Borja Álvarez, abogado: “Los abogados debemos insistir en que se apliquen los instrumentos para la inclusión de las personas con discapacidad”

Por Sandra Gómez-Carreño Galán

El Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo dictó recientemente el primer auto de notificación de apertura de juicio oral en lectura fácil, o lo que es lo mismo, escrito de manera que los interesados con algún tipo de discapacidad intelectual puedan entenderlo y de esta manera tener acceso efectivo a la justicia y a su defensa. El abogado Borja Álvarez Iglesias fue el que logró este hito para la inclusión, y asegura que precisamente los abogados son los que deben incidir en estas cuestiones, en que los juzgados no pierdan de vista que los números de expedientes esconden personas, y que cada uno tiene un caso particular que necesita un punto de vista más humano. Álvarez, que reconoce la sensibilidad y buena disposición mostrada por el Juzgado ovetense y por su magistrada, lamenta que aún queda mucho por hacer para conseguir la plena inclusión y reivindica la figura del “facilitador judicial” para acompañar a la persona con discapacidad en todo el procedimiento.

¿Es esta “traducción” de un auto a un lenguaje más asequible un primer paso para acercar la Justicia a las personas con discapacidad intelectual?

Por supuesto que sí, es un paso fundamental. Hasta ahora, las personas investigadas en causas penales con algún tipo de discapacidad intelectual intervenían en las diligencias sin saber ni entender lo que estaba ocurriendo, ni siquiera podían comprender aquellas resoluciones de obligada notificación personal como en este caso el Auto y el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Era una situación que, desde mi punto de vista, lesionaba gravemente su derecho a la tutela judicial efectiva, su efectivo derecho a la defensa.

¿Qué otras medidas haría falta para hacer más fácil el acceso a la Justicia de personas con discapacidad intelectual?

Yo creo que la primera medida que haría falta es considerar a las personas con algún tipo de discapacidad sujetos de derecho con todas las garantías, empezar a romper los esquemas mentales, ser más empáticos y concienciarnos de que tienen derecho a conocer el estado de sus asuntos y tomar sus propias decisiones. Es en lo que consiste la inclusión y es lo que resulta de obligado cumplimiento desde la ratificación por nuestro país de la Convención de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En todo caso he de reconocer que en este asunto yo tengo una espina clavada: a la vez que solicitaba la conversión en lectura fácil de la resolución solicitaba el nombramiento de un “facilitador judicial”. Se trata de nombrar a una persona, de confianza de la persona con discapacidad y conocimientos especiales en la materia, que sea capaz de intervenir en el procedimiento acompañándole, explicándole y ayudándole en todo lo necesario para asegurar que comprende lo que está pasando y en lo que está interviniendo (de hecho incluso existe al respecto un Convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial el 21 de mayo de 2019 con la Asociación A La Par para prestar dicho servicio en los órganos judiciales); sin embargo no logré llegar a tanto y, al final, tuve que conformarme con la conversión a lectura fácil.

La buena disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo y de su magistrada titular ha sido fundamental para poder llevar a cabo esta acción en colaboración con la asociación Plena Inclusión. ¿Existe esta sensibilidad en las instituciones jurídicas o aún queda mucho camino por andar?

Sin duda, queda mucho camino por andar. Los órganos judiciales están siempre sobrecargados de trabajo y eso les hace ir a lo práctico, a tratar de sacar trabajo y no pararse a conocer el fondo humano de los asuntos; yo considero que eso es un error, la justicia trata de dar solución a problemas particulares, a situaciones particulares y las leyes, al final, sólo son medios de solucionar esos problemas. Considero que hay que conocer el fondo humano de los problemas para poder darle una solución eficaz, y yo creo que la labor de la abogacía es precisamente la de lograr presentar ese enfoque humano ante el órgano jurisdiccional, lograr convertir los números de los expedientes en personas, en cuestiones particulares que necesitan soluciones particulares.

En todo caso he de decir, y por eso agradecí públicamente la buena disposición de la magistrada, que el mismo tema fue planteado ante otros órganos jurisdiccionales, incluso ante órganos colegiados superiores, y no se prestaron a colaborar en la misma medida. Cierto es que lleva más trabajo, pero también es cierto que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y que la inclusión de las personas con capacidades diferentes también es de obligado cumplimiento de acuerdo, insisto, a la Convención de Nueva York de 2006.

No puedo tampoco dejar de destacar que en Asturias tenemos mucha suerte en esta materia, puesto que el magistrado delegado en el Principado del Foro de Justicia y Discapacidad del CGPJ, Juan Carlos García López, es un trabajador infatigable a favor de la inclusión social de las personas con capacidades diferentes, alguien con quien siempre se puede contar y que siempre encuentra el modo de facilitar el trabajo a favor de una Justicia inclusiva.

¿Puede marcar un precedente para que la Justicia sea accesible para todas las personas por igual?

Espero que sí, aunque creo que esta es una labor de la abogacía, somos nosotros quienes hemos de insistir infatigablemente en solicitar que se acuerden y se apliquen los instrumentos existentes a favor de la inclusión de las personas con discapacidad dentro del sistema jurisdiccional. Por eso agradezco que se le dé repercusión a esta noticia, porque creo que todos mis compañeros y compañeras deben conocer los instrumentos que tienen a su disposición, estoy convencido de que su uso generalizado daría como fruto un mejor funcionamiento de la administración de la justicia.

Hoy en día sería impensable que una persona invidente no pudiera tener a su disposición toda la documentación en sistema braille o que una persona con discapacidad auditiva no contara con un intérprete de lengua de signos; espero que un día pase lo mismo con las personas con discapacidad intelectual y la lectura fácil o con las personas con Trastorno de Espectro Autista y los pictogramas.

¿De qué manera estas medidas ayudan también a los abogados a la hora de defender a sus clientes con alguna discapacidad intelectual?

Ese es el gran secreto de todo esto, a la abogacía estas herramientas nos ayudan enormemente. Nuestra labor fundamental como defensores de nuestros clientes es asegurarnos que tienen un acceso pleno a la justicia, que se garantiza su derecho a la defensa; sin estas herramientas nuestro esfuerzo es mayor, tenemos que insistir en explicarle a nuestra clientela con discapacidad intelectual el contenido de las resoluciones, el estado e incluso el objeto mismo del procedimiento; de qué se trata, para qué es y cómo puede terminar. Sin embargo con algo tan sencillo como la conversión en lectura fácil puedes directamente entregarle la resolución y empezar las explicaciones a partir de ahí, ya lo ha entendido casi todo.

En este caso, mi cliente sufría muchísimo estrés cada vez que tenía que ir al Juzgado, no entendía bien lo que pasaba, se ponía nervioso, no comprendía lo que le estaban diciendo y al final salía de allí con un fuerte estrés y sólo pensando que le iban a enviar a prisión de un momento a otro (“cárcel” era la única palabra que le llegaba con todo su significado). Sin embargo cuando le notificaron el Auto, el Letrado de la Administración de Justicia se lo explicó, le dejó leerlo, preguntó lo que no entendía y se fue a su casa mucho más calmado y no ha necesitado más que yo le explique lo que le notificaron.

Y no digamos nada de la figura del “facilitador judicial”, yo creo que, al final, el facilitador nos “facilitaría” el trabajo más a los operadores jurídicos que a la personas con discapacidad intelectual intervinientes en los procedimientos.