La transparencia y las medidas anticorrupción centran el segundo debate de la Mesa Internacional

La corrupción y las medidas para acatarla centraron el segundo debate de la Mesa de Internacional, celebrado en la tarde del 10 de diciembre, y que contó con la presencia de Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional -España (TI); Alejandro Luzón, fiscal anticorrupción; Sergio Urrejola, ex presidente del Colegio de Abogados y del Consejo de Estado de Chile, y Joaquín García-Romanillos, ex secretario general del Consejo General de la Abogacía y presidente de la Fundación Fernando Pombo, que ejerció como moderador.

García-Romanillos abrió el debate recordando el último índice de Transparencia y Corrupción elaborado por TI, que destaca que la corrupción en España no es sistémica, sino que está enquistada en la clase política “y no se ha producido metástasis al resto del sistema, lo que nos mueve a ser optimistas”. “La sociedad española es muy sensible a la corrupción, tanto que hunde partidos políticos y favorece el nacimiento de otros”, apuntó.

Jesús Lizcano, que acababa de firmar un convenio con el Consejo de la Abogacía precisamente sobre transparencia (ver página 67)- recordó que ese mismo día se había puesto en marcha el portal de transparencia, que forma parte de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ya en vigor desde el año pasado, y a la que le falta otra parte que se aplicará el año que viene. A su juicio, este portal “abre una nueva era de transparencia, y los políticos se han dado cuenta de que es irreversible”. No obstante, hay algunas sombras en este proceso, como “que la ley vaya con retraso, que falta por ver cómo se va a desarrollar el reglamento, y cómo va a quedar configurado el Consejo de Transparencia”.

“Las instituciones tienen que proporcionar información a los ciudadanos y cambiar la mentalidad de que es suya”, señaló. Y por eso, animó a “utilizar la ley hasta donde se pueda. Es la mejor que tenemos, y además es la única, pero aun así, no está mal”.

Lizcano también señaló que la Ley “debería haber obligado a las instituciones públicas a que publicaran todos sus bienes, muebles e inmuebles, los ciudadanos tenemos derecho a saberlo porque son patrimonio y dinero público”. “Cuanta más información tengamos los ciudadanos, más vamos a interesarnos y más vamos a poder pedir”, añadió.

Por su parte, Alejandro Luzón recordó que la corrupción ha existido siempre, pero ahora los ciudadanos perciben que hay más que nunca. No obstante, “el día que los ciudadanos dejen de alarmarse por los casos de corrupción, tendremos una sociedad enferma”.

Una de las características de la corrupción actual es que “ha desbordado el ámbito de lo público para traspasar la frontera de lo privado”, y además “las tecnologías facilitan la ocultación de la corrupción y los delitos económicos”, algo que “ha llamado la atención de la delincuencia organizada, que ha cambiado sus actividades hacia los delitos de corrupción, que aún están al resguardo de la acción judicial y policial en comparación con otros delitos como terrorismo o narcotráfico, con los que es más fácil conseguir una condena”.

En su opinión, la lucha contra la corrupción debe tener dos pilares. El primero, la prevención, donde tiene mucho que ver la transparencia. El segundo, la represión, aunque aseguró no estar de acuerdo con “el aumento de los delitos y las penas”. El aumento de penas, aunque es una medida popular, “puede producir el efecto contrario y provocar vértigo en los jueces a la hora de decidir una condena”. Por el contrario, “es más importante la eficacia en el cumplimento que el aumento de penas”. En este punto, criticó la concesión de indultos a condenados por corrupción amparándose en que tienen un “marco familiar estable” y una gran “integración social”, ya que esto “minimiza la importancia del delito”.

También señaló la importancia de que se tipifiquen como delito la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento ilícito, algo que contempla la Convención de la ONU para la corrupción y que ahora parece que se puede adoptar como solución. Y es que ante la falta de estos delitos, “se recurre al delito fiscal, que es insuficiente e inadecuado, y no se explica como el patrimonio de un funcionario puede haber aumentado tanto”.

Otra de las medidas que podrían adoptarse para combatir la corrupción citadas por el fiscal es “vincular la rebaja de la pena a la colaboración activa, algo que actualmente solo está previsto para personas jurídicas, pero no físicas”. Esta demanda se une a la mejora de los canales de denuncia internos y la protección de los denunciantes.

La cooperación internacional más allá de la UE, la calidad de la información, el apoyo entre cuerpos, una mayor implicación… estas fueron otras de las medidas enunciadas por Luzón, así como la necesidad de una reforma en profundidad del Código Procesal Penal, porque “la Ley de Enjuiciamiento Criminal no admite más parches”, y la especialización de jueces y juzgados en delitos de corrupción.

Finalmente, Sergio Urrejola habló sobre la protección de los denunciantes, un asunto “muy importante”, porque actualmente se encuentra con muchas trabas, además de una lucha interna entre “frenar conductas ilícitas o proteger su empleo, entre la lealtad y la honestidad”. Además, una vez que denuncia, el denunciante “asume un rol diferente al de sus compañeros, se le relaciona con la denuncia y esto determina su futuro”. A esto hay que añadir que “muchos casos tardan años en resolverse, y algunos ni siquiera se resuelven, con sus consecuencias para el denunciante”.

Urrejola añadió que “la demanda creciente de transparencia no es más que una pérdida cada vez mayor de confianza en las instituciones”. Esta demanda se produce “en sociedades que han perdido la confianza y se apoyan en el control”, un control que es más fácil “con los medios de comunicación y en la sociedad de la información”.