quiere que el Gobierno deje sin efecto el acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que establece la creación de un juzgado especializado provincial para ocuparse, de manera exclusiva y no excluyente, de las cláusulas suelo en escrituras hipotecarias.
Este acuerdo, adoptado el pasado 25 de mayo, determina que este tipo de causas, en caso de no resolverse el procedimiento extrajudicial aprobado por el Gobierno y pactado con el propio PSOE, se resolvieran en un juzgado que en cada provincia centralizaría todas las casos.
Para el PSOE, esta decisión es “injusta y antisocial”, pues denuncian que “favorece a la banca en perjuicio de la ciudadanía, además de ser una medida perjudicial para el funcionamiento de la Administración de Justicia, que impide repartir el trabajo de una forma adecuada entre los distintos partidos judiciales de cada provincia”.
OBLIGAN AL DESPLAZAMIENTO Y ENCARECE LOS COSTES
Así lo reflejan los socialistas en una proposición no de ley registrada en el Congreso en la que piden dejar sin efecto dicho acuerdo del CGPJ y apoyar “explícitamente” el del Consejo General de la Abogacía del pasado 19 de mayo.
En dicho acuerdo, los abogados reclamaban mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes, con su correspondiente dotación presupuestaria.
Los socialistas denuncian que muchos de los juzgados designados carecen de la capacidad para absorber las demandas, la obligatoriedad de desplazamiento para muchos de los demandantes –con su consecuente incremento de coste económico– y la ausencia de dotación de medios ni de presupuesto por parte del Estado.
Además, critican que se obligue al demandante a renunciar al fuero predeterminado y que “en absoluto” se garantice una mayor eficacia ni rapidez en la tramitación de los procedimientos. “Además de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos”, subrayan.