El Observatorio de la Presunción de Inocencia: Quién responde de los juicios paralelos. Deontología profesional

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, la presidenta de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), Elsa González, y el subdirector general del Ministerio del Interior, José Manuel Pérez participaron ayer en la mesa redonda “Quién responde de los juicios paralelos. Deontología profesional” organizada por el  Observatorio de la Presunción de Inocencia. Este Observatorio es una iniciativa de la Fundación Fernando Pombo, la Fundación Wolters Kluwer y el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid.

El juez y presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, apuntó que la solución para que no se produzcan juicios paralelos pasa por la «educación cívica». Juanes destacó la necesidad de distinguir entre los juicios paralelos que pueden suponer un mero seguimiento por parte de los medios de los casos más llamativos pendientes de resolución judicial, de las campañas organizadas a favor o en contra de la culpabilización de personas determinadas. En su intervención señaló la inexistencia de una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o del Constitucional que delimite qué conductas en particular producen vulneración de la presunción de inocencia como derecho fundamental, y destacó que hay autores que defienden la necesidad de regular los juicios paralelos e incluso la conveniencia de adoptar medidas cautelares para evitar la lesión de los derechos fundamentales de los afectados. Indicó asimismo que hay países, como Austria, en los que el juicio paralelo está tipificado como delito.

La abogada del despacho Castrillo Abogados y Economistas, Rosa Bedregal, coincidió con Ángel Juanes. «Se trata de aplicar sentido común y educarnos como ciudadanos para no engullir esa información que generan», según Bedregal. La abogada denunció que las informaciones en los medios sobre determinados casos sub judice despiertan auténtica adicción (como el de Asunta), llamó la atención sobre las motivaciones económicas que pueden estar detrás de los juicios paralelos, y destacó que la autorregulación profesional (abogados, periodistas, jueces, policías) limitaría su desarrollo, pero no sería suficiente.

El subdirector general del Gabinete Técnico de Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Pérez, señaló el esfuerzo de la Policía para regular su relación con los medios de comunicación, recordó la publicación en mayo de este año de un código ético para el Cuerpo Nacional de Policía, y destacó la función de sus portavoces, únicos interlocutores autorizados oficialmente para trasladar información a la prensa. «Algunos miembros de sindicatos de la Policía que dan detalles de una investigación judicial se amparan para ello en el derecho de libertad sindical, lo cual es censurable».

Por su parte, Manuel Núñez Encabo, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), reclamó el deber de todos de cumplir con la preservación del secreto sumarial, y sostuvo que la obligación del periodista es informar con veracidad, pero con límites, ponderando otros bienes que se puedan ver lesionados.

Joaquín García-Romanillos, presidente de la Fundación Fernando Pombo, fue el encargado de presentar la tercera sesión del Observatorio. García-Romanillos abrió el debate dejando en el aire la pregunta sobre quién responde realmente de los juicios paralelos. «Siempre se apunta hacia los periodistas, que son los que difunden la información, pero quizás habría que tener en cuenta la responsabilidad compartida que pueden tener abogados, jueces y la Policía», afirmó el presidente de la Fundación Fernando Pombo.