03 diciembre 2020
Jorge Martí, presidente de la UIA: “El secreto profesional está siendo objeto de serias amenazas en múltiples jurisdicciones”
Jorge Martí, recién nombrado presidente de la Unión Internacional de Abogados (UIA), es experto en los ámbitos del derecho societario, bancario y financiero, fusiones y adquisiciones, y en derecho europeo y de la competencia. Ha desempeñado el cargo de secretario del Consejo de Administración en varias sociedades en las áreas de seguros, energía y capital riesgo y ha sido árbitro ad hoc en procedimientos arbitrales.
Desde el año 2002 desempeña cargos en la UIA cuando fue nombrado presidente de la Comisión de Derecho de Sociedades. Ha pasado por los puestos de presidente del Comité Nacional, director de Relaciones Internacionales y vicepresidente.
¿Qué cambios quiere impulsar en la institución?
Si bien es cierto que la UIA ha logrado objetivos muy importantes y dispone de un potencial enorme. El fortalecimiento del papel de los abogados jóvenes, la defensa de los derechos humanos y el papel de la mujer serán los ejes sobre los que pivotarán nuestras actuaciones y medidas. Dedicaré todos mis esfuerzos para que la UIA continúe extendiendo su influencia sobre diversas instituciones nacionales e internacionales ligadas al derecho, a la profesión de la abogacía y a los derechos humanos. En este sentido, es esencial recuperar el espíritu que prevaleció durante la creación de la UIA en 1927: una organización inclusiva y global que luche contra las injusticias y que nos permita vivir en una sociedad más justa.
Quiero también que la UIA refuerce su vocación didáctica y formativa, fortaleciendo su rol en las universidades, los centros de estudio y los colegios profesionales. Por último, quisiera que parte de esa labor de formación pasara por potenciar el e-learning como herramienta didáctica y de trabajo para los abogados.
Otro objetivo es poner especial énfasis en los abogados jóvenes. No hay que olvidar que ellos son nuestro futuro y que, por esta razón, debemos incorporarlos a nuestras actividades y a nuestros órganos de gobierno. Podemos aprender mucho de ellos y nos han de aportar su energía y entusiasmo, a la vez de ayudarnos a mejorar en aspectos tales como la comunicación, el mejor uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y de otros muchos recursos útiles que los abogados jóvenes manejan a diario.
¿Está afectando el Covid-19 al ejercicio de la abogacía internacional?
En el contexto Covid, todos nos hemos tenido que reinventar. Los abogados no solo lo hemos hecho, sino que lo hemos hecho con éxito, y todos nos hemos de sentir orgullosos por ello. Decía el emperador Marco Aurelio que lo único constante en la vida es el cambio. Gracias a las nuevas tecnologías nos hemos adaptado, si bien de forma abrupta y rápida, a una nueva realidad. Gracias a las nuevas tecnologías, los abogados hemos podido seguir trabajando desde nuestros hogares durante el confinamiento. Gracias al personal de soporte de nuestros despachos y a sus conocimientos en tecnologías de la información, y a nuestra apertura de mente, hemos podido hacer frente a los retos planteados, tanto a escala nacional como a escala internacional.
¿Cómo puede favorecer la UIA y la abogacía institucional española de forma conjunta a nuestros abogados para mejorar su ejercicio de la profesión y para reforzar al Estado de Derecho?
La UIA y la abogacía institucional española trabajan juntas desde hace muchos años. El Consejo General de la Abogacía Española y los principales Colegios de Abogados españoles son miembros muy activos de la UIA. Victoria Ortega, participó como ponente en la última cumbre de Líderes de la Abogacía Mundial organizada por la UIA en la Organización de las Naciones Unidas. En el Senado de los Colegios de Abogados de UIA celebrado en Luxemburgo el pasado año, se trabajó conjuntamente en la preparación de un informe sobre el secreto profesional, que está siendo objeto de serias amenazas en múltiples jurisdicciones.
¿Qué mejoras cree que podrían adoptarse en la justicia española para favorecer su agilidad y seguridad y qué puede aportar la abogacía institucional?
Abrir una deliberación sobre el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la justicia española y la agilización de los trámites a través de medios telemáticos sería muy deseable. El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados tienen mucho que decir. En algunos países, se debate si las vistas orales en un proceso penal es deseable que se celebren de forma telemática y no presencial, o si esto es contrario al sistema de defensa, pero en derecho de familia la presencia es importante. Pero no nos engañemos, una justicia que llega tarde es una justicia de mucha menos calidad que una justicia que se imparte de forma ágil. Si todas las partes están de acuerdo en recurrir a los medios telemáticos para celebrar trámites y vistas, esto puede ayudar mucho.
En un mundo internacionalizado ¿Son la mediación y el arbitraje soluciones a corto plazo del retraso judicial?
Indudablemente, los medios de resolución alternativa de conflictos son una medida que contribuye a rebajar el volumen de trabajo de los tribunales. La abogacía preventiva es siempre más eficiente que la abogacía patológica: mejor invertir en tener un buen contrato redactado por profesionales que un mero apretón de manos seguido de grandes decepciones que son el inicio de conflictos. En España estamos aún lejos de lo que ocurre en los países anglosajones, en los que se tiene desde un abogado de cabecera para las personas físicas a un mecanismo de verificación por el equipo de abogados, interno o externo, antes de firmar algún contrato o emprender un proyecto.
¿Qué buenas prácticas y sistemas de modelos internacionales de abogacía podrían aplicarse en nuestro país y cuáles del modelo español podrían exportarse?
Las buenas prácticas internacionales ya se encuentran en nuestro país. Citaría, por ejemplo, la revisión previa y pormenorizada de los conflictos de interés de forma rigurosa. También nuestra tradicional hoja de encargo que regule la responsabilidad del abogado frente al cliente, la identificación de quién es el cliente, el alcance del asesoramiento (por ejemplo, si cubre los aspectos fiscales y laborales o solo los aspectos mercantiles). Otra medida muy extendida en España que sería exportable es la práctica de solicitar una provisión de fondos.