09 julio 2018
La primera jornada del curso de la UIMP-Abogacía analiza el conflicto entre presunción de inocencia y juicios paralelos y las redes sociales
La periodista Carmen del Riego moderó la primera mesa redonda sobre ‘Incidencia de los medios de comunicación en los procesos judiciales’ que contó con las intervenciones del abogado Pedro Apalategui y del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Antonio del Moral.
El Consejo General de la Abogacía Española organiza, junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el encuentro “Influencia de la comunicación en la justicia”, que tendrá lugar en Santander los días 9 y 10 de julio, dentro de la programación de los Cursos de Verano que este centro educativo promueve.
Para ello, el curso cuenta con la presencia de relevantes abogados, jueces, fiscales, periodistas y otros profesionales del ámbito de la Filosofía o la Ciberseguridad, entre otros. El curso se realiza bajo la dirección de Joaquín García-Romanillos Valverde.
Del Riego mostró su oposición a los programas espectáculo “que han abandonado su esencia informativa. La gente tiene derecho a saber, pero no a consumir morbo”. También recordó que los jueces independientes son los que mejor pueden soportar las presiones y críticas de los medios de comunicación.
El abogado Pedro Apalategui abordó el tema de los jurados populares y cómo los medios de comunicación pueden decidir en sus resoluciones, recordando el caso Wanninkhof. El abogado defendió la existencia de criterios para apoyar la defensa de la tutela judicial efectiva frente a los juicios paralelos, sobre todo en los tribunales por jurado popular y citó a Karl Marx recordando que “la primera libertad de prensa es qué no sea ejercida por una empresa”.
El abogado criticó el alineamiento de las empresas periodísticas con el control del poder judicial y político. Apalategui aseguró que el título constitutivo del cuarto poder (en referencia a la prensa) es muy ambiguo, lo que da lugar a numerosos conflictos. Por ello pidió criterios para defender la tutela judicial efectiva a través de medidas legislativas.
El magistrado Antonio del Moral aseguró que los juicios paralelos son inevitables y necesarios en una sociedad democrática, pero matizó que está en contra de “los juicios oblicuos o perpendiculares que inciden en el escenario procesal”. Todo intento legislativa por limitar lo que está en la calles es “perverso e inútil, de hecho el secreto sumarial no existe, cuando diariamente se incumple”.
Del Moral defendió salvaguardar la presunción de inocencia sin menoscabar la libertad de información. El magistrado aseguró que frente al discurso oficial que proclama que a los jueces profesionales no les afecta la presión mediática, “lo cierto es que tiene su influencia, aunque sea de forma sesgada”.
REDES SOCIALES
La sesión de la tarde moderada por el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, sobre ‘¿Causan indefensión las redes sociales?’ contó con las intervenciones de Rafael Catalá, exministro de Justicia, y de Silvia Barrera, inspectora en excedencia del Cuerpo Nacional de Policía.
El exministro de Justicia justificó la importancia de las redes sociales porque hay 4 mil millones de usuarios de internet y que en España hay 28 millones de internautas que pasan una media de una hora diaria ante dispositivos móviles. De hecho, se cometen en España más ciberdelitos que crímenes violentos. Destacó que las redes sociales tienen un gran potencial de comunicación pero también tienen sus peligros. Los delitos más habituales son contra el derecho al honor y la intimidad, los delitos de odio y el enaltecimiento del terrorismo y humillación de víctimas.
Catalá destacó las últimas reformas legislativas para luchar contra el cibercrimen como la modificación del Código Penal de 2015 o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incorporando herramientas para la investigación de ciberdelitos. También destacó la orden de conservación de datos hasta la autorización judicial para identificar delincuentes. Aseguró que en las redes sociales “no existe la impunidad porque nuestro ordenamiento garantiza los derechos; pero existe un trabajo continuado para perfeccionar el marco jurídico” y evitar los avances tecnológicos de los delincuentes.
Por su parte, Silvia Barrera aseguró que Facebook y Google tienen en su poder nuestra privacidad y nuestros datos; y esto también sirve para que los medios de comunicación consideren a las redes sociales como fuente de sus noticias. Esta situación ha provocado que se vea afectada la reputación de las víctimas porque cualquier publicación puede ser utilizada en contra del usuario.
La inspectora de la Policía en excedencia afirmó que el fundamento de las redes sociales son empresas que buscan ganar dinero comercializando con los datos de los usuarios. “Todos firmamos los términos y condiciones al darnos de alta en una red social y cualquier disputa se dirime en un tribunal de California”, criticó Silvia Barrera. Como solución, propuso el ejemplo de Alemania donde las empresas de redes sociales deben atenerse a los tribunales alemanes y obligan a cambiar los términos y condiciones de los contratos. También recordó que existe otro problema como es el que en las redes sociales no exista una verificación de la identidad o edad de los usuarios.
Respecto a las fake news o noticias falsas, aseguró que sólo se frenan “con la responsabilidad de los usuarios”, teniendo en cuenta que Twitter ya es el quinto poder.
En el debate, Amelia Valcárcel estacó que existe un grave problema con los “nicks” y con las competencias de territorialidad para resolver estos problemas. En relación a los juicios paralelos propuso “crear instrumentos para minimalizar las víctimas de la vulneración” del derecho a la presunción de inocencia.
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