La Fundación Abogacía pide el 3º grado para españoles condenados por Ecuador que ya han cumplido sus penas

• Casi medio centenar de presos que cumplen sus condenas en centros penitenciarios españoles deberían estar en libertad tras la reforma penal que modula las penas por tráfico de drogas a pequeña escala aprobada por Ecuador en agosto de 2014

• Los Servicios de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria de los Colegios de Abogados están asesorando a los internos sobre los trámites para su excarcelación

• La Abogacía pide a Instituciones Penitenciarias que les conceda el régimen abierto en tanto Ecuador aprueba la revisión de las condenas de acuerdo con el nuevo Código Penal ecuatoriano

Los abogados de los Servicios de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria y letrados voluntarios de los Colegios de Abogados, coordinados por la Fundación Abogacía Española, están asesorando a presos españoles condenados en Ecuador por tráfico de drogas a pequeña escala para que soliciten el tercer grado, ya que habrían extinguido sus condenas tras una reforma penal aprobada por el gobierno ecuatoriano.

Esta clasificación en régimen abierto les permitiría un cierto grado de libertad, en tanto los jueces ecuatorianos revisan sus condenas de acuerdo al nuevo Código Orgánico Integral Penal de agosto de 2014, que modula las penas por tráfico de estupefacientes en función del peso y tipo de droga portados en el momento de la detención.

Cerca de cien españoles juzgados en Ecuador pero que cumplen sus condenas en centros penitenciaros españoles podrían verse afectados por esta reforma que rebaja sustancialmente sus penas. La mitad de ellos tendría ya extinguida la condena.

La Fundación Abogacía Española solicitó a primeros de enero al gobierno ecuatoriano que agilizara los trámites para su excarcelación y, en tanto se resuelve el procedimiento, ha iniciado una campaña informativa y de asesoramiento para que los presos internados en centros penitenciarios españoles puedan acceder al régimen abierto.

Además, el presidente de la Fundación y del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha solicitado al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, que promueva esta posibilidad de clasificación de grado más favorable a los internos, ya que evitaría la privación de libertad a quien la ley reconoce que ya ha cumplido la pena por el delito cometido.

CONTACTOS CON ECUADOR

La Fundación Abogacía Española está manteniendo contactos desde hace meses con diversas instituciones ecuatorianas y españolas, entre ellas el Consejo de la Judicatura de la República de Ecuador, organismo que solicitó a la Fundación una propuesta de procedimiento para agilizar la revisión de las condenas de los ciudadanos presos en cárceles españolas.

Además, abogados ecuatorianos, con el apoyo de la Fundación Abogacía, están asesorando a presos españoles en Ecuador, cuyos casos se consideran prioritarios, ya que unos 85 españoles siguen cumpliendo condena por tráfico de droga en cárceles ecuatorianas.

Por otra parte, el Consulado español en Quito, con el que la Fundación está en permanente contacto, ha advertido de supuestos intentos de fraude a los familiares de estos presos, a los que les piden dinero para realizar gestiones legales cuyo resultado es, obviamente, incierto.

La Fundación Abogacía Española se congratula de que la República de Ecuador haya aprobado un nuevo Código Orgánico Integral Penal en la parte referida a la revisión de las condenas por tráfico menor de estupefacientes, reforma que debería ser un ejemplo para toda la región ya que pone de manifiesto una visión moderna y progresista del derecho penal y la aplicación real en las normas del principio de proporcionalidad de las penas.