Dos años contra la Ley de Tasas Judiciales, también desde Bruselas

El próximo 20 de noviembre se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de tasas.

La Abogacía Española ha venido debatiendo su uso efectivo respecto al acceso a la Justicia y expresando su profundo desacuerdo cuando, además, la recaudación de estas tasas (actualmente 512 millones de €), no se ha dedicado ni siquiera a Justicia, por no hablar de la financiación del turno de oficio.

Hace un año, la Delegación envió una carta denunciando la situación a la entonces Vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Justicia, Viviane Reding. En ella se indicaba que “la ley está afectando de manera implacable el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, garantizado por el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Las tasas judiciales instauradas en España no están afectando únicamente a ciudadanos españoles, sino que afectan al resto de ciudadanos europeos, a los procesos transfronterizos y a instrumentos de Derecho europeo sustanciados en España”.

La Comisión se comprometió a seguir de cerca el asunto, insistiendo en la necesidad de proporcionalidad. Sin embargo, la nueva propuesta de la CE para reformar el procedimiento de escasa cuantía podría terminar creando la instauración de más tasas y generar más desigualdades entre personas físicas y jurídicas.

Esta misma semana un Tribunal belga ha remitido una cuestión prejudicial sobre el IVA aplicado a los servicios jurídicos. Las distintas movilizaciones de la Abogacía, parte de las cuales el próximo 20-N se explicarán en la jornada “Redes y Participación ciudadana” en el CGAE, han alcanzado también el Parlamento Europeo, con iniciativas de varios eurodiputados, incluidas preguntas parlamentarias a la Comisión Europea durante las dos últimas legislaturas.