Ofelia Tejerina: “La resolución de conflictos digitales se está dejando en manos del sector privado”

Por Sonia Sánchez Llamas

La abogada Ofelia Tejerina acaba de recibir el Premio ENATIC como mejor jurista digital. Experta en Derecho Digital y convencida de los beneficios que las nuevas tecnologías tienen para la profesión, cree que todas las asignaturas de la carrera de Derecho necesitan una perspectiva digital. Advierte también de los riesgos de la tecnología y de la importancia de la desconexión digital. Presidenta de la Asociación de Internautas, que forma parte de un comité del Gobierno sobre el estudio y la lucha contra la desinformación, considera “escandaloso” que se esté dejando en manos del sector privado decisiones sobre el control de contenidos en internet.

¿En qué situación está el Derecho Digital en España?

Está en desarrollo. Debería estar ya perfectamente implantado como algo habitual y común entre quienes nos dedicamos a la justicia, pero ahora mismo hay más normas que recursos, y eso no es bueno. Y como no hay recursos suficientes, entiendo que continuar legislando sin este aspecto cubierto es contraproducente y puede ser incluso muy perjudicial.

¿Se ha acelerado el proceso de transformación digital en la profesión por la pandemia?

Sí. Hemos empezado a mirar el mundo digital con otra perspectiva de mayor utilidad, para agilizar procedimientos que antes nos llevaban demasiado tiempo. Es cierto que vamos incorporando lo tecnológico a nuestras vidas, pero no siempre lo hacemos de forma correcta, porque muchas veces no sopesamos que la tecnología también conlleva riesgos y no ponemos las medidas suficientes para que esos riesgos sean los mínimos posibles. Quiero también destacar la situación de los autónomos: ha habido un bajón del negocio evidente, pero han ido sobreviviendo, algo en lo que ha ayudado la tecnología. Y esto les dará un buen empujón en cuanto a competitividad.

¿Está preparado el sector para este proceso de transformación?

Sí, pero tenemos que saber aprovechar las ventajas del cambio y descartar las desventajas, especialmente aquello que nos lleva a la esclavitud. La pandemia ha acercado a muchos abogados, que antes eran reacios, al mundo de la tecnología. Les ha mostrado que puede ser muy útil para agilizar los procedimientos, pero también que puede llevarnos a una esclavitud constante, porque hay clientes que llaman, mandan mensajes y correos a cualquier hora y esperan una respuesta con total rapidez. Esto ha duplicado las horas de trabajo, pero no la productividad. Y ahí los Colegios de Abogados tienen que echarnos una mano con la desconexión digital y ayudarnos a poner límites, para que los clientes entiendan que a determinada hora los abogados no les tienen por qué atender o, si les atienden, se lo pueden cobrar.

¿Cómo se puede atraer a los despachos más reticentes para que se transformen digitalmente?

Primero con formación. Además, hay que conocer qué hay en el mercado para saber qué necesito para mi despacho y adoptar, única y exclusivamente, la tecnología que realmente necesitamos. Por otro lado, las ayudas son otro factor importantísimo para dotarnos de suficientes recursos. Y también son importantes los programas de actuación o de políticas de Responsabilidad Social Corporativa que permitan al abogado ser dueños de su desconexión digital.

En relación con la formación, ¿se aborda el Derecho Digital en el Grado de Derecho?

No, apenas. Vamos muy tarde en la educación en material legaltech y ciberseguridad en los grados de Derecho. No hemos sido capaces de implantarlo como una asignatura troncal, pero ahora es necesario que se convierta en una asignatura transversal. Todas las asignaturas de la carrera de Derecho necesitan una perspectiva digital. Todas. Para ser un abogado generalista en 2021 es necesario conocer cómo funciona la tecnología.

¿Tiene recursos el sistema judicial para afrontar la transformación digital que se reclama?

No, pero el problema más grave que estoy viendo respecto al sistema judicial en materia de tecnología es la tendencia del legislador a aparcar a los jueces para la resolución de conflictos digitales, se está dejando en manos del sector privado decisiones que competen al Poder Judicial. A mí eso me parece escandaloso, la verdad.

¿Qué tipo de decisiones?

El control de contenidos. ¿Cómo podemos dejar en manos de una empresa privada el control de contenidos en las redes, la decisión de lo que los usuarios podemos ver y lo que no? ¿Quién decide cuál es nuestro derecho de acceso a la información, nuestra libertad de información y por qué? Las empresas van a resolver en función de criterios económicos, pero esos criterios no son los que tienen que decidir sobre nuestros derechos fundamentales en el mundo digital.

Si vamos aparcando a la justicia, al final se hará prescindible. Lo que hay que hacer es agilizarla y dotarla de recursos para que esto no ocurra.

Últimamente escuchamos hablar de tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, machine learning… ¿Se podrían incorporar de alguna forma al ejercicio profesional?

Por supuesto se acabarán incorporando. No puedo decir con qué rapidez se hará, pero sin duda vamos a tener que utilizar este tipo de tecnología, porque nos va a ayudar a resolver problemas muy automáticos. Y eso nos va a ahorrar tiempo para dedicarlo a otras actuaciones que requieren una intervención más humana, de razonamiento, de emociones.

Para incorporar herramientas de tecnología a un despacho se puede comenzar acercándonos a lo que ofrecen las editoriales jurídicas, que están haciendo un notable esfuerzo para la gestión de la información en los despachos. Y, también a los Colegios, que participan de esta transformación con las ayudas y con la educación del abogado.

Acaba de recibir el Premio de ENATIC a mejor jurista digital. ¿Qué papel debe jugar una asociación como ENATIC en la profesión?

Cuando nació esta asociación de abogados expertos en tecnología, en 2012, pretendía visibilizar la importancia de la materia en la que nos estábamos especializando. En este momento, esta asociación sigue siendo absolutamente necesaria: contribuye a visibilizar el derecho digital y nuestros retos profesionales, y también a visibilizar las carencias que, como abogados expertos en tecnología nos estamos encontrando.