Leire Larracoechea, directora de la Fundación Pro Bono : “El objetivo del pro bono es llevar el derecho y la justicia a quienes más lo necesitan”

– Por Sergio Sáiz Peña –

“En casa me inculcaron desde muy pequeña la importancia de no pasar por esta vida sin dejar un mundo mejor del que te encontraste”. Con este lema como bandera, Leire Larracoechea dejó una prometedora carrera como abogada de uno de los grandes despachos españoles y se fue a Estados Unidos. Gracias a una beca Fullbright, estudió un máster en Harvard y se sumergió en el mundo del pro bono anglosajón. Cuatro años después, volvió a España, donde ha puesto en marcha y dirige la Fundación Pro Bono.

1. Tras licenciarte en Periodismo y Derecho, empezaste tu carrera profesional en Cuatrecasas. Al cuarto año, decides cambiar de rumbo ¿Qué te motivó a dar el salto a EEUU?

El sistema pro bono es precisamente el motivo que me llevó a Estados Unidos y a Harvard. En efecto, tenía un buen trabajo en un gran despacho español, pero quería ir más allá, profundizando en la práctica pro bono del derecho. En España, la cultura pro bono estaba en un nivel embrionario, poco desarrollada. De alguna manera fueron los estadounidenses quienes sistematizaron e institucionalizaron el ejercicio pro bono del derecho.

2. ¿Qué puede contarnos sobre las clearinghouses?

Son las entidades que hacen posible la asignación eficiente del servicio pro bono, buscan poner en contacto a los colectivos vulnerables o entidades sin ánimo de lucro que requieren asesoramiento legal gratuito con aquellos particulares, bufetes de abogados y demás proveedores de servicios jurídicos capaces de proporcionarla. Esto me llevó a pedir una beca Fulbright de Estudios de Posgrado en Estados Unidos, y a estudiar un máster en Derecho (LLM) en Harvard.

Al descubrir la figura de las clearinghouses en otros países, decidí dar el salto definitivo. En Estados Unidos, Iberoamérica y algunos países europeos estas instituciones están muy desarrolladas. Mi idea era que en España se multiplicaran clearinghouses homologables a las que ya hay en otras regiones. El objetivo último es llevar el derecho y la justicia a quienes más lo necesitan; contribuyendo a garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, históricamente quebrantado.

3. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del pro bono en EEUU?

El grado de profesionalización e institucionalización del pro bono. El hecho de que Harvard tuviera un departamento especializado en pro bono y en clínicas jurídicas, con una oferta de más de una veintena de clínicas, me llamó muchísimo la atención. También, que en cada estado norteamericano hubiera centenares de clearinghouses enfocadas en diferentes ramas del derecho, comunidades a las que se dirigen, áreas geográficas… Es otra realidad.

Evidentemente, es importante tener en cuenta el lugar que ocupa el turno de oficio en EEUU, donde el legal aid abarca de forma general los temas penales y algunos civiles, lo cual hace que el pro bono sea mucho más necesario que en España, donde éste debe actuar únicamente como complemento del sistema de asistencia jurídica gratuita. Aun así, para una abogada española recién aterrizada en Harvard resultó ciertamente sorprendente descubrir la infraestructura existente en torno al pro bono y los muchos recursos que destinan las universidades a formar estudiantes con sensibilidad social y herramientas para ayudar a clientes pro bono.

4. ¿Qué es el Cyrus R. Vance Center for International Justice y cómo fue tu carrera allí?

El Cyrus R. Vance Center for International Justice es una organización pionera en el desarrollo del pro bono a escala global. Se constituyó en 2001, como programa de la New York City Bar Association, con el objetivo de crear un espacio de intercambio de ideas sobre cómo los profesionales del derecho y la abogacía podemos contribuir al fortalecimiento de la democracia, al empoderamiento de la sociedad civil y a la lucha contra la corrupción en el hemisferio occidental.

A día de hoy, tiene dos ramas fundamentales. Una es su clearinghouse interna, que hace de vehículo de intermediación entre las ONG y los profesionales del derecho, con un foco especial un Sudamérica y Centroamérica. Se especializan en asuntos pro bono multijurisdiccionales relacionados con los derechos humanos, legislación medioambiental y la transparencia, la lucha contra la corrupción y el buen gobierno. Suelen ser organizaciones de mucho calado internacional, tales como la ONU, Amnistía Internacional o el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El segundo eje tiene tres líneas de actuación principales: Women in the Profession, que busca fortalecer la posición de las mujeres en la profesión legal a través de capítulos locales en 18 países sudamericanos; el programa de promoción de la cultura y la institucionalización del pro bono en América; y el programa para la difusión de la cultura pro bono en varios países africanos.

5. ¿Cuál fue el proyecto que más te marcó durante tu etapa en el Vance Center?

Durante mis años en el Vance Center, fui directora del programa pro bono y coordinadora de la Red Pro Bono de las Américas.

Uno de los proyectos que más me marcaron fue un análisis de derecho comparado que llevamos a cabo con abogados en 35 jurisdicciones. Se trataba de un análisis sobre las leyes y políticas públicas en materia de internamiento en celdas aisladas. Juan Méndez, relator especial de la ONU para ‘tratos crueles, inhumanos y degradantes’, necesitaba contar con esta información para elaborar su informe anual para Naciones Unidas. Su mandato supone conocer el estado y las violaciones de derechos fundamentales de los miles de presos que se ven sometidos a tortura y otros tratos degradantes, que atentan contra su integridad personal, física y mental. Sin embargo, por sorprendente que parezca, los relatores especiales no tienen equipos de trabajo ni apoyo de ningún tipo, por lo que no hubiera podido hacer su trabajo de no ser por los cuestionarios que fueron respondiendo los despachos de abogados para cada jurisdicción, y que coordinamos, analizamos comparativamente y sintetizamos desde el equipo del Vance Center.

6. ¿Por qué decides volver a España?

A la hora de tomar la decisión de volver, primó la vocación, la familia y el deseo de poder culminar el proyecto por el cual me fui, pero quise completar mi formación en Estados Unidos antes de volver a España y buscar la forma de poder implementar los conocimientos adquiridos en un país con una tradición jurídica completamente distinta a la nuestra. Por ello, lo que en principio iba a ser una experiencia de un año en Estados Unidos, al final fueron cuatro. Me decidí definitivamente a volver a casa cuando el proyecto de la Fundación Pro Bono estuvo lo suficientemente desarrollado, con los compromisos necesarios para poder ponerlo en marcha.

7. ¿Ha calado la cultura de la responsabilidad social corporativa entre los abogados en España?

España es un país muy solidario. Siempre estamos a la cabeza de las estadísticas en materia de voluntariado y de donaciones de sangre y de órganos, y los abogados llevamos mucho tiempo haciendo pro bono, desde hace más de siete siglos. No obstante, antes se hacía de manera mucho más ad-hoc, más informal y de manera aislada, desarticulada.

8. ¿Y cuál cree que es la situación actual del pro bono?

En los últimos años, la realidad del pro bono ha experimentado un desarrollo notable, no solo en términos de formalización de la práctica, sino también en el grado de implicación de los profesionales. Cada vez existe una mayor sensibilidad social y demanda tanto por parte de las instituciones como de los distintos actores jurídicos de dedicar una parte de su profesión al trabajo no lucrativo; en beneficio del desarrollo social. Las principales firmas y despachos -sobre todo, las más grandes- han institucionalizado sus prácticas pro bono, los Colegios de Abogados lo impulsan en diversas comunidades autónomas, y crece el número de universidades que ofrecen clínicas jurídicas a sus estudiantes y profesores. Hemos avanzado a buena velocidad, hasta recuperar buena parte de nuestro retraso histórico.

Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer: la mayoría de las personas y organizaciones sociales desconocen la posibilidad de acudir a este servicio y faltan muchas lagunas por cubrir. Muchas oportunidades de asesoramiento pro bono por explorar.

9. ¿Cómo podría avanzarse en esta materia?

Es necesario identificar las necesidades jurídicas más acuciantes de la sociedad y promover herramientas para seleccionar a los profesionales más adecuados para resolverlos. También es necesario llevar a cabo estudios de campo previos y llevar a cabo una labor de pro bono más proactiva, investigando la situación de las entidades del tercer sector y proponiendo su mejora para asegurar su cumplimiento de la normativa. Sobre todo, hay que impulsar la cultura pro bono en España. El desconocimiento de lo que es y las confusiones que existen con respecto al sistema de asistencia jurídica gratuita dificultan el acceso al mismo. La labor pedagógica es fundamental.

10. ¿Qué tipo de proyectos son los que más necesitan la colaboración de abogados que destinen horas pro bono?

En el mundo del tercer sector, que es lo que conocemos y a lo que nos debemos en la Fundación Pro Bono España, las necesidades legales son infinitas. Es un sector muy atomizado, muy fragmentado, muy complejo, que requiere de mucho apoyo para obtener especialización adicional.

Hay muchas necesidades jurídicas que están relacionadas con la normativa específica del tercer sector; con la implementación de leyes que no están pensadas para las asociaciones, las fundaciones… En todo caso, en nuestra experiencia, el mayor número de peticiones legales de entidades sin ánimo de lucro están relacionadas con su gestión interna. La gran mayoría de asuntos pro bono coordinados por la Fundación en este primer año han girado en torno al asesoramiento legal y la elaboración y revisión de documentación jurídica propia de la entidad. Por tanto, vemos que se trata de un asesoramiento programático, no contencioso, en que el trabajo pro bono tiene una función eminentemente preventiva. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que el 97% de las entidades del tercer sector en España son pequeñas y medianas organizaciones y que solo el 15,3% de estas entidades cuenta con profesionales especializados dentro de la propia organización para dar respuesta a cuestiones jurídicas, según recoge el informe PYMOS.