El Defensor del Pueblo admite una queja sobre la situación de los presos españoles en Ecuador

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por la Fundación Abogacía Española por las dilaciones en la revisión de la condena de una española condenada por Ecuador que debería estar en libertad tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal ecuatoriano en agosto de 2014.

Este nuevo Código Penal ajusta las penas por tráfico de estupefacientes a la cantidad de sustancia portada en el momento de la detención. Según datos de la Fundación, unos 50 españoles de los aproximadamente 200 condenados por este delito tendrían ya cumplida la pena y deberían estar en libertad.

El caso de Gemma F., es muy ilustrativo del limbo jurídico en el que se encuentran los españoles afectados. El 7 de enero de 2015, debía celebrarse una audiencia para revisar su condena, pero no se celebró por incomparecencia del juez. El abogado que le asignó la Fundación Abogacía consiguió que se fijara el 26 de enero como nueva fecha de revisión. Pero la vista se volvió a anular al no estar presente el fiscal.

El letrado solicitó entonces un habeas corpus para su inmediata puesta en libertad y expulsión a España, sin embargo los jueces desestimaron la petición porque se le había fijado una nueva vista para la revisión de la condena el 24 de febrero. Sin embargo, este día tampoco se celebró la vista porque el fiscal recusó a uno de los jueces del tribunal.

La Fundación Abogacía presentó una queja al Defensor del Pueblo de España nada más tener conocimiento de la segunda suspensión de la vista para la revisión de condena de Gemma, que fue detenida el 10 de Diciembre del 2011 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil con 780 gramos de cocaína líquida hecho por el que fue condenada a cuatro años de prisión.

Desde el 15 de Noviembre de 2013 está en régimen de pre-libertad, con la obligación de presentarse dos veces a la semana para firmar en dependencias del Ministerio de Justicia de Ecuador . Gracias a la reforma penal, su pena será de entre 1 a 3 años, por lo que ya ha cumplido más condena de la que le corresponde. Sin embargo, hasta que las autoridades judiciales no certifiquen su libertad, no puede volver a España.

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Los abogados de los Servicios de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria y letrados voluntarios de los Colegios de Abogados, coordinados por la Fundación Abogacía Española, están asesorando a presos españoles condenados en Ecuador por tráfico de drogas a pequeña escala para que soliciten el tercer grado, ya que habrían extinguido sus condenas tras una reforma penal aprobada por el gobierno ecuatoriano.

Esta clasificación en régimen abierto les permitiría un cierto grado de libertad, en tanto los jueces ecuatorianos revisan sus condenas de acuerdo al nuevo Código Orgánico Integral Penal de agosto de 2014, que modula las penas por tráfico de estupefacientes en función del peso y tipo de droga portados en el momento de la detención.