Fernando Rodríguez Santocildes: “Debemos incrementar los recursos para el seguimiento y protección de las víctimas de violencia”

El presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo, Fernando Rodríguez Santocildes, pide que se aumenten los recursos para evitar que sigan siendo asesinadas mujeres que están bajo el sistema de protección VioGén. Y también destaca la importancia de la denuncia, tanto por las víctimas como por testigos, para activar los recursos de protección. Todo ello será objeto de debate en las XII Jornadas de Violencia de Género que tendrán lugar el 26 y 27 de septiembre en Toledo.

¿Qué sigue fallando en el sistema si, incluso con denuncias previas y el sistema VioGén, continúan muriendo mujeres?

Aún existen muchas barreras, ya sean sociales, familiares o económicas, que dificultan o retrasan la denuncia. En algunos casos, las víctimas solo denuncian cuando la situación es insostenible. Por eso, es fundamental que las mujeres denuncien lo antes posible, ya que esto activa el proceso judicial y los recursos de protección. También es vital que la sociedad entienda su responsabilidad para denunciar cualquier indicio de violencia, ya sea que lo presencien vecinos, familiares o testigos.

Aunque el 35% de las víctimas en 2022 habían denunciado previamente, el sistema debe mejorar. Cuando una denuncia es presentada, se realiza una evaluación del riesgo, y en base a esta, los jueces adoptan las medidas de protección. A cada nivel de riesgo se le asignan diferentes grados de seguimiento y protección, pero, en ocasiones, estas medidas no son suficientes.

Debemos aumentar los recursos para el seguimiento y protección de las víctimas, así como desarrollar sistemas de detección temprana que den respuestas más inmediatas y eficaces. Y no debemos olvidar la importancia de educar a niños y adolescentes en la igualdad y en contra de la violencia de género, ya que esta violencia es el reflejo más extremo de la desigualdad entre hombres y mujeres.

En muchos casos, es difícil presentar pruebas que tengan suficiente garantía legal. ¿Cómo se puede apoyar a estas víctimas?

La abogacía desempeña un papel clave en este ámbito. Es cierto que muchos delitos de violencia de género ocurren en contextos privados, sin testigos, lo que complica la presentación de pruebas. A menudo, la declaración de la víctima es la única prueba disponible, aunque también existen pruebas digitales como mensajes en redes sociales, correos electrónicos, o WhatsApp.

Los abogados están formados específicamente para reunir y presentar pruebas adecuadas en los procedimientos judiciales, y saben cómo invocar la declaración de la víctima como prueba suficiente para contrarrestar la presunción de inocencia del acusado cuando sea necesario.

Se cumplen 20 años de la Ley Orgánica contra la violencia de género. ¿Qué valoración podemos hacer de esta ley?

Fue un avance decisivo en la lucha contra la violencia machista. Representó un enfoque integral, transversal y multidisciplinar, y ha sido reconocida a nivel internacional, tanto en Europa como por Naciones Unidas, que la citan como ejemplo de buena práctica legislativa. Fue un punto de inflexión para romper con la impunidad de la violencia de género y generar una mayor conciencia social sobre el grave problema que representa.

Su implementación permitió identificar algunas carencias que se han corregido con el tiempo. El Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, y la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, junto con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, han complementado y actualizado el marco legal. Aunque el balance general es positivo, no podemos hablar de satisfacción plena en una sociedad donde, desde 2003, han sido asesinadas 1.278 mujeres por sus parejas o exparejas. En lo que va de 2024, ya contabilizamos 34 víctimas, con 24 niños huérfanos. La lucha contra la violencia sigue siendo un desafío vigente.

¿Cuál ha sido el rol de la abogacía en la defensa de las víctimas durante estos años?

La abogacía ha sido fundamental en la protección de las víctimas de violencia de género, no solo desde la Ley Orgánica, sino incluso antes, cuando en 2003 se aprobó la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica. Desde entonces, se han establecido servicios de asistencia y asesoramiento en los Colegios de la Abogacía en España, muchos de ellos impulsados por asociaciones de mujeres abogadas.

Con la Ley Orgánica se consolidó la formación continua y especializada para los abogados que asesoran a las víctimas, algo que se ha reforzado con la Ley Orgánica 10/2022, enfocada en la libertad sexual. Es importante reconocer el trabajo de estos profesionales, que, a pesar de la alta calidad de su labor, reciben una retribución mínima, como el conjunto de la abogacía de oficio, una situación que debe resolverse con urgencia.

¿Por qué es necesaria una ley específica contra la trata y un turno especializado para atender estos casos?

La trata y la explotación de seres humanos es una realidad que a menudo pasa desapercibida, pero está mucho más presente de lo que solemos imaginar. El Gobierno está trabajando en una futura Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que es esencial. Este anteproyecto no solo aborda el aspecto punitivo, sino que también garantiza la protección y asistencia especializada a las víctimas, adaptándose a su perfil y a la forma de explotación sufrida.

Hasta ahora, nuestro Código Penal contempla el delito de trata, pero no el de explotación, algo que se corregirá en la nueva ley con la inclusión de un artículo que ampliará las modalidades de explotación penalizadas. Además, se prevé la asistencia jurídica gratuita para las víctimas, lo que requerirá la creación de turnos especializados dentro de los colegios de abogados para garantizar el mejor servicio posible.

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