Marta Alamán: “El COVID ha cambiado el escenario laboral y ha provocado inseguridad jurídica”

Por Patricia Rosety 

Descubrió  el derecho laboral en la universidad. Y considera responsable, en gran parte, a María Emilia Casas, ex presidenta del Tribunal Constitucional. Marta Alamán habla con pasión del derecho laboral, le encanta porque es vivo, rápido y diverso, con negociaciones, contratos, juicios…y con gran componente humano. Casi toda su vida laboral la ha pasado en PwC, pero en enero de este año pasó a ser socia directora de Broseta en Madrid. Recuerda sus inicios como pasante en un despacho de abogados en el que estuvo un año y, como los “buenos” pasantes, no cobraba nada.  Desde que empezó  la pandemia “pelea” con ERTEs y EREs y con el cambio de la situación laboral.

 Llegó la pandemia y de repente empresas y trabajadores se encontraron inmersos en ERTEs y EREs, y con miedo. ¿Cuáles son y han sido los principales problemas?

Al inicio se produjo una paralización total de actividad y sólo funcionaron determinadas actividades esenciales. El real decreto 8 permitió tramitar los ERTEs por fuerza mayor pero luego se simplificó el procedimiento, con ciertas cautelas en la propia ley para poder revisar las causas. El gran aluvión se produjo en marzo de 2020 y afectó a todo tipo de sectores. Todo el mundo hacía ERTEs, lo necesitaban las empresas. Se produjo cierta inseguridad jurídica porque había muchos puntos  que no estaban bien definidos y se modificaron. Llegaron otros decretos para matizar cuestiones, como la garantía de mantenimiento de empleo. La mayor dificultad fue la gran cantidad de legislación repentina, la rapidez de su tramitación  y su falta de claridad. Pero al final nos fuimos “bandeando” y la mayoría de empresas pudieron  gestionarlo, con dificultades, pero lo hicieron.

Y muchos de los ERTEs se convertirán en EREs …

Ésa será la principal dificultad para las empresas que estén “tocadas”. Ahí tenemos que poner la vista. Tenemos muchas dudas de lo que pueda pasar porque va a generar mucha inseguridad. En estos momentos, la duración del ERTE estará condicionada en función de si es temporal o definitivo.

Has hablado varias veces de “inseguridad jurídica”…

Sí, esta situación ha causado mucha inseguridad jurídica. Muchos textos y muy rápidos con muchísimas interpretaciones. Por causa COVID ha habido muchas lecturas y no se sabía si el despido era nulo, improcedente, procesal, prohibido…y con sentencias de muchos colores. Ahora prevalece que por causa COVID el despido es improcedente, no es nulo. Pero viene el segundo paso, los EREs que puedan surgir por herida de muerte de la compañía, que una causa temporal se convierta en estructural. Tenemos qué ver cómo lo interpretan los tribunales. Todo genera incertidumbre.

¿Se ha legislado a salto de mata?

Las circunstancias han provocado que se legisle de manera rápida. No es que tengamos una situación de ligereza por parte del legislador, pero no me parece normal que saquen un decreto y a los tres días  saquen otro para corregir y matizar el anterior. Comprendo las circunstancias, pero me habría gustado un texto refundido, hay que estudiar muchísimas normas. Se va mejorando, no puedo decir que yo lo hiciera mejor, pero los textos tienen déficits.

¿Este panorama cambia mucho el mundo laboral?

Totalmente. Confluyen muchas cosas. Estamos con una amenaza de reforma laboral permanente desde que el PSOE llegó al gobierno. Quiere hacer una contrarreforma a lo establecido en 2012, hablan de muchas medidas y algunas me parecen una barbaridad. Hay mucho globo sonda, pero la realidad es que el escenario ha cambiado mucho y de forma relevante. Y el principal problema es la inseguridad jurídica.

Un asunto importante son las pensiones. Las empresas no quieren trabajadores veteranos y el gobierno pretende alargar la edad de jubilación, con oferta de dinero incluida, ¿cómo se conjuga esto?

 Eso es tremendo,  no sólo por la prolongación de la edad de jubilación, porque posiblemente nuestro sistema de pensiones no pueda asumir la jubilación del “baby boom”, ahí puede haber un problema tremendo. Pero veo una “esquizofrenia”  entre lo que hacen  las empresas y  lo que el gobierno proclama como ideal. Muchas empresas sacan a su gente a partir de los 50. Planes de prejubilación vía ERE convertidos en bajas voluntarias, garantizando una compensación hasta la edad de jubilación. Eso cuesta mucho dinero y sólo lo pueden hacer cuatro empresas. Cada vez menos. Lo cierto es que muchos  mayores de 50 son expulsados del mercado, eso es una  condena. En la mayoría de los casos no se les puede pagar una renta, sólo la indemnización legal y el paro. España tiene un problema cultural, no sabe valorar adecuadamente la experiencia que aporta una persona a partir de una franja de edad,  una edad en la que tiene más tiempo, menos cargas familiares. Es un tema cultural que a mí no me ha afectado. Salí de PwC por un problema de edad y entré en Broseta. Menos mal que aquí no hay ese concepto. Hace poco tiempo, en marzo,  Huawei fue condenada por despedir a cinco trabajadores al cumplir los 50 años, cinco despidos nulos. Se  vulneró el derecho a la igualdad por razón de edad, artículo 14 de la Constitución. Me sorprende que haya sido la primera sentencia de este tipo.

Como experta en derecho laboral, ¿qué aconsejas?

Se debe limitar y regular la salida de los mayores. Las empresas tienen que tener en cuenta que cuando despiden a una persona con antigüedad, con experiencia, y con cincuenta y tantos años, va al desierto. Cuando  agote el desempleo no va a tener ingresos. Si no tiene ahorros lo va a tener complicado. Muchos empiezan a trabajar como autónomos porque no tienen otro remedio y otros invierten la indemnización en un negocio que, generalmente, fracasa. Debería haber muchas ayudas para que estas personas puedan reconvertirse, cursos de formación y asesoramiento para orientarles por dónde va la economía y cuáles son los sectores más rentables.  Los trabajadores veteranos son muy útiles, aportan mucho a la empresa, pero alargar la edad de jubilación va a provocar un atasco en el empleo juvenil. Se debe compaginar la salida de mayores con la incorporación de jóvenes.

¿Cómo ves el futuro del teletrabajo?

Tenemos una cultura muy presencialista. El teletrabajo funciona y no veo que se haya despedido a nadie por ello. Pero no creo que vaya a seguir con la intensidad de ahora. La mayoría de compañías prefieren a la gente en la oficina. Tienen gastos fijos y si no disminuyen decidirán que vuelvan en cuanto se pueda. En varios sectores se regula por convenio colectivo. Muchas empresas entienden que por el COVID no tienen que pagar determinados costes, pero el trabajador no puede incurrir en costes desde su casa. Los tribunales pueden establecer que las empresas tengan que pagar algunas cantidades. Y hay otro asunto psicológico. Los españoles somos muy sociables. Ir a la oficina da sensación de normalidad. Echamos en falta tomar el café con los compañeros. Cuando vengo a la oficina estoy más contenta.