Carmen Sánchez-Cortés, secretaria de Estado del Ministerio de Justicia: “Al final de este semestre, la Justicia Digital será ya una realidad en sedes judiciales”

La secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, realiza un balance de los cerca de 100 días de obligatoriedad en la utilización de LexNET por todos los operadores jurídicos. La responsable de la ordenación, planificación, apoyo y cooperación con la Administración de Justicia reconoce que en todos los procesos de cambio y modernización “es habitual que surjan incidencias que es necesario atender y solventar”.

1.- Cerca de cumplirse los 100 días desde la puesta en marcha de LexNET, ¿cómo valora su aplicación en el territorio competencia del Ministerio de Justicia y las incidencias que han surgido hasta ahora?

Cuando hablamos de LexNET y de la iniciativa de hacer obligatorio su uso desde el 1 de enero 2016, se olvida con cierta frecuencia que no es un proyecto que el Ministerio de Justicia haya puesto en marcha partiendo de cero. LexNET comenzó a impulsarse en nuestra Justicia hace más de diez años. En las CCAA gestionadas por el Ministerio de Justicia los procuradores ya usaban LexNET en todas las jurisdicciones menos en la penal. Es decir, LexNET era una herramienta que venía probándose y utilizándose desde hace tiempo.

Partiendo de esta constatación, lo que se decidió con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por las Cortes el pasado año, no fue exactamente poner en marcha LexNET sino acelerar la implantación de las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, haciéndolas obligatorias a partir de una fecha, el 1 enero 2016, para lo cual, se utiliza Lexnet como sistema de gestión de comunicaciones telemáticas desde los profesionales de la justicia a los órganos judiciales y a la inversa.

Y es cierto que, como en todos los procesos de cambio y modernización, es necesario realizar un esfuerzo, no sólo técnico y humano por parte de quienes, en las distintas Administraciones Públicas han de dar soporte a este servicio, sino de adaptación en la forma de trabajar de todas aquellas Instituciones y profesionales implicados en el proceso: la Administración de Justicia, principalmente y también los Colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales. Durante estos procesos es habitual que surjan incidencias que es necesario atender y solventar.

Para ello, el Ministerio de Justicia realiza un seguimiento puntual y exhaustivo de estas incidencias, a través de un Plan de Seguimiento y Control que permite identificarlas y adoptar con celeridad las medidas correctoras adecuadas. Desde su puesta en funcionamiento, hemos recibido un total de 5.976 entradas de incidencias de las que ya se han resuelto un 86 %. En cuanto al resto, nuestros equipos profesionales están trabajando en su estudio y resolución con la mayor celeridad posible. Algunas de estas incidencias se refieren a la lentitud del sistema o las interrupciones del servicio. Para solventarlo, hemos diseñado asimismo un Plan de medidas de optimización de la arquitectura tecnológica que ayudará a mejorar el funcionamiento y la respuesta del sistema.

Dicho lo anterior, LexNET ha permitido, desde el 1 de enero de este año, realizar más de 12 millones de comunicaciones electrónicas y ha sido capaz de incorporar al sistema nada menos que a 147.000 profesionales, lo que implica un incremento de un 236% respecto de la situación existente a finales de 2015. En un solo día LexNet procesa una información equivalente a la de toda la campaña de renta.  Es un sistema, sin duda alguna mejorable, que demuestra robustez y capacidad en sus funcionalidades.   

2.- ¿Cuál es su valoración con respecto a la aplicación en las comunidades autónomas con competencias en Justicia, sobre todo Andalucía, País Vasco, Valencia, Madrid y Cataluña?

Vayamos por partes. A día de hoy, la implantación de las comunicaciones electrónicas en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia es plena, cumpliendo así con el mandato legal que establece la obligatoriedad de presentación y emisión de escritos por esa vía desde el pasado 1 de enero. Además, la integración del Sistema de Gestión Procesal con LexNET se realiza de forma automática, por lo que en los órganos judiciales no es necesario realizar ninguna actuación manual adicional.

Respecto a las Comunidades Autónomas que tienen transferidos los medios en Justicia, la decisión de impulsar las comunicaciones telemáticas a partir del 1 de enero de 2016, se anunció en febrero de 2015 es decir, casi un año antes, para que todas tuvieran tiempo suficiente para adaptarse y adoptar las medidas necesarias en el marco de sus competencias y responsabilidades. Desde entonces se trabaja intensamente con ellas, a nivel técnico, en el Comité Técnico Estatal de Administración Electrónica y, a nivel institucional, en la Comisión para la Justicia Digital. El Ministerio de Justicia ha puesto a su disposición, no sólo su herramienta, LexNET, sino también formación, asistencia y  apoyo financiero, éste último mediante la firma de convenios.

A día de hoy, no obstante, su situación varía en función de si han logrado integrar sus respectivos sistemas de Gestión Procesal o han completado la implantación de las comunicaciones electrónicas en sus respectivos ámbitos.

Así, por ejemplo, en Andalucía y hasta finales del pasado año se venían realizando los actos de comunicación a los procuradores a través de LexNET, y desde enero de este año son todos los profesionales de la justicia los que reciben los actos de comunicación por este canal y también todos los obligados realizan la presentación de escritos a través de LexNET; la Comunidad Autónoma está realizando un esfuerzo notable para culminar la integración de LexNET con su Sistema de Gestión Procesal.

El País Vasco dispone de la aplicación Justicia.sit para abogados y procuradores, a través de la que pueden ser notificados y presentar escritos de trámite y demandas, dentro de su ámbito territorial.

En la Comunidad Valenciana ya están utilizando LexNET para los actos de comunicación a procuradores en todos los órganos judiciales. En esta Comunidad, la integración entre LexNET y Cicerone se realiza a través de intercambio de ficheros, si bien estamos en contacto con dicha Comunidad para poder migrar a un modelo más ajustado a través de Servicios Web.

Por su parte, en la Comunidad de Madrid se inició la práctica de notificaciones dirigidas a los procuradores a través de LexNET en 2008, pero hasta el año pasado el número de órganos judiciales que lo utilizaban fue poco significativo. El modelo de integración de su Sistema de Gestión Procesal con LexNET hasta finales 2015 se llevaba a cabo  a través de un intercambio de ficheros, aunque la Comunidad ha estado modificando su plataforma para poder realizar también la interconexión vía Servicios Web.

Finalmente, por lo que se refiere a Cataluña, se está utilizando LexNET para las notificaciones a procuradores y letrados de la Comunidad Autónoma, si bien el sistema está “técnicamente preparado” para poder enviar notificaciones a graduados sociales y abogados y que previsiblemente realizarán dentro del primer semestre de este año.

Estoy convencida de que, en poco tiempo y entre todos, Estado y Comunidades Autónomas, habremos sido capaces de incorporar definitivamente las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, mejorando los medios puestos a disposición de los profesionales y siendo capaces, en definitiva, de proporcionar a la sociedad unos servicios de mayor calidad y que, además, sean más ágiles y eficientes.

3.- ¿Los problemas de LexNET pueden afectar a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva?

Me gustaría destacar, en primer lugar, que para garantizar la seguridad, como tal, el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad nos permite asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos utilizados en las presentaciones y en las comunicaciones y notificaciones electrónicas. Ninguno de estos elementos, se lo aseguro, resulta afectado por el proceso.

Pero además, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que hemos impulsado durante la pasada legislatura prevé las medidas necesarias para garantizar plenamente tanto la seguridad jurídica como el derecho a la tutela judicial efectiva.  Por esa razón, cuando la presentación de escritos perentorios por medios electrónicos no fuera posible dentro de plazo por una interrupción no planificada del servicio, la propia LEC prevé que se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, pudiéndose ampliar los plazos para garantizar el acceso. Quien se encontrara en tal circunstancia, por tanto, podrá realizar la presentación el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.

Por otra parte, es constatable que los letrados de Administración de Justicia están velando para que cualquier problema de carácter técnico que pudiera derivarse del sistema, no tenga repercusión en términos de tutela judicial efectiva para los  profesionales y los ciudadanos cuyos intereses representan y defienden. Esta atenta labor de los letrados de Administración de Justicia nos la vienen confirmando los profesionales en los numerosos contactos que estamos manteniendo con ellos.  

4.- Ante las disfunciones detectadas y los problemas comunes en todo el territorio ¿cómo valora la petición de la Abogacía para compatibilizar la presentación de escritos tanto en papel como por Internet hasta que se resuelvan los problemas?

A pesar de las dificultades que puedan existir, no podemos seguir aplazando la superación de una asignatura pendiente en nuestro país como es la agilización de la Justicia y la modernización de las herramientas y procesos de trabajo en nuestros Juzgados y Tribunales. Entendemos que la única manera de avanzar en este campo es hacerlo con determinación , por lo que la solución pasa, no por dar pasos atrás, sino por solucionar una a una las incidencias que se producen, seguir colaborando entre todos y adoptar con responsabilidad y diálogo, las medidas necesarias para lograr el éxito de este proyecto.

Sin lugar a dudas, el compromiso de la Abogacía Española y su participación activa en la generalización de las comunicaciones electrónicas es patente.

Para reforzar esta colaboración, y a petición de los profesionales, hemos creado comisiones mixtas en cada provincia en las que nos estamos reuniendo con los decanos de los Colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. De esas comisiones, que han transcurrido con un espíritu francamente constructivo, se ha derivado un plan de mejora con actuaciones concretas para solucionar aquellos aspectos que más preocupan a los operadores y que ya estamos ejecutando. Creo, sinceramente, que este es el camino. Desde mi punto de vista, permitir esa doble vía a la que alude la pregunta puede contribuir a aparcar el problema y diferir la solución, además de complicar y duplicar el trabajo de los propios  profesionales y de las oficinas judiciales.

Entre las cuestiones que más preocupan a los profesionales se encuentra la excesiva lentitud del sistema en las horas punta de trabajo, la emisión automática de justificantes por paradas superiores a las 2 horas, las opciones de reenvío y conservación de borradores…Todo esto,  y otras cuestiones que nos plantean los Colegios lo estamos abordando en los Planes a los que antes me refería.

5.- ¿Considera que funcionarios, letrados de la Administración de Justicia y magistrados y jueces están suficientemente preparados para afrontar LexNET?

Desde la Secretaría de Estado de Justicia hemos puesto en marcha un amplio abanico de medidas para reforzar la capacitación de los empleados públicos que trabajan en nuestros juzgados y tribunales. Para lograr ese objetivo, hemos reforzado la formación del personal que presta servicios en las oficinas judiciales dependientes del Ministerio de Justicia mediante un total de 1.127 acciones formativas, tanto presenciales como on-line, para un colectivo de 9.874 profesionales.

Se trata, además, de actuaciones  continuadas en el tiempo, que no se limitan, por tanto, a la propia actividad formativa, sino que se extienden al seguimiento y soporte posterior. Estas actuaciones, unidas a la instalación de 7.200 dobles pantallas y de nuevo  equipamiento, en concreto 500 escáneres de alta capacidad, contribuyen sin duda alguna  a mitigar el impacto que  presenta la generalización de las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, facilitando el trabajo cotidiano del personal a su servicio.

Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, así como a los profesionales de la Justicia, desde el Ministerio de Justicia estamos prestando todo el apoyo necesario para lograr la plena integración de todos los colectivos en el nuevo marco que representa LexNET. Quiero destacar, por ejemplo, las acciones de formación llevadas a cabo para formadores de otras Administraciones, la puesta a su disposición de los materiales formativos, y la estrecha colaboración y apoyo que venimos prestando desde el Ministerio de Justicia para lograr ese objetivo.

6.- La Abogacía Española ha hecho un esfuerzo y una apuesta decidida por la modernización en la Justicia. ¿Cómo valora la preparación de los abogados para utilizar la nueva herramienta tecnológica?

La Abogacía Española está jugando un papel crucial y de enorme importancia en este proceso.  Con Reto LexNet y el conjunto de iniciativas que le han seguido, la Abogacía se ha movilizado y se ha comprometido plenamente con el proyecto.

Desde el Ministerio, por una parte, hemos reforzado la colaboración con el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados para que éstos dispongan de herramientas que les permitan proporcionar soporte y formación adecuada a todos sus asociados. Durante el año 2015 se han celebrado distintas reuniones donde se han llevado a cabo presentaciones del proyecto, acciones de sensibilización, coordinación de las actuaciones de implantación y puesta a disposición de la información, conocimiento y  materiales. Funcionalidades solicitadas por los abogados, como sustituciones y autorizaciones, se han incorporado a la plataforma porque son esenciales para el desempeño de su trabajo cotidiano

Por otra parte, hemos reforzado la colaboración directa con los abogados a través de tres canales de interacción. En primer lugar, el portal web lexnetjusticia.gob.es permite a los  profesionales acceder a información de utilidad, plantear consultas, resolver dudas frecuentes, registrar incidencias relacionadas con el funcionamiento de LexNET, y seguir los posibles avisos que puedan producirse en el servicio. En segundo lugar, contamos con una fuerte presencia en las redes sociales a través de Twitter, con más de  4.600 seguidores, permitiendo una comunicación en tiempo real y con la posibilidad de compartir recursos. Y, en tercer lugar, a través del canal que hemos creado en YouTube estamos incorporando vídeos demostrativos para los profesionales.

7.- La Fiscalía General del Estado ha denunciado que LexNET genera en su aplicación diaria ineficiencia, retraso e inseguridad ¿Cómo se va a solucionar la compatibilidad entre la decena de aplicaciones?

El papel de la Fiscalía en este campo es fundamental. A fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas por la Fiscalía y asegurar la implantación del proyecto de comunicaciones electrónicas en este ámbito, un equipo de trabajo específico y  permanente  se reúne cada semana con la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, con la misión de  hacer el seguimiento de todas las acciones en marcha. Más de 15 peticiones específicas de la Fiscalía han sido ya atendidas y otras tantas están ya programadas y fechadas para ser incorporadas a las comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal.

Por otro lado, hemos diseñado, además, un Plan de Acción para el Ministerio Fiscal que recoge un conjunto de actuaciones en el ámbito tecnológico con el objetivo de desarrollar proyectos y de suministrar servicios que pongan a su disposición un Sistema de Información plenamente integrado. En este sentido, tenemos presente que la Fiscalía tiene que intercambiar información de manera continuada con los ocho sistemas de gestión procesal existentes.

Finalmente, se han firmado Convenios de colaboración para la creación de las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia. La finalidad de estos convenios es mejorar la coordinación en todo lo relacionado con el ámbito de la Administración de Justicia, incidiendo especialmente en las materias relativas al personal y a la tecnología para el desarrollo de la actividad de los miembros de la carrera fiscal.

8.- Ante los problemas de funcionamiento y la denuncia de falta de medios para la modernización de la Justicia, ¿son suficientes los 6 millones de euros ofrecidos por el Ministerio a las comunidades autónomas?

La apuesta por la modernización tecnológica tiene su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado con una dotación adicional de 6 millones de euros para la firma de convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, que ya disponen de sus propios presupuestos y recursos en esta materia, al haber asumido competencias en materia de gestión de los mismos. Esta cantidad, que insisto, es adicional a la que ellas aporten, se distribuye entre las doce Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de Justicia, de acuerdo con lo acordado en la Conferencia Sectorial, destacando entre sus fines  el impulso de las nuevas tecnologías en el ámbito de los juzgados y tribunales, a fin de alcanzar una justicia ágil, accesible y de calidad, basada en un modelo digital, abierto, innovador e integrado. Esta cantidad se consignó en 2015 y está contemplada de nuevo en los Presupuestos Generales del Estado de este año, 2016. Hablamos, por tanto, de 12 millones en total.

Pero esta no es sino una pequeña parte del esfuerzo desarrollado por el Ministerio de Justicia, que está dedicando a las nuevas tecnologías 123 millones de euros durante este período (2015-2016), lo que ha permitido, realizar las acciones formativas a las que antes me refería y mejorar los equipos, sistemas e infraestructuras que dan soporte al proyecto. Muchas de estas actuaciones, en concreto las mejoras y evoluciones llevadas a cabo en LexNET, se han puesto a disposición de las CCAA sin contraprestación alguna.

9.- ¿Se han creado y están funcionando las Comisiones de Seguimiento en los partidos judiciales para resolver las deficiencias detectadas?

Efectivamente, como antes le decía y para lograr el éxito de este proyecto, hemos constituido comisiones mixtas de ámbito provincial, formadas por el Ministerio de Justicia y los Colegios de Profesionales, que tienen como objetivo establecer cauces de relación y comunicación y seguir avanzando en la detección y resolución de las incidencias que se planteen durante el proceso de implantación de las comunicaciones electrónicas.

Yo misma he participado en algunas de estas reuniones. La última reunión de seguimiento tuvo lugar el pasado 15 de marzo en Palma de Mallorca y creo que la experiencia en el funcionamiento de estas comisiones es muy útil para todos. Constituyen, además, una oportunidad para conocer las inquietudes de los profesionales y poder explicarles o aclararles las dudas que nos plantean, de primera mano. A partir de las mismas hemos elaborado, como ya señalé antes,  medidas correctivas para los problemas que nos trasladan. Tengo que decir que más allá de las dificultades que, evidentemente existen, se detecta una apuesta decidida de  los profesionales en la implantación de las Nuevas Tecnologías en la Justicia.

10.- ¿Cuándo podremos contar con un auténtico expediente digital en los juzgados y tribunales españoles?

Actualmente estamos trabajando intensamente en desarrollar el Expediente Digital, a través de distintas experiencias que hemos puesto en marcha en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, así como en los Juzgados de primera instancia de Cuenca, además de encontrarse en fase de implantación en la Sede Judicial de Cáceres.

Creo que la existencia de un auténtico expediente digital en los juzgados, no es una cuestión meramente técnica, sino que depende de otros factores igualmente esenciales como el cambio de hábitos culturales en todos los profesionales de la Justicia que trabajan en un juzgado o que interactúan con él. Al final de este primer semestre la Justicia Digital, con todo el proceso de tramitación judicial electrónico operativo, hasta la sentencia, será ya una realidad en sedes judiciales de España.

Por ello, y aun siendo consciente de las dificultades y de la complejidad de todo este proceso, puedo asegurar que estamos ante un proyecto de éxito y que, paso a paso, nos estamos acercando hacia la plena digitalización de nuestra Justicia en concordancia con los avances que está experimentando la sociedad del Siglo XXI y a los que ninguna Administración puede permanecer ajena.