Antonio Suárez-Valdés, abogado: “Hemos contribuido a la democratización de las fuerzas de seguridad”

“Hemos avanzado en los cuerpos policiales a golpe de sentencia, porque sus jefaturas tienen ciertas reticencias al cambio”

Por Mateo Balín

A finales de los años 90, en plena ofensiva de ETA, una sentencia colocó en el mapa a un joven abogado que tuvo claro desde el principio hacia dónde quería dirigir su despacho: el derecho militar. Antonio Suárez-Valdés logró que el Ministerio del Interior abonase un complemento retributivo de peligrosidad a los guardias civiles desplazados al País Vasco. Una mejora salarial que hace 25 años supuso un avance sin precedentes. Con paso firme, “a golpe” de resoluciones que han derivado en decenas de modificaciones legales, el bufete madrileño Iuriscontencia, que tiene un equipo de 22 personas, se ha consolidado como un referente en la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Suárez-Valdés fue el abogado de la militar Zaida Cantera, que denunció acoso sexual por parte de un superior.

• ¿Por qué se decantó por el derecho militar?

Fue una decisión estrictamente laboral. Queríamos sentirnos cómodos con esta especialización, contribuir a la sociedad y lograr un rendimiento a medio plazo. Los inicios fueron duros. Nuestros clientes nos reclamaban asesoramiento con mucho miedo a represalias. Parecían encuentros clandestinos. Llegaban al despacho con gorras, gafas de sol y cuello alto. Su situación laboral era pésima. Poco a poco comenzaron las sentencias estimatorias. Primero a cuentagotas y luego con acciones colectivas sobre derechos básicos.

• ¿Cuál fue su método de trabajo?

Nada más empezar tuvimos que realizar una especialización muy rápida, porque los volúmenes con los que trabajábamos en lo contencioso, disciplinario o penal no te permitían compaginar con otras actividades. Decidimos que solo llevaríamos agentes del orden y militares. Unos 240.000 hombres y mujeres forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y esta cifra junto al incremento de la siniestralidad nos permitió crecer rápido.

• ¿Existen demasiados prejuicios con la jurisdicción militar?

En contra del imaginario colectivo, se trata de una jurisdicción muy garantista, ya que al tener menos carga de trabajo analizan los asuntos de forma más sosegada. Cuenta, eso sí, con el mismo problema endémico que el resto de los órganos: la falta de jueces. Es habitual que al presidente de un tribunal de Tenerife le vea, una semana después, en un juicio en A Coruña.

• ¿Desde las cúpulas policiales os perciben como el ‘enemigo’?

Los agentes se referían a nosotros como los ‘abogados de la Guardia Civil’; en cambio, cuando nos encontrábamos al principio con un general, pensaban que pertenecíamos al cuerpo jurídico militar y luego, incluso, nos preguntaban si éramos un despacho contra la institución. Con el tiempo ya somos un actor más.

• “Un actor más” que ha logrado que sus procedimientos provoquen reformas legislativas.

Especialmente importante han sido la traslación en materia retributiva, las horas de exceso, las comisiones de servicio o la peligrosidad. También los derechos relacionados con la conciliación de la vida familiar. Hemos avanzado en los cuerpos policiales a golpe de sentencia, porque sus jefaturas tienen ciertas reticencias al cambio. Es una satisfacción que medio centenar de procedimientos nuestros hayan acabado en modificaciones legales. Hemos contribuido a la democratización de estas instituciones.

• Por ejemplo, el protocolo militar de acoso sexual a raíz del ‘caso Cantera’, que usted llevó.

El caso de la comandante fue paradigmático. Se formó mucho revuelo porque la opinión pública no daba crédito a que esas situaciones ocurrieran en el ámbito militar. Tras la sentencia que condenó al coronel en 2012, se comenzó a trabajar en un protocolo que entró en vigor en 2015. Hoy se aplica a rajatabla. El acoso en el Ejército no es más que un reflejo de la sociedad a la que pertenecemos.

• ¿Tras este caso recibieron una avalancha de asuntos?

Sí, pero podemos rechazar anualmente más del 95% de casos porque no apreciamos entidad delictiva. El cliente nos hace un análisis de los hechos y, en pocos minutos, tenemos una idea clara de si estamos hablando de un asunto penal, administrativo o disciplinario.

• ¿Con qué perfil de abogados trabaja?

Está el personal que ha pertenecido al cuerpo jurídico militar y el que viene del ámbito civil. La formación se centra en este último, porque no hay una asignatura en la carrera que se llame ‘derecho militar’. Hay que enseñarles cómo son las normas, cómo se aplican y quitarles prejuicios de base. Somos unos obsesivos del tipo delictivo. Un enfoque inicial correcto define el caso. Por ejemplo, una jubilación por incapacidad en el ámbito militar no tiene nada que ver con otra en el régimen general.

• El nuevo Estatuto General de la Abogacía permite elevar quejas al CGPJ por retrasos injustificados, ¿qué le parece?

No es normal que estemos diez años con un caso penal que puede sustanciarse en uno. Volvemos a la falta de medios: una gran parte de los juzgados y tribunales impiden celebrar juicios y/o declaraciones por vía telemática. Ni con el Covid se ha avanzado. En la jurisdicción militar, en cambio, lo tienen superado. Más del 90% de nuestras actuaciones ya son telemáticas, frente al cinco de las ordinarias.

• Otra novedad es el refuerzo del secreto profesional.

Hay colegios que están más pendientes de perseguir a los colegiados que de defenderlos, como ocurre con algún departamento de deontología. ¿La confidencialidad? Sí, todo el mundo es confidencial con los asuntos de sus clientes, pero a veces llevamos a personas complicadas y de esto los Colegios no parecen enterarse.

• ¿Qué ocupa ahora la mayoría de su tiempo?

Estamos con una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE: una demanda por retribución de los guardias civiles que vigilan las centrales nucleares. Pretendemos que se respete la normativa europea en materia de trabajo, retribuciones y estancias. A nadie le sorprende que a un bombero que está 24 horas le paguen por ese servicio, pero en cambio en el mundo militar es como si les hablas de marcianos, porque ahora les computan la mitad de las horas. El asunto concierne a unos 600 agentes.

• ¿Cómo les ha afectado la pandemia?

Hemos tenido que hacer un ERTE parcial, pero ahora estamos trabajando al 90%. Lo peor ha sido la incertidumbre ¿Cosas buenas? Nos ha enseñado que se puede teletrabajar. Yo tengo un puesto remoto en casa y saco incluso más trabajo que en el despacho.

• Del millón de sanciones en el estado de alarma solo se ha ejecutado menos del 1%, ¿qué ha ocurrido?

Si obligas a los agentes a sancionar con un tipo deficiente entonces pasa lo que pasa. Se debería haber desarrollado una ampliación de la Ley de Seguridad Ciudadana para la pandemia, pero también sabemos que esta norma está demonizada. Cuestiones referidas a la desobediencia, por ejemplo, no responden a criterios administrativos correctos. A nuestros clientes se lo advertimos, pero en las jefaturas nunca lo entendieron. Solo funcionan los cambios a golpe de sentencia.

(Entrevista publicada en la Revista Abogacía Española 127)