Adil Meléndez, abogado colombiano: “Ha desaparecido más del 95% de la fauna acuática que representaban el proyecto de vida de comunidades agrícolas de Colombia”

Adil Meléndez es abogado y defensor de Derechos Humanos en Colombia, país con el mayor número de líderes sociales asesinados del mundo, según los datos del último informe de Front Line Defenders. En concreto, los datos de esta organización recogen que de los 321 asesinatos de defensores de Derechos Humanos producido en 2018, el 75% se concentró en América Latina. En el marco de su visita a Madrid, se ha reunido con representantes de la Fundación Abogacía Española y con líderes políticos en el Congreso de los Diputados, para abordar cuestiones como la grave situación de vulneración de Derechos Humanos que se vive en Colombia.

1. ¿Cuál es el contexto actual de Colombia para los defensores de Derechos Humanos? ¿A qué riesgos se exponen?

Es un contexto de riesgo extremo que se define en la consolidación y operación, en casi todo el territorio nacional, de grupos paramilitares que vienen ocupando las zonas en las que antes operaba las FARC – EP. Hechos que se concretan en amenazas,  asesinatos sistemáticos y selectivos a activistas sociales, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, abogados, servidores públicos, etc.

Situación que se agrava con la llegada de Álvaro Uribe al poder a través de Iván Duque Márquez, y también con la terminación de la Mesa de negociaciones entre la guerrilla del ELN y el Gobierno Nacional. Los defensores estamos expuestos a la estigmatización social y política, al relacionamiento con organizaciones ilegales, a la judicialización[1], la persecución política,  a las amenazas y, en el peor de los casos, a la muerte.

2. Durante su visita a Madrid se ha reunido con representantes de la Fundación Abogacía Española, ¿qué asuntos han abordado?

Los temas tratados con la Fundación Abogacía Española están relacionados con el incumplimiento por parte del Gobierno de Colombia de los acuerdos firmados con las FARC – EP, para la finalización del conflicto y la obtención de una paz duradera y estable.

También expuse en este encuentro, como empresas españolas (Aguas de Barcelona y su filial en Colombia, Aguas de Cartagena) violan los Derechos Humanos, depredando el medio ambiente, acabando con los recursos hídricos, la fauna acuática y sometiendo a la miseria a miles de familias pescadores en Rocha Puerto Badel y Lomas de Matunilla que dependían del Sistema Lagunar Juan Gómez. Comportamiento que corresponde al incumplimiento de obligaciones internacionales tales como la convención de Ramsar, el Convenio 069 de la OIT, los principios sobre Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas y las resoluciones 26000 y 28000 sobre Responsabilidad Ambiental y Corporativa.

3. ¿Qué finalidad perseguía su visita al Congreso de los Diputados de España?

Nuestra visita al Congreso de los Diputados de España, tuvo como finalidad exponer la grave situación humanitaria y de violación de Derechos Humanos que se vive en Colombia. Además, se manifestó el incumplimiento del Gobierno Nacional de Colombia de las obligaciones contenidas en el acuerdo firmado con la FARC – EP, y la persistencia del ejecutivo en acabar con lo pactado, mediante una campaña de desprestigio y persecución contra los servidores del sistema de Justicia Especial para la Paz. Sumado a la estigmatización a los ex combatientes, las objeciones a lo pactado,  así como la creación de un comité para la recolección de firmas de cara a convocar un referendo derogatorio de la Justicia Espacial para la Paz[2] (JEP)  y crear una sala especial en la Corte Suprema de Justicia que remplace a la JEP.

En las reuniones mantenidas con diputados he denunciado los asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, ex combatientes y servidores públicos. Igualmente, he solicitado que los políticos europeos exijan del Gobierno Colombiano el cumplimiento y respeto de lo acordado en La Habana y se adopten medidas de protección para salvaguardar la vida de los defensores de Derechos Humanos, líderes, lideresas y ex combatientes.

De la misma manera, he solicitado la creación de organismos que ejerzan vigilancia sobre las empresas europeas que ejercen actividades económicas incumpliendo con obligaciones internacionales (Resolución 26000, 28000, Principios sobre Derechos Humanos y Empresa, Convención de Ramsar, Convenio 069 OIT, Objetivos de desarrollo sostenible ODS)  y violan los Derechos Humanos.

4. En su caso, como representante de familiares de más de 100 víctimas de paramilitares en Sucre, Montes de María y Córdoba, ¿cómo está incidiendo la consolidación de estos grupos armados en la zona?

Nuestra oficina representa en Justicia Transicional a unas 100 familias; mientras que, en la jurisdicción Contenciosa Administrativa tenemos en trámite unas 60 demandas (acción de clase o grupo y de reparación directa), por hechos que vinculan a agentes del Estado con graves violaciones de Derechos Humanos. Con ellas se pretende la reparación integral de aproximadamente veinte mil víctimas del conflicto, por acciones como masacres, desplazamientos forzados, homicidios de personas protegidas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género, secuestro y daños derivados de erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato en el Sur de Bolívar.

La incidencia de los grupos paramilitares es progresiva y su proceso de consolidación es acelerado. Su existencia se cimenta en la legitimación de sectores políticos y empresariales en la región, con quienes comparten valores y principios. Estas personas están en capacidad de crear y poner en operación este modelo de organizaciones armadas para la defensas de sus intereses en el territorio, resaltando que ante tolerancia y connivencia de autoridades y organizaciones armadas ilegales, se han venido presentando hechos de violencia (amenazas, desplazamientos, homicidios).

Situación que ha generado miedo y zozobra en las comunidades, hechos que impiden el desarrollo normal de los procesos organizativos de las víctimas, campesinas, afrosdescendientes e indígenas de la región. La situación es más grave debido al levantamiento de conversaciones entre gobierno y ELN, organización armada que también tiene presencia en algunas zonas donde representamos a víctimas.

5. ¿Qué daños están causando al medio ambiente y a las comunidades, los programas de erradicación de cultivos con productos de Monsanto, adelantados por el gobierno colombiano?

Es oportuno manifestar, el retroceso al que ha llegado Colombia con la erradicación de aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato, herbicida prohibido en la Comunidad Europea e impuesto por el gobierno de Donald Trump[3] al presidente Ivan Duque, lo que constituye  un incumplimiento al Punto Nº 4 del Acuerdo de Paz.

Entre los años 2003 y 2013, se llevaron a cabo en los municipios del Sur de Bolívar sucesivas y permanentes jornadas de aspersiones con glifosato que causaron una grave degradación, esterilización y perdida de la capa vegetal del suelo; se secaron cientos de hectáreas de bosques y quebradas; los cultivos de miles de campesinos fueron dañados por el agente químico; las familias sufrieron afectaciones en su salud al experimentar enfermedades diarreicas, vómitos, rasquiñas, alergias y manchas en la piel.

Con ocasión de los daños causados sobre la naturaleza y debido a la falta de productividad del suelo, cientos de familias quedaron en la situación de pobreza que obligo a abandonar sus comunidades con el fin de buscar mejores condiciones de vida. A la fecha de hoy, aún se evidencian las consecuencias sociales, económicas y ambientales causadas por la erradicación de este aérea con glifosato y con otros componentes químicos.

6. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos destaca que el 94,5% de los asesinatos registrados por la Fiscalía en Colombia desde 2016, quedan impunes. ¿La polarización política favorece a ello?

La impunidad siempre ha sido parte de la estrategia del Gobierno Nacional y de poderes regionales para no poner en desarrollo una política pública frontal de persecución, sometimiento y desestructuración de organizaciones criminales. Actuaciones que benefician a los máximos responsables de los gremios económicos, sectores políticos y miembros de la fuerza pública, por graves violaciones de Derechos Humanos.

La polarización política favorece abiertamente la impunidad en Colombia, al deslegitimar la acción de la Justicia y presentarla como el resultado de una persecución política[4], y no como una obligación institucional que tiene el deber de investigar y sancionar a quienes han trasgredido la ley.

7. Como experto en la lucha contra la impunidad, ¿qué incidencia puede tener ésta en relación con la vulneración de Derechos Humanos?

La impunidad es la mejor estrategia de impulsar la violación de los Derechos Humanos y de encubrir a los perpetradores. Con impunidad las organizaciones criminales y poderes mafiosos actúan libremente, mandando un mensaje errado a la sociedad civil que es imposible someterlo al imperio de la Justicia. En consecuencia, se crea incertidumbre, desconfianza y deslegitimación en las instituciones.

Por tanto, la impunidad promueve la existencia y consolidación de grupos armados ilegales y facilita el desarrollo de la actividad criminal. Así ha ocurrido en Colombia, en 2014 existían más de catorce mil compulsas de copias de las Fiscalías y Tribunales de Justicia y Paz contra servidores públicos y terceros que apoyaron a grupos paramilitares; sin que, en la actualidad, se sepa el estado de esas investigaciones. Esto ha generado que en todas aquellas regiones donde operaban grupos paramilitares, nuevamente, exista control armado por quienes en el pasado fueron parte de estos grupos militares.

8. ¿Qué violaciones de Derechos Humanos ha provocado el “Proyecto Plan Maestro del Acueducto de Cartagena”?

La empresa Aguas de Barcelona y su filial en Colombia Aguas de Cartagena, desde hace más de dos décadas desarrollan el “Proyecto Plan Maestro del Acueducto de Cartagena al 2010”, el cual se ha prorrogado hasta el año 2039. Para surtir de agua a la ciudad Cartagena es necesario captarla en un complejo natural llamado Juan Gómez –  Bohórquez, ubicado entre las comunidades afrodescendientes de Rocha, Puerto Badel[5] y Lomas de Matunilla. La empresa también capta agua con sólidos pesados del Canal del Dique, la cual deposita sin ningún tratamiento, ni proceso, en el sistema lagunar Juan Gómez – Bohórquez, el cual utiliza como tanque sedimentador.

Esta actividad ha causado la sedimentación de gran parte de la laguna, que perdiendo profundidad, ha sufrido un fenómeno de eutrofización y colmatación prolongándose una especia de alga[6], que se apodero de la laguna y que ha acabado con la vida acuática.

Ha desaparecido más del 95% de las especies de fauna acuática que representaban el proyecto de vida de comunidades agrícolas de Colombia. Hechos que hacen que estas personas mantengan un estado de pobreza absoluta, agravado por la falta de intervención social de la compañía, y la ausente recuperación y restauración del sistema lagunar.

9. ¿Qué tipo de intimidaciones viene sufriendo la población autóctona de la isla del Covado ante la presencia de la empresa I. Océanos SA, desde los 80? ¿Qué repercusión tiene en el medio ambiente este tipo de actuaciones?

En estos 30 años, las poblaciones de Lomas de Matunilla y Puerto Badel, han estado sometidas a un imperio de terror en esa zona del Canal del Dique[7]. Primero fue el narcotráfico que opero en la isla del Covado; después llegaron los paramilitares que presuntamente apoyaron los intereses de las empresas ubicadas en el territorio, entre ellas Océanos S.A.

En esa región ubicada a escasos 35 minutos de Cartagena, ocurrió una masacre en mayo de 2001, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, violencia de género… En la actualidad, la población que ha retornado a los predios que ilegalmente les fueron despojados, vienen siendo objeto de amenazas directas y hostigamientos por un grupo armado ilegal no identificado y están siendo judicializados por denuncias infundadas presentadas por la empresa Océanos S.A.

Afirman los ciudadanos de esta comunidad, que esta empresa, con intermediación de un jefe paramilitar, citaba a los campesinos a la inspección del pueblo para dirimir conflictos asociados a la tierra. Con la presencia de los grupos paramilitares, el terror causado, la corrupción y la falta de vigilancia y control de la procuraduría y de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique, la empresa ha conseguido apropiarse de cientos de hectáreas de manglares, de los caños o ríos públicos. Asimismo, se ha contaminado y sedimentando ciénagas, que se han privatizado impidiendo el ingreso de las comunidades a sus zonas de pesca, causando graves impactos socioeconómicos y ambientales. Actualmente, más de veinte pescadores han resultado heridos por orden de la empresa Océanos. Los impactos medioambientales en estas zonas de Colombia tienen una enorme repercusión para la fauna acuática y silvestre, al alterar todo el sistema lagunar y humedales para acomodarlos a sus condiciones de explotación económica.

10. Según su experiencia en Latinoamérica, ¿cómo valora la actuación de la Justicia en Colombia? ¿Observa variaciones entre países?

Más allá de la corrupción en la Administración de Justicia, que es un antecedente o causa misma de la situación del sistema político; en Colombia se han dado importantes avances, que me llevan a pensar que estamos mejorando, que es posible alcanzar estándares de eficacia, imparcialidad e idoneidad en la Justicia.

En los últimos 10 años, tenemos avances significativos y muy importantes que nos han permitido recuperar la confianza, pero la justicia no es prioridad de la agenda política del Gobierno.

Obtener un modelo de Justicia eficaz, imparcial y de calidad, implica la necesidad de proteger a los servidores judiciales frente a factores externos que puedan afectarla, hay que modernizar el sistema, descongestionarlo y combatir la corrupción.

Para alcanzar ese logro, el Gobierno debe hacer una mejor distribución del presupuesto nacional y priorizar la Justicia. Solo se fortalece la Justicia si sus operarios no son presa fácil del crimen organizado.

Frente a otros países como Argentina o Perú, hay muestra de mejores avances. En Argentina la inversión a favor de la Justicia es mayor que en Colombia. En nuestro país, los servidores de la Justicia tienen tantos procesos que, en algunos casos, para cumplir con las metas impuestas deben trabajar de lunes a lunes llevándose trabajos a sus casas los fines de semana. Situación que ha causado estrés laboral[8] y problemas de salud mental en muchos funcionarios.

11. ¿Qué mecanismos disponen las víctimas para hacer valer sus derechos? ¿Pueden obtener reparación en los Tribunales nacionales?

Las víctimas disponen de varios mecanismos a saber:

Mecanismos o actuaciones administrativas: Implican acudir a la Administración pública conformada por 52 entidades estatales que integran el sistema de atención y reparación a las víctimas. Con o sin la asistencia de un abogado, el usuario puede presentar peticiones respetuosas y recibir respuestas sobre un asunto particular de la política pública a favor de las víctimas. De esta manera, las víctimas pueden solicitar la indemnización administrativa, adelantar el proceso de restitución de tierras, solicitar la asignación de vivienda, de proyectos productivos, participar en becas de estudios, etc.

Mecanismos Judiciales: Cuando se les ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales a la verdad, Justicia y reparación, o existe una deficiencia en la política de atención a víctimas, pueden presentar una acción constitucional de tutela. El juez al valorar los hechos y las pruebas, decide si ampara o no, el derecho anunciado como vulnerado.

Mecanismos judiciales para la reparación integral del daño antijurídico por violación de Derechos Humanos: En garantía del derecho constitucional de acceso a la Administración de Justicia, pueden iniciar demandas (acción de reparación directa, o en su defecto, acción de grupo o clase) ante los jueces y tribunales administrativos, pidiendo la reparación del daño antijurídico y las medidas de satisfacción y restitución por la violación de Derechos Humanos. Todo ello, bien sea a raíz de la omisión tácita, incumplimiento de la posición de garante, o responsabilidad agravada por la falla o falta del servicio. No obstante, esa garantía constitucional de amparo judicial a favor de las víctimas es vulnerada, máxime si existe desde el Gobierno nacional, directrices, órdenes o recomendaciones, a través de las cuales se le impone a los jueces y magistrados exigencias probatorias al momento de tomar decisiones al considerar que las demandas por violación Derechos Humanos ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado. Razón por la cual, los jueces inaplican el principio de flexibilidad probatoria, siendo cada vez más rigurosos y exigentes en esta clase de procesos, lo que en consecuencia, viola el derecho constitucional de acceso material a la Administración de Justicia, al darle el mismo tratamiento a un proceso por violación de Derechos Humanos que a cualquier otros proceso civil, laboral comercial.

También existe el Proceso judicial de Restitución de Tierras: Es un proceso mixto, debido a que primero se desarrolla una etapa que es administrativa, y una vez que la propiedad ha sido inscrita en el registro único de tierras despojadas o abandonadas, la siguiente etapa es la judicial que implica el desarrollo de una actividad probatoria ante un Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierra. Al finalizar la práctica de todas las pruebas, el Tribunal Superior de Restitución de Tierras asume competencia y debe decidir si ordena la restitución del inmueble a favor del reclamante o la niega, dejándola a favor del opositor. Hace varios años, la carga de la prueba era del opositor, no obstante, tanto en la etapa administrativa como en la judicial, la víctima reclamante está en desventaja frente al opositor debido a que se implica el principio de inversión de la carga de la prueba, es decir, cada parte debe demostrar los hechos que alegan.

[1] https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/bolivar-capturan-lideres-sociales-quienes-responsabilizan-pertenecer-al-eln

[2] https://www.elespectador.com/noticias/politica/referendo-contra-la-jep-y-las-cortes-empieza-recoger-firmas-articulo-865826

[3] https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/trump-ataca-a-colombia-por-no-frenar-trafico-de-drogas-343380

[4] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/defensa-de-andres-felipe-arias-reitera-que-es-un-perseguido-politico-articulo-699942

6] https://www.youtube.com/watch?v=_Q6487JSSs8

[7] https://www.rcnradio.com/colombia/condenados-dos-ex-jefes-paramilitares-por-masacre-en-bolivar-8430

[8] https://caracol.com.co/radio/2018/10/14/judicial/1539538446_863491.html