Sentencia por el asesinato de Berta Cáceres

El Tribunal de la Corte Suprema de Honduras que juzga el asesinato de Berta Cáceres ha declarado culpables de asesinato a siete de los ocho acusados: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Elvin Rápalo, Oscar Torres, Edilson Duarte y Henry Hernández. Los cuatro últimos también han sido declarados responsables por la tentativa de asesinato al activista mexicano Gustavo Castro.

La decisión del Tribunal se ha dado a conocer el 29 de noviembre, tras más de dos años y medio desde la comisión del asesinato de Berta Cáceres. Según ha informado el Tribunal, la concreción de las penas se dará a conocer el día 10 de Enero de 2019.

La familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),  organización de la que formaba parte la defensora, consideran que con esta decisión no se hace Justicia, ya que no se ha investigado a los dueños de la empresa DESA, que consideran autores intelectuales de toda la trama de persecución, hostigamiento, amenazas y ataques que condujeron, finalmente, al asesinato de Berta en marzo de 2016.

Según algunos de los presentes en la sala durante la lectura del fallo, el Tribunal ha señalado, en esa línea, que el asesinato “…fue planificado y ejecutado, con el pleno conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de DESA”, la empresa hidroeléctrica que llevaba a cabo el proyecto frente al que luchaba Berta Cáceres. Esta afirmación es relevante para el juicio que se sigue frente a David Castillo, gerente de DESA, por la autoría intelectual del asesinato.

Punto y seguido a este capítulo de violencia contra defensores en Latinoamérica

Tanto la  familia de Berta Cáceres como el COPINH muestran su pesar por no haber podido participar, como víctimas, en el proceso y prometen seguir trabajando en el esclarecimiento  de la causa de Berta Cáceres y frente a la grave problemática de asesinatos de defensores en la región.

Después de un seguimiento que comenzó desde hace más de un año, la Fundación Abogacía Española y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo han participado activamente en este proceso formando parte de la misión de observación calificada que ha llevado a cabo un seguimiento cercano de esta emblemática causa.

Entre las acciones realizadas en esta misión de observación, se han emitido diversas comunicaciones como la remitida al Fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, instándole a que ordenase la liberación y peritaje de la prueba del juicio retenida por más de dos años en dependencias del ministerio público o como la emitida por la declaración en abandono de la acusación privada, expulsando a las hijas de Berta Cáceres y su representación del proceso y privándoles de participar activamente en el mismo.

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