Nuria Díaz, presidenta de la RECJ: “En la preparación de la legislación de la UE se debe escuchar la voz de los jueces europeos”

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Nuria Díaz Abad fue elegida a primeros de junio presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ). Nuria Díaz expone en esta entrevista las prioridades y objetivos con los que afronta sus dos años de mandato al frente de la institución que tiene como objetivo la cooperación entre sus miembros con la finalidad de crear un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

1. ¿Cuáles son sus prioridades para los dos próximos años como presidenta del RECJ?

El programa de actuación que presenté con mi candidatura a la Presidencia a la Red se articula sobre dos grandes ejes: la relación interna con los miembros y observadores de la Red y las relaciones externas.
La Red cuenta en la actualidad con 24 instituciones de 20 Estados miembros de la Unión Europea, como miembros, y con 15 observadores, que son el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 14 instituciones, bien de Estados miembros de la Unión que no tienen Consejos de Justicia o bien de Estados terceros en proceso de preadhesión a la UE. Todos ellos están llamados a participar en los grupos de trabajo que cada año se convocan en la Red. El próximo año vamos a continuar nuestros trabajos sobre independencia judicial y rendición de cuentas de los jueces, con una especial mención a los indicadores de calidad de la Justicia, así como sobre mediación. Me propongo impulsar estos trabajos y abrir un cauce de comunicación entre los Consejos europeos para consultas concretas sobre temas que puedan ser de interés. En especial se hará un seguimiento estrecho de la situación en dos Consejos que forman parte de la Red y que atraviesan por una situación delicada. Es el caso de Turquía, que ha solicitado una colaboración formal por parte de la Red, y de Polonia, a quien la Comisión Europea ha abierto un procedimiento al amparo de su Comunicación sobre el Estado de Derecho.
En cuanto a las relaciones internacionales propongo desarrollar las que venimos manteniendo con las instituciones de la UE y el Consejo de Europa. Me gustaría colaborar más en la fase de preparación de la legislación de la Unión para que se escuche la voz de los jueces europeos. Pero también es importante mantener una relación institucional con otras redes de Consejos, como la Cumbre Judicial Iberoamericana, o con otras instituciones, como la Red Europea de Formación Judicial o con la CCBE. Recientemente hemos iniciado una fructífera colaboración con el Instituto Europeo de Derecho (ELI) y con el Instituto Max-Planck.

2. Vd. fue abogada del Estado ante el Tribunal de Justicia de la UE ¿Cómo valora las relaciones entre ambas instituciones?

El Tribunal de Justicia es miembro de la Red como observador. En ocasiones ha participado en alguno de los grupos de trabajo. Intentaré impulsar esta colaboración, pues creo que los Consejos y demás instituciones de gobierno de los jueces pueden aprender mucho de la experiencia de una institución europea que, aun tendiendo que trabajar con 24 lenguas oficiales, ha demostrado poder hacer una gestión eficaz de sus recursos. Medidas como las adoptadas por esta institución en orden a limitar el número de páginas de los escritos procesales o a ordenar los debates en las vistas orales centrándolas en los aspectos más relevantes contribuyen, a mi modo de ver, a conseguir una Justicia más eficaz, lo que redunda en beneficio de todos.

3. ¿Qué opina a nivel europeo de que la Comisión Europea publique índices sobre independencia judicial en el marco del Cuadro de Indicadores (Scoreboard) sobre Justicia

Creo que la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa y garantía constituye la razón de ser de los Consejos de Justicia. La Justicia es un factor de extraordinaria relevancia para la economía de un país. Así lo ha entendido la Comisión Europea y por ello viene publicando en los últimos años un cuadro de marcadores de la Justicia que estructura en tres apartados relativos a la eficiencia, la calidad y la independencia judicial. Para completar este último apartado la Comisión cuenta con la RECJ. En la edición de este año se incluyen por primera vez datos tomados de la primera encuesta que se ha llevado a cabo por la RECJ entre jueces sobre su propia percepción de independencia. Además, la Comisión utiliza otros índices, como los eurobarómetros FL 435 (percepción de independencia entre el público en general) y FL 436 (percepción de independencia entre empresas) o el informe del Foro Económico Mundial, que son índices de percepción subjetiva de la independencia, lo que no siempre refleja la realidad.

4. ¿Qué consideración le merecen las iniciativas de formación conjuntas a nivel europeo entre jueces y abogados como el programa “HELP” sobre DDHHs que desarrolla el Consejo de Europa?

Me parecen muy positivas. Estas iniciativas se gestionan a través de los programas de formación judicial que tienen los distintos Consejos de Justicia nacionales, que también en ámbitos de Derecho interno organizan actividades de formación conjunta entre jueces y abogados.

5. ¿Qué opina sobre el Plan de Acción 2016-2021 del Consejo de Europa para fortalecer la independencia de la justicia en la UE?

El Plan del Consejo de Europa está en línea con los trabajos que la RECJ lleva realizando en los últimos años. Así, por poner un ejemplo, el Plan de Acción establece como uno de sus objetivos despolitizar la composición de los Consejos de Justicia y la RECJ en su informe aprobado en la Asamblea General el pasado 3 de junio sobre los miembros no judiciales de los Consejos va en esta misma línea, aconsejando que los Consejos no incluyan a miembros que sean políticos.

6. ¿Cómo evalúa el papel de las instituciones del ámbito de la Justicia en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres?

De acuerdo con el último “scoreboard“ de la Justicia publicado por la Comisión sólo en siete Estados miembros hay una situación equilibrada en cuanto a la igualdad hombre-mujer en la composición de los tribunales. Esta es una cuestión competencia de los Consejos nacionales.

7. ¿Cuál es su apreciación de la iniciativa europea de E-justicia así como la necesaria interoperabilidad que se ha puesto de manifiesto en la reciente cuestión prejudicial (asunto C-99/16 Lahorgue)?

La RECJ sigue con interés esta iniciativa y hemos participado en diversas reuniones en el marco de los trabajos que la Comisión Europea impulsa en este ámbito. Avanzamos hacia una Justicia digitalizada y ello conlleva hacer posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos si queremos tener una justicia eficaz.

8. ¿Cómo va a cambiar la Administración de Justicia en Europa como consecuencia de la utilización de las nuevas tecnologías?

La reciente Asamblea General de la RECJ celebrada en Varsovia los días 1 a 3 de junio llevaba por título “El futuro de la Justicia en Europa” y en ella hemos reflexionado sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Las nuevas tecnologías harán más ágil el acceso a la Justicia, pero también pueden dificultarlo para personas que tengan problemas en su utilización o que no tengan acceso a estas tecnologías. Esta es una realidad que no podemos perder de vista. Por otra parte, hay países que ya están planteando una resolución “on line” de determinados procesos sencillos y de escasa cuantía, sustituyendo la figura del juez por la inteligencia artificial. Creo que todas estas cuestiones precisan de gran reflexión y cautela a la hora de ser abordadas.

9. La página web de la RECJ se presentó en 2005 y fue desarrollada por el CGPJ ¿Considera necesario introducir mejoras o cambios?

La página web de la RECJ se gestiona actualmente desde las oficinas centrales de la Red en Bruselas. Allí se recibe toda la información relacionada con el mundo de la Justicia, lo que permite actualizar la página periódicamente. Será el nuevo Comité Ejecutivo el que abordará la cuestión de los posibles cambios a introducir en dicha página web, pero, a mi juicio, actualmente ofrece una información completa y actualizada.

10. ¿Cómo valora la situación actual de las estructuras judiciales europeas para combatir el crimen organizado en la UE?

Considero que ha habido grandes avances en los últimos años en los instrumentos normativos que a nivel europeo regulan la cooperación judicial penal. Dicha cooperación judicial descansa sobre la confianza mutua de los órganos jurisdiccionales y en este sentido entiendo que la RECJ puede contribuir a fortalecer dicha confianza mutua, coadyuvando a la mejora de los sistemas judiciales nacionales.