Los abogados del Turno de Oficio opinan que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita erosiona el Derecho de Defensa y burocratiza la gestión del servicio

El Proyecto de Ley de Reforma de la Justicia Gratuita aprobado por el Gobierno no responde, en esencia, a lo que la Abogacía realmente demanda. Aunque casi la mitad de los abogados con dedicación a este servicio no se consideran en condiciones de emitir un juicio sobre la reforma proyectada, entre quienes se pronuncian, cada vez son más los que lo evalúan de forma negativa (41 % ahora, 30 % en 2013) que quienes lo hacen de forma positiva (7 % ahora,  9 % en 2013). Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta de Metroscopia realizada a finales de marzo a los abogados que ejercen la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio.

Este proyecto de Ley merece de los abogados más críticas que elogios, y su puesta en marcha les mueve más al pesimismo que al optimismo. El sistema español de Justicia Gratuita (que es considerado, por abogados y usuarios, como un servicio de gran calidad, quizá incluso como uno de los mejores existentes, según los estudios disponibles) continua siendo evaluado positivamente, en su actual organización y funcionamiento, por los abogados (le otorgan una puntuación media de 5.4 en la escala de 0 a 10). Pero la idea claramente predominante es que si no recibe la atención adecuada de los poderes públicos, no podrá sino seguir perdiendo calidad y eficiencia. En el momento actual, el 42 % de los abogados que llevan casos de justicia gratuita cree necesaria una reforma  completa  y  a  fondo  del  actual  sistema,  para  adecuarlo  mejor  a  las  cambiantes circunstancias sociales; un 57 % adicional se conformaría con reformas y retoques en determinados aspectos de especial relevancia. Ocurre, sin embargo, que los cambios que los letrados solicitan tienen muy poco que ver con las medidas contenidas en el Proyecto.

JUSTICIA GRATUITA Y TASAS

Una de las novedades que presenta es, precisamente, la vinculación entre la Justicia Gratuita y la Ley de Tasas: algo que merece el rechazo unánime (96 %) de la abogacía con experiencia en justicia gratuita. Tal y como ha expresado el Consejo General de la Abogacía, la Justicia Gratuita es un derecho constitucional —tal y como establece el artículo 119 de la Constitución— y debe ser sufragada por las Administraciones Públicas sin depender, por tanto, de recaudatoria alguna.

La principal preocupación de los abogados es que, en su estado actual, el Proyecto  de Ley podría erosionar el derecho de defensa de los ciudadanos. Siete de cada diez consideran que la supresión de la vinculación del abogado al ámbito colegial para poder ejercer en el turno de oficio afectará negativamente a la inmediatez en la prestación de sus servicios, a la cercanía abogado-beneficiario, a la asistencia letrada al detenido y, en definitiva, a la calidad misma del servicio al justiciable. A eso se añaden críticas, como la mayor dificultad para la obtención del derecho (el 40 % —cinco puntos más que hace un año— considera los nuevos umbrales económicos de acceso a la justicia gratuita demasiado elevados y solo un 24 % los considera adecuados; un minoritario 12 % cree que son bajos) y la posible quiebra de la igualdad en el reconocimiento de este derecho: los abogados se muestran divididos respecto a la extensión del mismo a colectivos como las víctimas de violencia de género,  de  terrorismo  y  de  trata  de  seres  humanos,  así  como  a  los  accidentados  que  sufran secuelas de carácter permanente, al margen de sus recursos económicos (el 48 % está de acuerdo y el 51 % en desacuerdo).

EL PROBLEMA DE LOS COBROS, OTROS COLECTIVOS Y LA BUROCRATIZACIÓN

En todo caso, quizá lo más relevante de los datos de este sondeo no sea tanto el mayoritario rechazo que merece el Proyecto de Ley como la constatación de lo que podría denominarse como un déficit de correspondencia entre las necesidades percibidas por los abogados y el contenido de reforma proyectada. El cobro de las actuaciones, su cuantía y los retrasos en su percepción siguen constituyendo para el 74 % de los abogados el principal problema. Un porcentaje similar (77 %) está en desacuerdo con la incorporación de los graduados sociales al servicio de asistencia jurídica gratuita, considerando que solo servirá para generar costes innecesarios. Al mismo tiempo, una amplia mayoría (66 %) estima que la nueva organización propuesta burocratiza en exceso la gestión del servicio y, por tanto, incrementa la ya importante carga de trabajo para los Colegios y para los propios abogados.

EL PAPEL INDISPENSABLE DE LOS COLEGIOS

En todo caso, el 86 % de los abogados que llevan casos de justicia gratuita (es decir, la práctica totalidad) creen que este servicio debe seguir dependiendo exclusivamente de los Colegios de Abogados. Un mayoría similar (79 %) cree, además, que los Colegios deberían ser los que a partir de ahora resolviesen con carácter definitivo el expediente de Justicia Gratuita (mediante el que se reconoce o deniega el derecho a la misma). Estos datos reflejan de forma inequívoca el reconocimiento de la abogacía (y más concretamente, de la directamente implicada en la Justicia Gratuita) al esfuerzo que vienen realizando los Colegios por mantenerla y mejorarla, así como la generalizada convicción de que estos representan un decisivo activo profesional que, tanto por sus funciones representativas como por los servicios que presta, debe ser preservado.

Ficha técnica de la encuesta

La encuesta cuyos resultados se presentan ha sido llevada a cabo sobre una muestra nacional estadísticamente representativa de 400 abogados que en el pasado año han llevado algún caso de Justicia Gratuita.