Juntas de Vigo – Bienvenida Presidente
Bienvenida del Presidente
Nos jugamos mucho, todos
Carlos Carnicer Díez
El 27 y 28 de junio se celebrarán en Vigo Las VI Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y Consejos Autonómicos, una reunión que tiene lugar cada cuatro años, entre los Congresos de la Abogacía y que sirven tanto para debatir los asuntos que afectan a los Colegios de Abogados como para avanzar la preparación del siguiente Congreso Nacional de la Abogacía, que, en esta ocasión, se celebrará en 2015.
Esta reunión de Vigo es especialmente importante por el momento y por los temas que hay encima de la mesa, en particular una nueva Ley de Servicios Profesionales ya anunciada por el Gobierno. Pero hay más: la Ley de Tasas, la Ley de Justicia Gratuita, la de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyas batallas no ha abandonado ni abandonará en ningún momento la Abogacía, y muchas otras reformas que en el mundo de la Justicia está tramitando el Gobierno y que van suponer, de llegar a término, un cambio radical en nuestra Justicia, aunque no necesariamente un cambio negociado y discutido con todos los operadores jurídicos y por tanto, tampoco a priori un cambio en la buena dirección.
A esta convocatoria concurre una generosísima mayoría de los responsables del gobierno de nuestras instituciones colegiales. Espero que con mayor presencia y actividad que nunca. Las opiniones y aportaciones que se presenten gozarán, además de su propia autoridad, de la correspondiente a la experiencia y responsabilidad de los responsables de la política y administración de las instituciones actuales de la Abogacía Española.
En Vigo deberíamos estar dispuestos a cuestionar absolutamente todo, abandonando cualquier atisbo de corporativismo rancio o posiciones rígidas que impidan la imprescindible flexibilidad en el tratamiento de los numerosos problemas que nos conciernen. Pero también convencidos de la defensa de una profesión que defendiendo los principios básicos de la Justicia, los pone al servicio de los ciudadanos.
Estos días procede analizar la consideración legal y real de nuestra profesión, hoy y de cara al futuro. Si no servimos valores superiores, pero, sobre todo, si no servimos a los intereses generales de la ciudadanía no servimos para nada. Hace algo más de tres décadas, la Abogacía como profesión tuvo para nuestros constituyentes la máxima consideración. Tan importantes funciones y encargos exigían estructura y normativa institucional, acogida con carácter general en el artículo 36 de la Constitución, con la muy destacable singularidad de ser el único texto constitucional en el mundo que hace referencia expresa a los Colegios Profesionales.
Realmente lo que hace la Constitución Española no es sino reconocer el altísimo nivel de eficiencia y eficacia alcanzados por los Colegios Profesionales a lo largo de la historia. Instituciones multiseculares de origen gremial que cumplen desde sus inicios loables y benéficas acciones para sus asociados, pero también fundamentales para la sociedad a la que sirven profesionalmente.
En las últimas décadas, los Colegios profesionales y específicamente los Colegios de Abogados, se han ido adaptando a la sociedad de tal forma que, desbordando con mucho lo que venían siendo sus iniciales fines gremiales, se han acreditado como eficientes y eficaces servidores públicos, defensores del interés general, y sin coste alguno para el Estado ya que, desde siempre, y para preservar su independencia, los Colegios Profesionales se han financiado con las cuotas de sus colegiados.
Los Colegios de Abogados hemos sido una voz libre e independiente, fundamental para garantizar el derecho de defensa y para impedir recortes, para dar servicios a los colegiados, especialmente en materia de formación; para proveerles de herramientas tecnológicas; siempre para dar servicios a los ciudadanos de asistencia y orientación jurídica, especialmente a los más vulnerables, para contribuir a la modernización de la Justicia o para defender a los ciudadanos ante medidas y/o normativas, como las tasas, que impiden o dificultan el acceso a la Justicia, o las ejecuciones hipotecarias o de desahucio, que desplazan las cargas sociales hacia los más débiles, o la mordaza que persiguen la reducción y supresión de instituciones colegiales.
En Vigo tenemos que ser capaces de reforzar ese compromiso con la sociedad y de defender el papel fundamental que, a coste cero para el Estado y los ciudadanos, realizan los Colegios de Abogados.