Cesar Pinto: “Los más vulnerables están desprotegidos frente a la Administración”

EL TURNO QUE CAMBIA LA HISTORIA

A Cesar Pinto le da la risa, una risa casi de niño pequeño al que han pillado haciendo una travesura, cuando explica que él en realidad no lleva temas de desahucios, ni de fondos buitres, que él se dedica solo a temas de administrativo. Y, sin embargo, en los últimos meses ha protagonizado varios titulares como el abogado del turno de oficio que ha vencido a un fondo buitre. Porque efectivamente Pinto ha conseguido algo que hace ocho años parecía una quimera: que el Tribunal Supremo reconozca la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas sociales por parte de la Comunidad de Madrid a Encasa Cibeles, propiedad de Goldman Sachs.

Todo empezó hace ocho años cuando un padre de familia de origen marroquí, Rachid, se empeñó en recurrir la venta de su casa -un piso en un bloque de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid- porque el nuevo propietario le había subido el alquiler. Solicitó asistencia jurídica gratuita y la lotería del turno de oficio, o el destino, hizo que le asignaran a un letrado, Pinto, igual de tozudo y perseverante que él. “A mí me parecía demasiado pero sí vi que tenía razón, que había motivo, aunque no creía que lo fueran a estimar, no pensaba que un juzgado iba a meterse en anularlo”, recuerda Pinto.

El primer juzgado lo desestimó, efectivamente, pero no se rindieron a la primera y llegaron al Supremo, que esta vez sí reconoció su derecho a recurrir. Desde entonces, ha trascurrido todo un periplo judicial – “llegar a todas las instancias me encanta”, confiesa Pinto – hasta la última sentencia del alto Tribunal en febrero de este año en la que reconoció que el asunto afectaba no solo a Rachid sino a todos los inquilinos de las viviendas, lo que en la práctica obliga a la Comunidad de Madrid a recuperar las viviendas y ofrecer de nuevo a los inquilinos un alquiler social.

“En 2013, en los momentos más duros de la crisis, a la Comunidad de Madrid se le ocurrió vender casas que eran de vivienda social, despreocupándose de esas personas. Muchas fueron desalojadas, porque se vendieron a terceros. Pero otros muchos inquilinos siguen en las casas, hay pendientes desahucios y los alquileres se mantienen con la subida. Es una enorme incertidumbre para todos y llevan así muchos años…”, cuenta Pinto.  “Ese es mi trabajo. Me apasionan los temas jurídicos y los temas sociales, y claro cuando se mezclan pues me encanta.  A mí lo que me gusta es ayudar a la gente”.

Y vaya sí ha ayudado. Son muchas las familias que están ahora pendientes de que se resuelva la situación para que se paralicen sus desahucios y puedan volver a pagar un alquiler social. El fondo buitre se deshizo de 1.200 casas, pero son más de 1.700 las que tendría que recuperar ahora la Comunidad de Madrid -que por cierto, ha vuelto a recurrir la sentencia del Supremo:  “Lo tiene muy complicado, va a intentar ganar más tiempo pero no sé para qué”, dice el letrado-.

“Contra los desahucios hay que luchar jurídicamente, así es como se paran las cosas. La gente no se da cuenta la fuerza que se tiene con el Derecho”, cuenta Pinto, que lleva 23 años en el turno de oficio – al que dedica, confiesa, en torno al 60% de su tiempo, el resto “a casos para poder pagar el turno”-. Y tiene muy claro cual es su misión: “El Derecho tiene que apoyar más las personas más vulnerables económicamente, o con discapacidad, porque están muy desprotegidas frente a la administración. Las leyes tienen grandes declaraciones pero en el día a día, en los casos concretos, si no hay alguien que esté detrás respaldándolas, no se les hace caso a estas personas. A mí eso lo que más me atrae.  Para mí no tiene sentido ejercer el derecho para que otros sigan adelante con más o menos dinero”.

No le gusta el término “justicia gratuita”: “La gente no valora lo que no paga. Piensa que los buenos abogados solo están en los grandes despachos y eso no es así”. Y tampoco que se hable de recuperar la “dignidad” para el turno de oficio. “La dignidad nunca la hemos perdido, depende de cómo ejercemos cada día, pero sí que pienso que de alguna forma lo tendrían que reconocer más, pero no solo por un interés económico, porque yo lo seguiría haciendo aunque no me pagaran nada, sino para no dejar desprotegidas a muchas personas en situaciones muy diversas”.

Por todo este caso (recordemos, ocho años y todo un toma y daca de recursos) Pinto ha cobrado del turno de oficio un total de 700 euros. “Y me los ha pagado la Comunidad de Madrid”, cuenta, riéndose de nuevo como un niño travieso. “Además les han condenado en costas a pagar 12.000 euros. Ese dinero, según el Supremo, tenía que haber ido a Rachid, pero él ha decidido que lo cobre yo”.