Elena Arce: “El mayor horror de esta sociedad es haber colocado etiquetas a los niños y niñas y ver en ellos un peligro”

Por Mercedes Núñez Avilés

Se define como una “abogada de provincias”, definición que expresa su entusiasmo, compromiso y responsabilidad en la defensa de los derechos de los menores que llegan solos a España. Elena Arce fue una de las primeras abogadas que integraron la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía e impulsora de su modelo del turno de oficio. Desde la Federación Andalucía Acoge participó en el primer recurso de acogida que se abrió para estos menores. Desde 2007 es directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo. Ha tramitado cientos de quejas, poniendo de manifiesto el laberinto, por el que los menores han de transitar en un país que tiene como primera obligación protegerlos. Incide en que se tiende a criminalizar a los migrantes y ver en los casos de extranjería un carácter delictivo. Por ello, trabaja exclusivamente por hacer realidad que para los “menores en movilidad”, como prefiere llamarlos, su condición de niños sea lo sustantivo y la de extranjero lo adjetivo. Su dilatada trayectoria la ha convertido en una gran referente, habiéndolo sido, incluso para el propio Nacho de la Mata.

• ¿Qué supone para ti haber recibido el Premio Derechos Humanos de la Abogacía y más el Premio Nacho de la Mata?

Un premio muy especial en lo personal por la amistad que nos unía a Nacho y a mí. Pero también en lo profesional, porque aunque ya llevo 14 años en el Defensor del Pueblo, siempre digo que soy abogada de pueblo, de provincias, de Córdoba. Que la Abogacía reconozca lo que haya podido hacer estos años en el campo de los derechos humanos me hace especial ilusión.

• ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido de Nacho de la Mata?

Nacho representa lo que debemos ser los abogados o abogadas: cada ser humano es único e irrepetible. Cada persona hace posible lo que dice nuestro Estatuto General de la Abogacía,  los abogados estamos para defender en derecho los intereses que nos son encomendados. Si eres abogado, lo seas igual con independencia del tipo de cliente que tengas delante. Para él igual de importante era el chaval llegado en una patera que la persona más importante que hayas defendido y, por tanto, el mismo respeto, la misma atención y la misma certeza merecía.

• ¿Qué lleva a una abogada de provincias a dedicarse por completo a la defensa de los menores extranjeros no acompañados?

Mi dedicación a los derechos humanos y a los derechos de la infancia me vienen de muy al principio de mi ejercicio profesional. En 1994, recién terminada la carrera de derecho y sin colegiarme aún como abogada, estuve un año en Bolivia haciendo un voluntariado con las monjas “Las esclavas del Sagrado Corazón”. Descubrí que había muchos niños en ese país que no estaban inscritos en el Registro Civil y por tanto no podían ir al colegio. Mi primera actuación fue ir al Registro Civil acompañando a las madres para dar fe que yo conocía que ella era la mamá de ese niño. Quién me iba a decir años después que esto iba a ser objeto de mi trabajo diario. Los derechos de la infancia son los que me han llevado a entender a estos niños que están solos en un país distinto al suyo y se les acaba poniendo etiquetas de todo tipo, no ya el horror de MENAS, sino, peor aún, imputarle la categoría de “menor migrante”. Me gusta más llamarles “menores en movilidad”.

• ¿Cuál es el mayor temor de un menor extranjero no acompañado?

Es el mismo que el de un niño solo, no ser querido, sentir que los adultos tienen miedo de él. Con 13 o 14 años, notar que alguien te mira mal en función de tu nombre, nacionalidad o color de piel es una cosa muy dura. Enrique Martínez Reguera, una de las personas más importantes en el derecho de la infancia, tiene un libro titulado “De niños peligrosos a niños en peligro”. El mayor horror de esta sociedad en la que vivimos es haber colocado etiquetas a los niños y ver en ellos un peligro, en lugar de ser niños que ponemos en peligro en la sociedad.

• Fuiste una de las primeras abogadas, junto con Nacho en defender a estos menores. ¿Qué sentencia sentó un precedente en la tutela de estos menores?

Nacho fue el pionero. Consiguió que en el Reglamento Actual de Extranjería haya un capítulo dedicado a los procedimientos de repatriación en los que desde 2011 se detalla el procedimiento por el que el menor que se intente repatriar tenga derecho a la defensa. Antes de eso, algunos abogados teníamos que discutir con instituciones de todo tipo, a las que respeto muchísimo desde el punto de vista profesional, de instancias como la Fiscalía, que fuese necesario que las resoluciones de repatriación fuesen notificadas al menor antes de ejecutarla. Si no hubiera sido por él no se hubiera llegado al Tribunal Constitucional y no se hubiera conseguido el cambio, aunque ahora haya otras muchas instituciones que se pongan esa medalla, yo sé muy bien que es solo de Nacho contra todas las instituciones.

• En determinación a la problemática sobre la determinación de edad, ¿Cómo actúa la Fiscalía y qué papel has llevado a cabo para la protección del menor?

Fuimos la primera institución que se ocupó de este asunto con un informe monográfico que coordiné en 2010, “Menores o adultos- procedimiento de la determinación de la edad”, denunciando que no puede haber un procedimiento para determinar la edad, que modifica el estado civil de una persona y por tanto pueda tener consecuencias tan terribles como es el ser expulsado, sin la presencia judicial. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, estamos a noviembre de 2020 y todavía no lo hemos conseguido.  Nacho intentaba comprender cómo esas instituciones, como la Fiscalía, que están para defender la legalidad y los derechos de los menores en juicios y fuera de él, no lo llevaran a cabo.

• ¿Qué ocurre cuando esos menores cumplen la mayoría de edad y se quedan sin esa tutela?

Esa es una de las contradicciones de este sistema. Mi tesis doctoral: “Menor y extranjero: dos lógicas enfrentadas” intenta demostrar cómo los derechos del niño que, según la Convención de los derechos del niño y según la normativa nacional, deben ser protegidos sin tener en consideración la nacionalidad, en la práctica se acaba poniendo por delante la condición de extranjero y el menor, que en principio debe tener los mismos derechos, por el hecho de ser extranjero, al cumplir 18 años, dejan de recibir esa protección a la que tienen derecho, para acabar entrando en la Legislación de Extranjería, que es implacable. Y por tanto, ese principio humano de derecho a moverte libremente de un país a otro no tiene una cobertura práctica en las legislaciones nacionales. Se ha hecho mucho trabajo para intentar hacer ver a las administraciones lo absurdo de esa lógica, incluso desde el punto de vista económico. Ocurre igual con los niños que están tutelados. Un informe demoledor del Tribunal de Cuentas Andaluz de este año concluye que 6 de cada 10 menores alcanzan la mayoría de edad en el sistema de protección sin tener ningún tipo de recursos. Por tanto, tenemos un sistema de protección de menores que hay que revisar.

• Fuiste una de las primeras abogadas en integrar la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española, ¿Qué anécdotas recuerdas del trabajo en el Consejo?

Mi reconocimiento a Carlos Carnicer, anterior presidente, que fue el primero en confiar en un grupo de jóvenes abogados encabezados por Iñaki Almandoz, referente en la materia. El anterior decano, recientemente fallecido Pepe Rebollo o el primero, José María Muriel, o la diputada de Córdoba, Cristina Arranz, creyeron en mí. Algunos de esos compañeros son en la actualidad directores generales del Ministerio de Inclusión, como Paco Dorado, que fundó el turno de oficio de Extranjería en Granada y Santiago Yerga, en Jerez. Empezamos con la idea de que para prestar tus servicios en el turno de oficio de Extranjería, tengas una mínima preparación. Nuestros decanos no tuvieron ninguna duda en creerlo. Modificamos los turnos de oficio de nuestros Colegios. Gracias a eso, surgieron otros abogados fuera de Andalucía, como Javier Galparsoro o Marcelo Belgrano que formaron también parte del grupo de trabajo. La mejor anécdota es en octubre de 2005, cuando un grupo de subsaharianos saltaron la valla de Melilla. Hubo mucha polémica por las condiciones en las que se les había prestado la asistencia letrada. Junto a Javier Galparsoro, analizamos desde el punto de vista de los derechos humanos cómo la abogacía les había asistido. Por otro lado, volví a ir para la elaboración de un informe de Unicef en Marruecos, que contó con la colaboración del Consejo. La Abogacía Española ha sido pionera en la defensa de los derechos de los más débiles.

• Algunas menores pueden tener perfil de ser víctimas de trata, mujeres que llegan acompañadas de adultos, que dicen ser sus padres, ¿Cómo lucháis contra eso?

Hasta finales de 2013, después de una recomendación que hizo el Defensor del Pueblo, en el informe “La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles”, un capítulo se dedicó precisamente a esa nueva realidad que veníamos detectando. Poco a poco se fue feminizando la llegada en pateras o había más niños acompañados de adultos con los que decían tener relación. Hay que dejar claro que desde que se toman las pruebas de ADN, que es en el 2014, no es en absoluto cierto que la mayoría no sean sus hijos. Por eso me parece un horror el concepto de “niños ancla”, que solo busca criminalizar a los migrantes, que suele ocurrir con demasiada frecuencia. Se tiende a ver en todo lo que tiene que ver con la extranjería un carácter delictivo. Son sólo seres humanos que quieren buscar una vida mejor. Es muy importante abrir la mirada y ver cómo hay otras formas de ser familia. Deberíamos ponernos en la mente de una persona que quiera evitar que a esa niña le practiquen por ejemplo la mutilación genital que le han hecho a ella. Por ello se les criminaliza y también decimos imputarle todo tipo de delitos.

•  ¿Qué retos te quedan por conseguir para ayudar para mejorar la integración de estos “ni ilegales ni invisibles”?

Mi principal reto como abogada es no volverme a encontrar nunca más a un menor que ha pasado por delante de un letrado, un juez y un fiscal y no reconozca quién es su abogado. Mi reto es que la asistencia letrada no sea más presencia letrada. Que nos creamos de verdad que el ser abogado tiene mucha responsabilidad y que con los más vulnerables es la diferencia. Nuestra firma lo convalida todo. Quisiera jubilarme sabiendo que cuando hay una firma de un abogado, puedo estar convencida de que ha habido asistencia y no presencia letrada.