Laura Zúniga: “Habrá impunidad si no se juzga a todos los asesinos de Berta Cáceres, independientemente del poder político y económico que tengan”

Por Sonia Sánchez Llamas

El 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres, mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas de Honduras, fue asesinada por defender sus ríos, sus montes y su entorno y por enfrentarse a quienes lideraban megaproyectos, como la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, en el río Gualcarque, sagrado para la comunicad Lenca. Hoy, su hija Laura Zúniga sigue con la labor que inició su madre en el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH). Continúa trabajando para que se haga justicia no solo con el asesinato de su madre, sino con todos los activistas que son víctimas como ella. Porque cuando se habla de “Justicia para Berta”, se habla también de justicia para todas las personas que han sido asesinadas por defender el territorio.

• 1. ¿Qué significaba Berta Cáceres para el pueblo indígena Lenca y para los pueblos indígenas en general?

Berta Cáceres era una lideresa del pueblo Lenca y de los movimientos sociales en Honduras, una guía ética y un símbolo de rebeldía para nuestro pueblo. Es nuestro ancestro, a la que respetamos y homenajeamos cuando luchamos por la defensa de nuestros territorios. Cada vez que luchamos ella está presente. Cuando pensamos en Berta Cáceres lo hacemos como una de las grandes pensadoras de la refundación de Honduras, como una articuladora de espacios diversos.

• 2. ¿En qué punto se encuentra el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres?

Actualmente, hay impunidad en el caso de Berta Cáceres, pues falta juzgar a los que pagaron y se beneficiaron por su asesinato. Hasta el momento hemos vivido dos juicios: el primero, contra ocho personas acusadas de ser asesinos materiales, siete de los cuales fueron declarados culpables por un juez el 29 de diciembre del 2018, y cuya sentencia acabamos de conocer (tres de los coautores han sido condenados a 30 años y 6 meses de prisión y los cuatro autores a 50 años de prisión), lo que supone una grave irregularidad. De todas formas, nos congratulamos porque esta sentencia es una primera fisura en el muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal.

El segundo juicio es contra David Castillo, gerente general de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos), quien fue capturado el 2 de marzo del 2017. A casi dos años de su detención todavía no se ha iniciado la fase de juicio oral y público, otra grave irregularidad. David Castillo fue parte de la inteligencia militar. La dilatación de los procesos de investigación y juzgamiento han sido una de las irregularidades que más ha fragilizado nuestra búsqueda de justicia para nuestra Berta. Desde el día en que enterramos a nuestra Berta hemos denunciado la negación de las víctimas como una parte del proceso, pues el caso se mantuvo en un secreto ilegal para nosotras. Habrá impunidad si no se juzga a todos los asesinos, independientemente del poder político y económico que tengan. Habrá impunidad si el sagrado río Gualcarque sigue estando concesionado en contra de la voluntad del pueblo Lenca. Habrá impunidad mientras continúe la persecución y violencia contra quienes siguen la lucha.

Muchas personas, desde distintos lugares estamos luchando para que haya justicia. Es una lucha grande, en la que llevamos casi cuatro años, y aún lo vemos bastante difícil. Nos queda un camino largo y con muchos obstáculos, en el que vamos a necesitar el compromiso de muchas personas. Por eso se ha intentado tejer redes por distintos lugares del mundo. Si no estuviéramos seguras y seguros de que lo vamos a lograr, no lucharíamos por eso.

• 3. ¿Continúan adelante los planes de DESA para construir la represa en Agua Zarca?

Actualmente el proyecto se encuentra parado, no hay personal en el plantel de la empresa. No podría saber cuáles son los planes de DESA. Pero lo que sí es real es que la empresa aún tiene en sus manos la concesión del sagrado río Gualcarque, todavía hay un banco que se mantiene dentro del proyecto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que significa que tiene el aval político y económico para continuar. También sigue la persecución contra la comunidad Lenca. Recientemente el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) ha alertado de varios atentados contra Rosalina, una líder de la comunidad. Hay que tener claro que la violencia de DESA sigue activa.

• 4. ¿Siguen las movilizaciones entre la población indígena lenca y el pueblo de Honduras por este tipo de proyectos?

Sí, porque en este momento en Honduras estamos viendo la entrada de las empresas extractivas a los territorios, empresas que obtuvieron sus concesiones a partir del golpe de estado del 2009 están comenzando a ejecutar sus proyectos. Actualmente estamos viendo el comienzo de una disputa fuerte por los territorios; por ejemplo, en el caso de Agua Zarca-DESA, la violencia con la que se responde a las comunidades que se oponen a la instalación de una hidroeléctrica en su río sagrado, el asesinato de líderes y lideresas, es también el intento de aleccionar al pueblo hondureño. Pero el pueblo Lenca, junto con otros pueblos indígenas y negros en Honduras, van a seguir defendiendo su territorio. Además, hay una experiencia de lucha de más de 500 años, que da mucha fortaleza.

• 5. Entre las consecuencias del golpe de Estado que se produjo en Honduras, ha hablado en otras ocasiones de que trajo consigo un extractivismo masivo y una militarización del país. ¿Qué consecuencias tiene esto para la población de Honduras?

A diez años, el golpe de Estado sigue consolidándose en Honduras. Nos encontramos con instituciones rotas, incapaces de responder a las necesidades del pueblo hondureño, con un gobierno altamente represivo, con una política de venta del país, vínculos con el narcotráfico y crimen organizado. Con esta realidad tiene que convivir el pueblo hondureño. En los territorios indígenas, donde se ha guardado una parte muy importante de los bienes de la naturaleza, se resiste a este modelo –que es extractivo, militarista y criminal- desde el tejido social, la experiencia de más de quinientos años de resistencia y una cultura que se entiende parte de la madre tierra y guardiana de la vida.

Una de las formas más efectivas de la ruptura del tejido social ha sido el desplazamiento de las poblaciones desde sus territorios, a los cuales se tiene pertenencia e historia, a los grandes centros urbanos sometidos a la violencia y criminalidad. Esta realidad, más la profunda crisis política y económica que vive el país, ha provocado un fenómeno de migración masiva, en el que algunos países receptores son Estados Unidos y España. Otra consecuencia directa del golpe de Estado ha sido la criminalización, violencia y asesinato contra los defensores y defensoras de los territorios, de los derechos humanos y de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual.

• 6. ¿Cuál fue y es la trascendencia internacional del asesinato de Berta Cáceres?

Mi mami era una tejedora de redes. Logró conectarse con muchas organizaciones y pueblos, sobre todo en la región mesoamericana. También fue conocida por muchos pueblos debido a sus acciones de solidaridad con ellos. Era una mujer que inspiraba confianza y su llamamiento a realizar acciones para salvar a la madre tierra hizo que muchas personas se identificaran con ella. Por eso la reacción frente a su asesinato fue fuerte, contundente y comprometida. El asesinato de una persona que se sentía cercana quebró la naturalización de los asesinatos contra defensoras y defensores de la madre tierra. Este caso puso de relieve otros casos similares en nuestra región. También se evidenció el papel histórico de los pueblos indígenas en la protección de la madre tierra y, por lo tanto, de la vida de la humanidad. Movilizó a muchas personas y organizaciones, incluso gobiernos.

• 7. Respecto al COPINH, ¿cómo surgió? ¿Cuál es su labor actual?

El COPINH se fundó en 1993 y entre sus fundadoras estuvo Berta Cáceres. El COPIHN nació para defender los bosques de Intibucá, un departamento del suroccidente de Honduras. En las primeras movilizaciones en contra de la tala de los bosques se evidenció que quienes estaban accionando la movilización era la población indígena Lenca. En ese momento la organización tomó su identidad indígena. Actualmente, es una organización con múltiples áreas de trabajo: una es la defensa de los territorios, pero también hay líneas de acción en la defensa de los derechos de las mujeres, de la educación y salud desde una mirada ancestral y popular, e incluso se piensa en soberanía alimentaria. El COPINH es una organización de comunidades indígenas intentando preservar la vida de la humanidad y eso es maravilloso.

• 8. ¿Qué tipo de dificultades encuentran para desarrollar la labor de esta organización?

En Honduras hay un gobierno dictatorial que persigue a las organizaciones y personas que se oponen a sus proyectos de violencia y muerte. Para el COPINH, su lucha ha significado también volverse blanco de ataques. El asesinato de Berta Cáceres, coordinadora general en ese momento, evidenció esta situación. Hay campañas de desprestigio impulsadas no solo desde el gobierno, sino también desde el empresariado extractivo. Hay persecución a los liderazgos generales y comunitarios. Es una situación de persecución y criminalización, en donde ejercer implica riesgo.

• 9. ¿Encuentran apoyo en la comunidad internacional? ¿Cómo es la situación actual de Honduras?

Hay que pensar que la comunidad internacional es diversa. Teniendo esto en cuenta, diferentes gobiernos, organizaciones y personas han manifestado la necesidad de que haya justicia para nuestra Berta. Ha sido una respuesta extraordinaria, que nos permite seguir hablando no solo del caso de mi mami, sino de otras y otros defensores de la tierra. Hubo diversas declaraciones de parlamentos, diplomáticos e incluso presidentes que pidieron justicia. Pero creo que cuando hablamos de la causa que provocó el asesinato de Berta Cáceres, que es el modelo extractivo, la cosa cambia. Pensemos que hay un banco europeo, el FMO, que financió a la empresa vinculada con el asesinato de mi mami. Además, el BCIE, cuyo principal socio de fuera de la región es el Estado español, aún no se ha retirado del proyecto hidroeléctrico ‘Agua Zarca’. Eso es falta de contundencia y siento que es complicidad. Aun se le sigue dando apoyo al Gobierno de Juan Orlando Hernández, altamente violador de derechos humanos. Se sigue haciendo negocios con este Gobierno. Esto es preocupante.

La situación política de Honduras es compleja: hay una institucionalidad rota a causa del golpe de Estado y un gobierno sin legitimidad, que se mantiene por la fuerza. En los últimos meses hemos visto cómo en Nueva York se desarrolló un juicio contra el hermano del presidente de Honduras, en el que se le encontró culpable de narcotráfico. Este proceso evidenció la penetración del crimen organizado en todos los niveles del Estado, incluso con algún sector del empresariado. Honduras es un lugar convulso, donde la población, mediante explosiones de movilizaciones, intenta cambiar las cosas y el gobierno responde de manera violenta.

• 10. Por último, ¿qué significa este Premio Derechos Humanos de la Abogacía en una edición dedicada a la lucha por un planeta sostenible?

Siento que es un reconocimiento a la valentía de las comunidades indígenas de América Latina que están siendo frontera a la destrucción a la madre tierra y que están sufriendo en su propio cuerpo la violencia de un sistema depredador. Significa también un respaldo a la lucha por justicia para Berta Cáceres, un abrazo en realidad.