Carlos Castresana, abogado y fiscal: “Es una tragedia para los guatemaltecos, cuyos derechos fundamentales quedan desprotegidos”

Por María José Cámara

El jurista y fiscal madrileño, Carlos Castresana, ha ejercido profesionalmente desde 1980 como abogado, juez y magistrado. Posteriormente, ingresó en la carrera fiscal, incorporándose en 1995 a la Fiscalía Anticorrupción, donde ha investigado delitos económicos, en relevantes casos tanto a nivel nacional como internacional. En 2005 fue nombrado fiscal de la Sección Penal del Tribunal Supremo.

Su dilata trayectoria profesional le ha llevado a estar al frente de investigaciones como las que se presentaron contra los responsables de las dictaduras militares argentina y chilena, que culminaron con el procesamiento de los ex generales Jorge Videla y Augusto Pinochet. Además, ha recibido el I Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción convocado por Transparencia Internacional España (TI-España) y la Abogacía Española.

En septiembre de 2007, la Secretaría General de la ONU le realizó el encargo de dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia única en su género que se encarga de colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales infiltrados en las instituciones de seguridad y justicia para procurar impunidad. Castresana desempeñó este cargo hasta el año 2010.

La actualidad vuelve a poner el foco en la CICIG, tras conocerse cómo el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no renovaría el mandato de esta Comisión, cuyo periodo vence el 3 de septiembre de 2019. Todo ello, pese a que la ONU ha recordado el importante papel que desempeña la institución. Esta situación ha desencadenado protestas por la capital del país y el bloqueo de carreteras.

1. Según su experiencia en la lucha contra la impunidad en Latinoamérica, ¿cómo valora la actuación de la CICIG? 

Muy positivamente. La CICIG ha contribuido a reforzar decisivamente el sistema de seguridad y justicia de Guatemala, a mejorar su desempeño y sus resultados. La impunidad ha disminuido, la corrupción ha sido eficazmente combatida y la violencia se ha reducido a la mitad. Se ha pasado de 46 a 26 muertes violentas por 100.000 habitantes/año en menos de una década. Los tribunales protegen a los ciudadanos, se interponen entre ellos y los criminales, y se han salvado del orden de 10.000 vidas.

2. ¿Qué consecuencias puede tener la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG?

Desastrosas para el país y para los guatemaltecos. Es un atentado a la integridad, la libertad y la credibilidad de Guatemala como Estado, a la Comunidad Internacional, a las Naciones Unidas y a la inviolabilidad de las Misiones Diplomáticas y de los Tratados. Morales ha puesto al país fuera de la ley.

3. ¿Supone esta actuación una violación del Convenio con Naciones Unidas?

Evidente. Según el Acuerdo vigente, el Comisionado lo designa y lo destituye el Secretario General. Nadie más. Ese es el Acuerdo que el Congreso de Guatemala aprobó por mayoría cualificada. Solo otro Acuerdo del Congreso con idéntica mayoría podría dejarlo sin efecto.

4. Defensores de Derechos Humanos han manifestado su preocupación tras esta decisión. ¿Qué fines puede ocultar? ¿Podría darse un golpe de estado técnico?

Es una tragedia para los guatemaltecos, cuyos derechos fundamentales quedan desprotegidos. Es una ruptura del Estado democrático de Derecho. Morales es el presidente, pero no puede representar en este caso al Estado de Guatemala, porque él es parte interesada, ya que pende en su contra una solicitud de procesamiento promovida precisamente por la CICIG por la financiación ilegal de la campaña en la que fue elegido. Con ese conflicto de interés, él no puede representar a su país en este contencioso.

5. ¿Cómo valora la actuación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala en relación con la orden para resolver las diferencias del Gobierno guatemalteco con la ONU?

Las diferencias entre Guatemala y la ONU las deben ventilar personas que representen legítimamente a los guatemaltecos, sus derechos y sus intereses, y que no estén afectadas personalmente por las cuestiones a discutir. Morales y su Gobierno no cumplen esas condiciones elementales. La Corte de Constitucionalidad debe señalarlo así. Morales ha violado la Constitución y las obligaciones internacionales de Guatemala. Hay razones suficientes para que se inicien los trámites de su destitución.

6. ¿En qué medida la ambigua actitud del Gobierno de Estados Unidos, apostando por “una CICIG reformada” responde al papel clave que Guatemala puede jugar en los intereses estadounidenses en Centroamérica?

Podrá hablarse de “una CICIG reformada” cuando se negocie y apruebe un nuevo Acuerdo. Mientras el actual esté vigente, no queda más que cumplirlo. Estados Unidos y la Unión Europea tienen una grave responsabilidad para garantizar que los Acuerdos Internacionales se respeten. Lo contrario es una invitación a la anarquía.

7. ¿Observando la situación mundial, los corruptos tienen sensación de impunidad?

Bastante. Se castigan pocos casos y los mayores responsables suelen quedar impunes.

8. Como experto en la lucha contra la impunidad a nivel mundial, ¿qué incidencia puede tener ésta en relación con la vulneración de Derechos Humanos?

La corrupción viola directamente los derechos económicos y sociales de la población: el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, etc. Además, indirectamente acaba afectando a derechos civiles como la vida, la libertad o la integridad física y moral. En la Guatemala de hoy, por desgracia, a causa de la corrupción, disfruta de seguridad quien puede pagársela.

9. Tras casi tres años dirigiendo la CICIG, ¿los motivos de su renuncia podrían ser válidos en la actualidad? ¿Ante qué retos se enfrentó?

Yo renuncié porque la CICIG había sido llevada a un callejón sin salida y ya no iba a poder cumplir su misión irrenunciable de servir y proteger a los guatemaltecos. Me querían fuera el presidente y también los partidarios de Portillo y de Vielmann. Mi renuncia sirvió de catalizador de los cambios que permitieron que la CICIG siguiera adelante con su mandato, principalmente la destitución del fiscal General, Conrado Reyes. Yo me fui, pero la CICIG se quedó.

10. ¿Qué satisfacciones le está aportando el ejercicio de la Abogacía durante su dilatada trayectoria profesional?

Vivo tranquilo, mi conciencia está en paz, disfruto de mi gente y de una gran libertad personal y profesional.