Tania García: “Las empresas tienen una responsabilidad ineludible en la protección de los DDHHs, no hay espacio para la impunidad”

-Por Mercedes Núñez y Karla Rojas-

Tania García es la presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE),  creada en 1976, y que fue la primera entidad para la defensa y promoción de los Derechos Humanos en España. Este año es reconocida como Premio Derechos Humanos de la Abogacía en la categoría “Iniciativa Social”.

APDHE forma parte de la Plataforma de Empresas Socialmente Responsables e impulsa la negociación para la trasposición de la nueva Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD). Como miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos, para concienciar sobre la necesidad de que las empresas evalúen los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente asociados a sus operaciones y las de sus filiales y socios comerciales en toda la cadena de suministro, han lanzado campañas contra las malas prácticas empresariales. Asimismo, forma parte de la Plataforma de Empresas Responsables con quienes comparten principios e iniciativas.

¿Qué papel juega la APDHE en la trasposición de la Directiva Europea sobre Diligencia Debida a la legislación española, y cuáles son sus expectativas en este proceso?

La APDHE ha desempeñado un rol activo en impulsar esta normativa, ha colaborado en el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos y trabaja en el Consejo de Desarrollo Sostenible para alinear las políticas públicas con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Hacemos un llamado al gobierno español para incorporar la Directiva al marco normativo sin demoras e incluirla en el próximo Plan Anual Normativo, extender su alcance a más sectores como el armamentístico, integrar la perspectiva de género como eje central, y asegurar la responsabilidad civil, justicia para las víctimas y la eficacia de las autoridades responsables del control.

 En su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos para garantizar que las empresas cumplan con estándares de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos?

El mayor desafío es la falta de voluntad empresarial, a pesar de que existen marcos como los principios rectores de la ONU desde 2012 y las directrices de la OCDE actualizadas en 2023. Las empresas deben integrar la Diligencia Debida en toda su cadena de valor y abordar impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente, incluyendo el cambio climático, biodiversidad y contaminación. Asimismo, es necesario incluir la perspectiva de género asegurando la participación segura de las mujeres y los colectivos que las representan.

 ¿Qué resultados ha conseguido la campaña #SeeYouInCourt (#NosVemosEnLaCorte)?

La campaña liderada por la Federación Internacional de Derechos Humanos busca responsabilizar a empresas y Estados por violaciones de derechos humanos y daños ambientales. Desde APDHE resaltamos casos como el del litigio en Perú por el derrame de miles de barriles de petróleo por parte de Repsol, que generó graves daños ecológicos y económicos; las denuncias en Chile contra AES Gener por intoxicaciones masivas y contaminación causada por centrales eléctricas; y la solicitud en Colombia de medidas cautelares ante la CIDH por el desvío del arroyo Bruno para expandir la mina Carbones del Cerrejón, afectando tanto a las comunidades locales como al ecosistema.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las empresas españolas sobre su papel en la protección de los derechos humanos?

Las empresas tienen una responsabilidad ineludible en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. No hay marcha atrás ni espacio para la impunidad. Deben adoptar un compromiso firme para respetar los derechos en sus operaciones y relaciones comerciales.

¿Cómo detectan la fiscalización por parte del Estado de la actividad empresarial en casos de ventas de armas vinculadas contra la actividad empresarial?

La APDHE critica la limitada transparencia y fiscalización en la exportación de armamento español porque la legislación actual no obliga a las empresas a monitorear el uso final de sus productos. España tiene la obligación de realizar evaluaciones de riesgo bajo el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas y normas internacionales, pero esto no se cumple, por ello instamos a reforzar los controles, la trazabilidad y la diligencia debida en el sector armamentístico.

¿Cómo contribuirá la denuncia ante la Corte Penal Internacional por apartheid de género en Afganistán, apoyada por el Consejo, a proteger los derechos de mujeres y niñas frente a las violaciones sistemáticas bajo el régimen talibán?

Esta acción busca mantener la atención internacional y combatir la impunidad, subrayando los riesgos globales que implica la represión sistemática. Esta situación no solo viola derechos humanos, sino que amenaza la estabilidad global y fomenta el extremismo.

 A lo largo de su trayectoria, ¿cuáles han sido los mayores logros de la Asociación?

La APDHE ha fortalecido las redes de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y trabajado en casos emblemáticos como la justicia universal por la masacre de jesuitas en El Salvador, las denuncias de crímenes del franquismo, la personación en tragedias migratorias como el caso del Tarajal en Ceuta y la masacre de Melilla, la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno de Afganistán, y la elaboración de informes académicos para combatir la trata de personas y la explotación laboral severa. Desde APDHE reafirmamos el papel fundamental de la sociedad civil como motor en la defensa de los derechos humanos, contribuyendo a la cohesión social y al fortalecimiento de la democracia.