La Abogacía y la Justicia ante la campaña electoral

El 86% de los abogados españoles considera que la Justicia española está en una situación de crisis muy grave y profunda y que necesita una auténtica refundación que la adecue a las nuevas realidades sociales. Un 91% opina que los gobiernos, del signo que sean, muestran más interés en tratar de controlar a la Justicia que en hacerla plenamente eficiente. Son datos demoledores del último Barómetro Interno de la Abogacía elaborado por Metroscopia que recoge la opinión de los abogados españoles sobre la profesión y la situación de la Justicia. Ahora vamos a preguntar también a los ciudadanos y transmitiremos los resultados a los partidos políticos antes de la próxima campaña electoral.

Es evidente que se necesita con urgencia un cambio profundo que refuerce el papel de la Justicia como elemento vertebral de la democracia. Ahora que los partidos políticos están elaborando sus programas electorales, se presenta una oportunidad magnífica para incluir medidas encaminadas a lograr este objetivo. Desde la Abogacía institucional, estamos manteniendo encuentros con las diferentes fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones generales para aportar nuestras propuestas y reclamar un cambio desde el diálogo y el consenso, nunca desde la imposición.

Estas son algunas de ellas:

• Impulsar un gran Pacto de Estado por la Justicia. Esto, que se repite hasta la saciedad por todos los operadores jurídicos y responsables políticos, solo se logrará con un permanente diálogo entre el Gobierno y los profesionales de la justicia y con la participación de todos los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios.
• Dotar a la Administración de Justicia de más medios humanos y materiales para que salga de su precariedad histórica.
• Mejorar el servicio de Justicia Gratuita, que garantiza el sagrado derecho de defensa a los más desfavorecidos. Para ello se debe mantener como un servicio público con garantías de cercanía e inmediatez para el usuario, y con una compensación económica digna, puntual y garantizada por el Estado para los profesionales de la Abogacía que lo prestan.
• Agilizar los macroprocesos judiciales, especialmente los que afectan a presuntos casos de corrupción, con el fraccionamiento y cierre de piezas.
• Formación inicial y continuada igual para jueces, fiscales y abogados.
• Impulsar definitivamente el uso de las nuevas tecnologías, especialmente en las comunicaciones y notificaciones electrónicas entre los operadores jurídicos y los ciudadanos.
• Eliminación de las tasas para la pymes y las ONGs, una vez conseguida su desaparición para las personas físicas gracias a la labor de la Abogacía, apoyada por todas las fuerzas sociales.
• Contar con datos fiables de la Administración de Justicia –los que existen ahora no lo son- que permitan un conocimiento exhaustivo de la situación real y que avalen las reformas legislativas.
• El derecho de defensa, consagrado en los artículos 17.3 y 24 de la Constitución Española, garantiza el acceso a los demás derechos y sin embargo, aún no ha sido debidamente regulado. Por eso es imprescindible publicar una Ley Orgánica del Derecho de Defensa, acordada con diálogo y consenso y con las contribuciones de la Abogacía y otras profesiones que garantizan este derecho.
• Garantizar la independencia y viabilidad de los Colegios Profesionales constitucionalmente reconocidos y la calidad de los servicios de defensa jurídica mediante una Ley de Servicios y Colegios Profesionales que refuerce la confianza de los poderes públicos en la labor de los Colegios. Que reconozca además la función social y la relevancia de los Colegios de Abogados, que gestionan el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.

Nuestra obligación como verdaderos actores, y no sólo colaboradores, de la Justicia es contribuir a restablecer la confianza de los ciudadanos en un sistema de justicia eficaz, neutral y previsible, independiente de los otros poderes del Estado. Hemos estado, estamos y estaremos siempre dispuestos a aportar nuestra experiencia en un diálogo permanente, abierto y sincero con quienes elaboran las leyes y organizan la Administración de Justicia. Ojalá llegue el día en el que podamos sentirnos orgullosos no solo de los profesionales, sino de  nuestro sistema de Justicia. Frente al descrédito de la Justicia, diálogo,  consenso y transparencia