13 junio 2019

Silvia Giménez-Salinas, presidenta de FBE: “Los abogados son ciudadanos europeos preocupados por los efectos del populismo”

Por María José Cámara

Silvia Giménez-Salinas, decana emérita del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y quien fuera vicepresidenta de la Abogacía Española, asume desde finales del mes de mayo la presidencia de la Federación Europea de Colegios de Abogados (Fédération des Barreaux d’Europe – FBE).

Esta letrada especializada en Derecho Privado, Civil y de Familia tanto en el ámbito nacional como internacional, ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional la presidencia de instituciones como el Consell de l’Advocacia Catalana, la Fundación Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía o la Asociación Intercolegial de Cataluña.

Giménez-Salinas, que tomó posesión de su nuevo cargo durante el 53º Congreso General de la FBE que se celebró en Barcelona del 30 de mayo al 1 de junio, indica que “es ilusionante abordar nuevos proyectos y desarrollar los ya iniciados por otros compañeros” al frente de esta Federación con miembros de Colegios de Abogados de más de 20 países que representa a más de un millón de abogados y abogadas de Europa.

  1. ¿Cómo asume su nueva etapa al frente de la Federación Europea de Colegios de Abogados (FBE)?

El sistema de organización de la Federación refleja un trabajo conjunto de tres años en la presidencia, rotativos en los cargos por sus tres miembros. De esta forma, aprendes de los presidentes anteriores al mismo tiempo que ejecutas durante el año del cargo los retos que quedaron  pendientes, y aquellos otros que propones de nuevo. Por tanto, es ilusionante abordar nuevos proyectos y desarrollar los ya iniciados por otros compañeros.

  1. ¿Qué retos se propone como presidenta?

Asistiremos a los eventos de los Colegios miembros de la Federación para apoyar sus necesidades en relación al ejercicio libre de la abogacía; apoyaremos a los Colegios que encuentran dificultades para defender la libertad del derecho de defensa de sus colegiados; velaremos por la adecuación de la Abogacía a los retos de la digitalización, donde los valores establecidos como prioritarios en la Declaración de los Derechos Humanos deben reconsiderarse y actualizarse.

Por poner un ejemplo, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, recogidos en las Constituciones europeas, deben entenderse desde el prisma de que la privacidad y la dignidad de las personas han de ser igualmente respetadas aun cuando sean esas propias personas  las que introduzcan en las redes datos personales. Se trata de  un cambio en el método, nunca en los valores que Europa ha hecho suyos como prioritarios desde la II Guerra Mundial, y que ahora deben acomodarse dentro del marco de la realidad digital.

Por ello, existen múltiples retos; también es una decisión de la presidencia llevar a cabo una acción europea para facilitar el derecho de defensa en supuestos de víctimas de terrorismo, así como el derecho a la personalidad y crianza de los menores de edad ante cualquier situación de precariedad.

  1. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se expone esta Federación que representa a más de un millón de abogados y abogadas de Europa?

Los abogados son ciudadanos europeos preocupados por los efectos del populismo entre la clase política y, consecuentemente, en la gestión de la Unión Europea. Por ello, es esencial que los abogados defiendan en todos los foros la necesidad de seguridad jurídica y respeto al Estado de Derecho. Se trata de una lucha muy familiar  para todos los abogados, conocedores directos y en primera persona del conflicto que se le plantea al ciudadano ante situaciones que considera injustas y exigen una respuesta jurídica.

  1. Entre los objetivos del FBE está la defensa de los Derechos Humanos en Europa y en el mundo, ¿cómo se lleva a cabo esta misión ante el auge de los populismos políticos?

Los valores en los que se basan los Derechos Humanos tales como la dignidad y el respeto a la persona, siguen en plena vigencia. Sin embargo, la forma de su defensa varía en función de los cambios sociales. Para nosotros es fundamental apoyar a los Colegios, los cuales a su vez sostienen a abogados valientes en la lucha por los Derechos Humanos en su país.

Es fundamental crear una abogacía fuerte, éticamente intachable y guardiana fiel de la seguridad jurídica. Y donde esa abogacía no exista, hay que mantener la denuncia. En nuestra profesión, el conocimiento y la formación son esenciales para ejercer correctamente el derecho de defensa. Por ello actuamos junto a abogados en Polonia, en Turquía y allí donde se precise para apoyarles en su defensa de la profesión.

  1. ¿Cómo puede contribuir la abogacía a cambiar la sociedad?

Los abogados defienden el caso particular,  pero éste puede afectar a toda la sociedad. A través del procedimiento judicial del caso concreto, se modifican las normas que rigen nuestro sistema de vida. Por ejemplo, la normativa hipotecaria en España comenzó a cambiar a raíz de las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo, pero partiendo de un ciudadano concreto, de un juez concreto, que formuló una cuestión prejudicial, y de una resolución de dicho Tribunal. Y así se cambia la sociedad.

  1. El último Congreso General de la FBE celebrado en Barcelona, abordó una cuestión de actualidad como es “La separación de poderes, un aspecto fundamental en un Estado de Derecho”. ¿A qué conclusiones se ha llegado?

Se ha llegado a la conclusión de que así como los valores que promulga la Declaración Universal siguen vigentes, también continúa vigente la necesidad de mantener la división de poderes que estableció, entre otros pensadores, Montesquieu. Sin embargo, la división de poderes debe reinterpretarse a la luz de una sociedad informada, en plena igualdad de derechos, por lo menos teórica, y reformular el equilibrio entre los mismos. No basta la separación doctrinal, hay que verificar el equilibrio y supervisar el control de unos sobre otros y, además,  hay que dotar al ciudadano de ciertos mecanismos de control en este sentido. En definitiva, el objetivo sería la consecución de la máxima transparencia en la gestión ejecutiva, en el poder legislativo y en el poder judicial.

Por otro lado, el poder de los medios de comunicación y el poder económico deben ser reconocidos como poderes de los estados, y deben ser regulados para una eficaz gestión de los intereses de los ciudadanos. No es suficiente afirmar que un país es demócrata porque sus ciudadanos pueden votar. Existen múltiples factores que determinan el grado real de democracia de un país, y deben realizarse actualizaciones de la teoría de la división de poderes  atendiendo a las nuevas circunstancias sociales y económicas de la sociedad.

  1. La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha participado en esta edición de la FBE como moderadora en la ponencia “Separación real frente al equilibrio de intereses”. ¿Cuáles cree que son las alternativas para conseguir un verdadero equilibrio entre poderes?

La teoría de la división de poderes vino a poner límites a los monarcas absolutistas en el ejercicio de su poder sobre la legislación, la ejecución y la judicialización del Gobierno.  Respecto a los dos primeros ámbitos, el partido vencedor de unas elecciones configurará el ejecutivo. En consecuencia, la voluntad del legislador debe dejar bien claro que se orienta hacia el bien común y no hacia el bien del partido o de los electores del partido.

En cuanto a la esfera de la  Justicia, los límites deben ser diáfanos para una correcta gestión de la división de poderes; la Justicia de un país debe proclamarse totalmente independiente de los otros dos poderes y actuar como factor de equilibrio entre ambos. La polémica sobre la elección de la cúpula judicial, reiterativa en ocasiones, todavía no ha encontrado un sistema mejor de elección que la voluntad de la soberanía popular. Sin embargo, para que la Justicia sea independiente  precisa ser eficaz en la forma y en los tiempos de respuesta. Esta premisa, por desgracia, está lejos de conseguirse con una Justicia colapsada y unas formas en los procedimientos ininteligibles para la sociedad en general y para el justiciable en particular. La responsabilidad individual también debe formar parte del poder judicial en toda su extensión.

  1. En la Asamblea General celebrada en Varsovia en septiembre de 2018, la FBE expresó su profunda preocupación por la situación actual de las mujeres en el mundo. ¿Hemos conseguido avanzar en esta materia?

En la práctica, existen claras diferencias aún hoy en el mundo occidental, en Europa. Debemos pensar que la igualdad entre hombres y mujeres, como postulado constitucional en nuestro país, data del año 1978, fecha de la promulgación de la Constitución.

Como es lógico, este es el primer paso, y la experiencia nos indica que el camino hacia la igualdad es lento y debe practicarse día a día. A lo largo de la  Historia de Europa, el hombre siempre dominó la esfera pública y la mujer la esfera privada. Por ello, hoy deben revisarse esos roles a fin de que el hombre comparta la esfera privada en términos de igualdad con la mujer, y la mujer la esfera pública también en términos de igualdad.

  1. Como mujer jurista que ha desempeñado cargos de relevancia como decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y de vicepresidenta de la Abogacía Española, ¿cómo valora la presencia femenina en el sector legal?

La mujer profesional en el sector legal desempeña su trabajo como en cualquier otro sector. Si hace unos años  se consiguió que la mujer no se planteara la interrupción de su formación al finalizar la escuela y continuó hacia la Universidad, ocupando su lugar en las aulas, también desde hace años la mujer llena los despachos de la abogacía en su trabajo diario.

Otra cuestión es el acceso a las posiciones de poder, al liderazgo de los despachos, que todavía no es común, pero llegará. La mujer aprende rápido y, por ello, auguro en unos años socias de despachos con plena capacidad decisoria y plena dedicación. Mujeres que no renunciarán, como tampoco lo hará el hombre, a desarrollar  su trayectoria profesional y su vida privada en plenitud. Nunca constituyó un obstáculo para el hombre en su vida profesional el hecho de tener hijos. Exactamente igual  ha de ser para las mujeres.

  1. Además, actualmente es presidenta de la Fundación Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía, ¿qué fines persigue esta institución? ¿Ante qué necesidades y exigencias se enfrenta la profesión?

Esta Fundación nació de la necesidad de conocer en profundidad la situación de la abogacía en España. Son habituales los estudios sobre normativa pero no sobre la práctica de la profesión. Por ello se inició en los Colegios de Abogados junto con ocho Universidades, un camino difícil pero necesario para, entre otras cuestiones, analizar: la práctica de nuestra profesión, el perfil de los jóvenes que quieren ser abogados o abogadas y qué expectativas tienen al elegir la carrera de Derecho, la situación de la profesión en grandes o pequeñas ciudades o el cobro de honorarios.

Incluso tenemos un estudio acerca de las patologías específicas de la abogacía, realizada por Alter Mutua, que indica que la patología más frecuente es la traumatología, o que las abogadas tienen su primer hijo, como media, a los 34 años, cuando el resto de la población se sitúa en torno a los 32 años. Queremos conocer la evolución de nuestra profesión para promover cambios y establecer pautas y modelos adaptados a nuestra realidad social.

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