Francia prohíbe el uso de Legaltech para predecir las decisiones de los jueces

Por Jorge Morell
TWITTER @Jorge_Morell

Recientemente hemos sabido sobre una de las primeras grandes limitaciones legales impuestas por un país en cuanto al uso de Legaltech. Resulta que Francia, en su nueva Ley para la reforma de la Justicia, establece penas de cárcel de hasta cinco años para quien publique información estadística sobre las decisiones y el patrón de conducta de los jueces en cuanto a las sentencias que dictan.

El artículo 33 de esa ley establece concretamente (traducción desde la versión original en francés):

“Los datos de identidad de los magistrados y miembros del Registro no pueden ser reutilizados con el propósito o el efecto de evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesionales reales o presuntas. La violación de esta prohibición se castiga con las sanciones previstas en los artículos 226-18,226-24 y 226-31 del Código Penal, sin perjuicio de las medidas y sanciones previstas en la Ley Nº 78-17, de 6 de enero de 1978, en relación con el procesamiento de datos, archivos y libertades.”

Es decir, una prohibición como esta limita parte de la funcionalidad de herramientas Legaltech como la francesa Prédictice, la norteamericana Context de Lexis Nexis o la española Jurimetría. Estas herramientas se están usando hasta el momento, entre otras funciones, para detectar patrones de conducta en las sentencias dictadas por un juez. Para ello se analizan tantas sentencias como haya dictado un juez y a partir de las mismas se estudia su trayectoria, líneas argumentales y posicionamiento del juez en la materia objeto de análisis.

Pues bien, ahora publicar ese tipo de información estaría prohibido en Francia, castigándose con hasta cinco años de cárcel su incumplimiento.

Una prohibición como esta no impide, a priori, el uso de la herramienta, ya que podría utilizarse a nivel interno, obteniendo la información deseada y simplemente no publicándola. Por no decir que incluso sin tener en cuenta el dato del juez, todavía se podría extraer información útil mediante este tipo de software, por ejemplo el argumento más comúnmente usado. Ahora bien, nada de eso es todavía seguro, y teniendo en cuenta la pena de cárcel que podría conllevar algo así, quizá muchas firmas o departamentos legales se lo piensen muy seriamente antes de usar este tipo de software.

Además, el Anexo al informe en el que se menciona el artículo 33, señala que el Gobierno francés estaría pensando en ofrecer parte de esos servicios (traducción desde el original en francés):

“El sistema de información para la toma de decisiones del Ministerio evolucionará para proporcionar herramientas efectivas para el análisis y la gestión de la actividad a nivel nacional y local. Los usuarios deberán poder acceder a información práctica en línea, enriqueciendo lo que ya se encuentra en el sitio de Justice.fr (accesibilidad de las jurisdicciones, pedagogía de procedimientos, simuladores…), pero también, por ejemplo, a indicadores de demora de procedimientos ante el tribunal tienen la intención de referirse o a escalas indicativas o puntos de referencia indicativos.”

En resumen, el Gobierno francés podría ahora castigar (incluso con cárcel) la publicación de información estadística sobre como sus jueces “piensan y actúan” en relación a las cuestiones legales que resuelven en la sentencias que dictan (y que están disponibles en abierto para cualquiera).

Hasta donde sabemos, ésta es seguramente la primera ley por parte de un estado que limita de forma tan concreta el uso de Legaltech. Y obviamente no está dejando a nadie indiferente.

En general las opiniones son contrarias a la decisión, ya que se entiende que el sistema judicial debería ser abierto, transparente y facilitar su escrutinio. Mientras que una decisión de este tipo estaría intentando limitar su control e incluso censurando parte de la información. De hecho, hay quien considera que esta prohibición podría dificultar el acceso a este tipo de información a despachos y clientes con menor poder adquisitivo, dejando la opción solo en manos de quien pueda costearse un análisis propio a nivel interno (ya que mucho software que ahora ofrece la opción quizás acabe eliminándola o limitándola considerablemente para evitar la responsabilidad legal).

Ahora bien, también hay quien considera que el artículo 33 tiene su lógica, ya que según el Consejo Constitucional lo que la prohibición busca es evitar presiones y el mercadeo de estrategias procesales. Además, dice que la cultura del sistema judicial francés no incluye en el perfilado de los fallos a los jueces, ya que la decisión la adopta el tribunal en su conjunto y no una persona en particular.

Sea como sea, parece que el origen de esta decisión se encuentra en un proyecto desarrollado por el abogado francés, y también experto en aprendizaje automático, Michaël Benesty. Según su explicación, él y un compañero desarrollaron en 2016 un proyecto llamado SupraLegem, una web que junto a la correspondiente herramienta de análisis permitía detectar sesgos en las decisiones judiciales de jueces franceses. El proyecto SupraLegem comenzó con un “chivatazo” según el cual había jueces con sesgos muy marcados en cuanto a extranjeros y sus peticiones de asilo (con jueces que rechazaban el 100% de las peticiones y otros que aceptaban casi el 100% en el mismo tribunal).

La publicación de la web y el informe que citaba a jueces y sus patrones de comportamiento (con nombres y apellidos) causó mucha polémica en Francia, ya que ese nivel de transparencia hizo que muchos jueces cuestionaran la idoneidad de la herramienta y del informe, argumentando que la misma condicionaba la independencia de su criterio.

Algún tiempo después, el llamado “Informe Cadet” (relativo a cómo debía tratarse la jurisprudencia publicada como open data), trató como uno de sus temas principales la eliminación de los nombres de los jueces de las sentencias, con menciones expresas al proyecto SupraLegem e incluso entrevistas a los responsables del mismo.

Según Michaël Benesty, son los tribunales y juzgados de primera instancia son los que más en contra están de que se conozca su patrón de actuaciones y se puedan predecir sus fallos, según ellos para mantener al máximo su independencia judicial (según muchos abogados para evitar en lo posible la justificación de sus acciones).

Sea como sea, Benesty cree que el artículo 33 y su prohibición son la consecuencia principal de lo que ocurrió en 2016 con el proyecto SupraLegem.

Sin duda no será ésta la última vez que oiremos hablar de esta prohibición. De hecho, será muy interesante ver qué hacen otros países en este sentido y si adoptan decisiones similares. 

Jorge Morell
Fundador de Legaltechies
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