Jornada para abordar la regulación jurídica de la ocupación ilegal de bienes inmuebles, en ICA Málaga

La Comisión Normativa del Colegio de Abogados de Málaga organiza este jueves 24 de marzo una jornada para abordar la regulación jurídica de la ocupación ilegal de bienes inmuebles, con objeto de exponer las herramientas legales disponibles actualmente y detectar deficiencias para conseguir una regulación más eficaz y justa para los ciudadanos.

Durante la jornada, que tendrá lugar de forma presencial en la sede de la institución colegial, magistrados, abogados y fiscales analizarán los instrumentos civiles y penales disponibles para resolver un problema que en Andalucía supuso la ocupación ilegal de 1.994 bienes inmuebles conocidos en el pasado año 2021, 361 de ellos en territorio malagueño.

En concreto, los expertos tratarán de analizar la posibilidad de obtener Medidas Cautelares de desalojo en el ámbito penal, las instrucciones de la Fiscalía General del Estado y de Secretaría de Estado de Seguridad, así como la legitimación de las comunidades de propietarios y las deficiencias de la regulación civil tras la entrada en vigor de la Ley 5/2018, entre otras cuestiones.

Este análisis se producirá en torno a una mesa redonda moderada por Diego Peláez Díaz, letrado ICAMALAGA y presidente de la Comisión Normativa de la institución colegial; y en la que intervendrán Juan Carlos Céspedes Villalba, letrado ICAMALAGA; Dª María Pastor Santana, letrada y decana del Colegio de Abogados de Mataró; Francisco Montijano, fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga; y Francisco Javier Díez Nuñez, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga.

La celebración de esta jornada jurídica formativa responde como anticipo e introducción de un Congreso Nacional sobre Ocupación Ilegal de Bienes Inmuebles que se celebrará en Málaga los días 19 y 20 de mayo de este mismo año.

El futuro encuentro, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga junto con los colegios de Barcelona y Mataró, estudiará el fenómeno de la ocupación ilegal desde una perspectiva social, política, económica y jurídica, con objeto de recoger las conclusiones aportadas por los distintos expertos durante el simposio, y elevarlas a los poderes legislativos para instar de ellos la correspondiente modificación legal.