Luis Ocaña: “Una Justicia que no conocerá un asunto laboral hasta 2025 es un disparate”

Por Andrea Pintos Pardo

Luis Ocaña es abogado especializado en las jurisdicciones de social, contencioso-administrativa y penal. Se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en el año 2001, misma ciudad en la que se colegió durante ese año.

También es miembro del Grupo 17, Sociedad Andaluza de Juristas para a Defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos. Sus esfuerzos se centran en la defensa jurídica de los trabajadores y empleados públicos.

En estas últimas semanas, le llegó una citación para un juicio laboral con fecha de 2025 lo que  hace que el juicio carezca de sentido porque su representada habrá dejado el empleo 4 años atrás. Es una demanda declarativa de derechos, en la que la representada del abogado es una trabajadora que presta servicios como administrativa para EMASESA (Empresa Pública Municipal que gestiona el Agua y la Red de Saneamiento de Sevilla). La relación laboral se desarrolla en virtud de un contrato de relevo que la demandante y su letrado entienden que resulta de naturaleza indefinida mientras que la empresa defiende que es temporal. En consecuencia deberá ser la autoridad judicial quien se pronuncie ¡en 2025¡ sobre esta controversia jurídica

• ¿Puede decirse después de ver citaciones para 2025 que la jurisdicción social está colapsada?

No es necesario ni ver esas citaciones tan escandalosas. En Sevilla, venimos recibiendo con normalidad citaciones para 2022, 2023 y 2024. Por lo tanto no es un mero colapso. Es una situación límite. Una justicia lenta no es justicia pero una justicia que no conocerá de un asunto laboral hasta más allá de cuatro años es un disparate. Eso no se puede calificar de sistema judicial. Es una burla a lo que debe significar la justicia. Es paradójico que cualquier ciudadano disponga en un terminal móvil de mejores medios que la mayoría de Juzgados.

• ¿Es la incidencia del Covid por los ERTEs la principal causa de este retraso? 

No. De hecho, no son significativos los procedimientos laborales derivados de la pandemia. Los operadores jurídicos que nos vemos a diario en los Juzgados, coincidimos todos en que será en 2021 cuando efectivamente se dispare el número de demandas vinculadas al COVID.

La principal causa es la gestión política. A ningún ministro de Justicia le interesa que funcione la justicia. Todos lo han tenido y lo tienen muy claro. A la vista está. Cada ministro ha sido capaz de empeorar la gestión del anterior y así llegamos a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc. Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y sobre todo que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público. Sin ir más lejos, recientemente no hemos podido celebrar un juicio en la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por falta de medios telemáticos (ordenador, software y conexión). Está claro que hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto es el primer paso para iniciar la privatización.

• ¿Se puede hacer justicia si se manejan sentencias tras cinco años? 

Es imposible. Eso no es justicia. Es una situación que solo da ventaja a quien incumple las normas y que potencia a los incumplidores de las normas, que saben que nadie los obligará a cumplir. Así se blinda la impunidad de quien no cumple. Vivimos una realidad donde el incumplimiento laboral está generalizado. No hay más que ver el número de contratos temporales –que deberían ser excepción- o realizar una auditoría en cualquier empresa, empezando por las públicas. La precariedad es una de las caras amargas del neoliberalismo y estamos instalados ahí. En esta situación, la cosa es clara: quien incumple, gana. Es muy significativo que ninguna patronal proteste por este asunto.

• ¿Cómo se toman los afectados por el caso tener que esperar cinco años para ver una resolución? 

Se desesperan. Quien no sabe cómo funciona no deja de sorprenderse y se queda con una imagen que denigra a todos los operadores jurídicos. Es imposible aceptar que una cuestión jurídica sencilla tarde varios años en recibir una primera respuesta judicial. Da vergüenza tener que explicar esto a quien acude a un despacho profesional en búsqueda de una solución justa a un problema.

• ¿Ve posible que se reduzcan estos plazos con las medidas procesales aprobados por el Covid?  

A la vista está que las medidas ha empeorado la situación. Se trata de planteamientos con un mero recorrido mediático (habilitar unos días de agosto, abonar unas pocas horas extra, etc.) que no tienen en cuenta las necesidades del sector. No me equivoco si afirmo que la justicia está peor que nunca. En mis casi veinte años de ejercicio no recuerdo un momento peor. Se necesita un verdadero Plan que funcione, con medidas eficaces y que sitúen la realidad de los problemas y se aspire a solucionarlos. Ahora bien, que la Justicia funcione es muy probable que no interese para nada a la clase política. Con las medidas adoptadas la situación solo puede empeorar.

• ¿Se podrían perder casos solo por el manejo de estas fechas? 

Sí. En el del señalamiento para 2025 pasa eso. En esa fecha la trabajadora hará años que habrá dejado de trabajar y carecerá de sentido sostener un debate jurídico que adolecerá de “pérdida sobrevenida de objeto”. De esta manera se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de los trabajadores, que ya vienen arrastrando importantes cargas desde la Reforma Laboral de 2012, que sigue plenamente vigente (reducción de indemnizaciones en caso de despido, desaparición de salarios de tramitación ante despidos improcedentes, mayor flexibilidad, reducción de prestaciones por desempleo y pensiones, etc.)