Oriol Rusca, decano del Colegio de Barcelona: “TISA y TTIP son una amenaza para abogados y ciudadanos”

Los Acuerdos sobre el Comercio de Servicios (TISA) y sobre la Negociación Comercial Trasatlántica entre EEUU y UE (TTIP) ¿suponen un avance o son una amenaza para abogados, profesionales y ciudadanos? El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Oriol Rusca, expone en esta primera entrega de la nueva sección 10 PREGUNTAS A… los principales riesgos que para ciudadanos y profesionales suponen estos tratados.

Rusca afirma que “en estos momentos es una amenaza para todos, y en especial para los ciudadanos, que son a quienes defendemos los abogados. Es un retroceso clarísimo”.

1. ¿Qué son y qué representan los Acuerdos TTIP y TISA para los ciudadanos europeos en general? ¿Cree usted que éstos están informados sobre cómo les puede afectar?

Ambos acuerdos suponen un cambio de modelo que debilita esencialmente a los ciudadanos, toda vez que profesiones, como abogado o médico, pasarán a ser exclusivamente una prestación de servicios puramente mercantilista. Este cambio puede producir colisiones entre  los intereses de esos “nuevos servicios mercantiles” con el deber de honestidad, lealtad y confianza que hasta la fecha caracteriza las profesiones. Precisamente los valores inherentes a los que ejercemos profesiones relacionadas con la sanidad pública o la seguridad jurídica se disiparán y el factor dinero y giro mercantil pasarán al primer plano. Eso, sin duda llevará aparejada una mayor inseguridad por parte de los ciudadanos. El papel de organización y ordenación de la profesión que tienen encomendado los Colegios Profesionales y el control deontológico de la profesión son esencialmente una garantía para todos los ciudadanos. Si cambiamos esos principios esenciales y valores por las reglas del negocio y del dinero es evidente que saldrán perdiendo los ciudadanos y todos los que pensamos que las profesiones son algo más que un mero negocio. Nuestra profesión es un servicio a las personas.

Los ciudadanos están mal informados, pero no sólo ellos. Todos estamos huérfanos de información y transparencia. Sólo hay que recordar que dichos tratados son “secretos”, y así se estipula en los mismos. Si hemos tenido conocimiento de estos dos tratados ha sido gracias a las filtraciones de Wikileaks. Esto pone de manifiesto la desconfianza de los propios firmantes acerca del efecto de dichos tratados sobre la población. Si realmente son tan buenos y beneficiosos, como parecen decirnos ahora, no tiene sentido alguno que se hagan de forma secreta. Y si se hace es porque sólo sirve a determinados intereses especulativos, en contra de los propios ciudadanos. Impropio de una sociedad moderna del Siglo XXI.

2. El pasado 3 de febrero el Parlamento Europeo realizó una serie de recomendaciones a la Comisión Europea respecto al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) ¿qué opina de la propuesta para abrir los mercados extranjeros de servicios profesionales?

La regulación que se ha hecho en España desde la Ley Omnibus y siguientes normas ha supuesto la liberalización de los servicios profesionales. La Abogacía no ha puesto trabas en que puedan venir despachos de otros países y tampoco para que nuestros despachos puedan ir a otros mercados. El problema esencial no es que puedan venir a ejercer la profesión otros despachos en nuestro territorio; el problema reside en que los lobbies financieros –que no jurídicos- pretenden arrasar con todos los principio esenciales sobre los que se ha construido la profesión. Lo que quieren es cambiar nuestros valores y nuestra forma de entender la profesión, que va más allá de ser un simple negocio. Y eso es lo que no podemos ni debemos admitir.

3. ¿Cuál es la opinión de la Abogacía sobre la propuesta del Parlamento Europeo de excluir a los servicios públicos del tratado TISA? ¿Sería un encaje para mantener el sistema actual de asistencia jurídica gratuita?

La posición de la Abogacía es de sentido común. La Justicia Gratuita está considerada como un servicio público, un servicio que da la Administración delegándolo en organizaciones colegiales, que somos corporaciones de Derecho Público. Por definición, el servicio público no es mercado, está fuera del mercado. Es imprescindible que permita al acceso de todos los ciudadanos que sean acreedores del mismo, sin los avatares de la pura especulación propia del mercado.

Sería imposible encajar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita en ese sistema “neoliberal” que intentan imponernos. La defensa de los derechos, las libertades y la dignidad de las personas más desfavorecidas de la sociedad no puede ni debe ser un negocio. La Asistencia Jurídica Gratuita no es un mercado y los derechos y libertades de los ciudadanos no son una mercancía como se pretende.

4. Ante la opinión de la Unión Europea de que va a favorecer la movilidad externa de profesionales altamente cualificados, ¿considera que estos tratados perjudicarán a las profesiones jurídicas?

La movilidad externa de los profesionales, muy cualificados o no, de por sí no beneficia ni perjudica a las profesiones jurídicas. Lo que las perjudica, porque las anula, es que dejen de ser “profesionales” con los valores y principios que para nosotros representa el pertenecer a una “profesión” como es la abogacía.

5. ¿Qué peculiaridades tiene la abogacía con respecto a otros profesionales que justifiquen su exclusión del tratado TTIP y TISA?

Las profesiones deben estar excluidas de TISA. No sólo los abogados. Pero ciñéndome a la abogacía, está claro que la sociedad pone en nuestras manos, y de ello somos responsables, un “material sensible” que debe tratarse con especial cuidado, como son los derechos, las libertades de las personas, en definitiva el bien jurídico más preciado, que es la dignidad. Sin duda que la profesión de abogado debe permitir que los profesionales vivamos de ella, pero como responsables de dicho “material sensible” el ejercicio profesional no debe tener como meta exclusiva y excluyente la obtención de ingresos, sino que estamos obligados a algo más: la defensa de los derechos de las personas que nos necesitan.

La profesión de abogado tiene su núcleo central en la confianza del cliente. Y ello sólo se puede conseguir y corresponder cuando el ciudadano sabe que el profesional le dará el mejor consejo -para el cliente, no para los intereses del abogado-, y que dicho profesional se rige por unas reglas serias de comportamiento, de deontología. Pero también se garantiza su independencia –que es el deber de lealtad y honestidad con el cliente-. En este aspecto, los Colegios de Abogados somos garantes de las mismas. Por eso considero que los abogados no sólo hemos de ser honestos, rigurosos y leales, sino que estamos obligados a dar ejemplo de ello. Esta es la única manera que existe de poder dar confianza a los ciudadanos y ciudadanas, que es la esencia de nuestro trabajo. Así podemos mantener y aumentar nuestro prestigio. De ahí viene una de las funciones esenciales de la abogacía institucional, pues el prestigio de cada uno de los abogados es el prestigio de todo el colectivo. Aunque seamos una profesión bastante individualista, la responsabilidad en buena parte es colectiva.

6. ¿Qué papel jugarían los Colegios de Abogados ante una posible liberalización de los servicios jurídicos profesionales?

Ante una posible desregularización como la que pretenden los Tratados, la función de los Colegios sería absolutamente diferente. Pasarían a ser colectivos más o menos elitistas, que intentarían mantener el prestigio sólo de sus asociados. Pero perderíamos toda la función social, la capacidad de regulación y de control de la independencia y deontología de la profesión en beneficio de los ciudadanos. Saldría perdiendo toda la sociedad. Serían entidades con una finalidad solamente corporativista y de lobby de corto vuelo.

7. ¿Considera lógica la propuesta del Parlamento Europeo para que la Comisión prohíba el requisito de establecer presencia comercial o ser residente como condición para la prestación de servicios profesionales?

En absoluto. La territorialidad, de momento, es lo que permite establecer las normas legales de aplicación a la profesión, así como su sujeción a los principios éticos y profesionales propios. Y no es una limitación, es una garantía para los ciudadanos.

8. ¿Cómo valora la creación de un marco de reconocimiento mutuo de los niveles académicos y cualificaciones profesionales en el sector jurídico para evitar un reconocimiento mecánico de las titulaciones universitarias?

Esta medida es muy importante para Europa. Los servicios profesionales deben tener alcance europeo, no se pueden limitar al localismo de cada país. Ello redundaría a la vez en un mejor ejercicio de la profesión, que sea similar en toda la Unión Europea. Lo veo una ventaja, pero debe trabajarse mucho y en serio. Y debe comportar la unificación de contenidos, de metodología y de habilidades. También es necesaria la formación en las peculiaridades de cada uno de los ordenamientos europeos.

9. ¿Considera positivo que en la negociación del tratado TTIP se incluya un mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados para configurar los arbitrajes con mayor objetividad?

Me parece absolutamente nefasto. Las obligaciones y conflictos de los Estados deben estar sujetos a los tribunales de Justicia. ¿Cómo se van a someter a arbitrajes cuando esos tribunales arbitrales –los que se prevén en el Tratado- son en gran medida los propiciadores de esa desregularización? ¿Cómo puede estipularse, en un Tratado “secreto”, que no servirán los tribunales de Justicia, excluyéndolos de raíz, para solventar los conflictos de la índole que estamos comentando? ¿Cómo se puede defender que un “tratado secreto” esté por encima de las leyes soberanas y democráticas de cada país?

10. ¿Qué papel están jugando las empresas multinacionales para construir un nuevo marco normativo que derribe las “barreras” en los servicios profesionales?

Según la información que me consta, los promotores de éste “neoliberalismo salvaje” no se residencia esencialmente en empresas multinacionales, sino en lobbies, esencialmente financieros, cuyo negocio es puramente especulativo, que, por cierto, es el que nos ha traído la grave crisis que estamos sufriendo en nuestras sociedades. Solo importa el dinero y su acumulación. No importan las personas, ni los valores, ni los derechos… Su propuesta es una sociedad en la que sustituimos las relaciones personales por el dinero. Lo demás no importa. Este es el futuro que nos quieren imponer, como algo contra lo que no se puede luchar… Pero no es cierto. En la vieja Europa queremos participar en decidir cuál es nuestro futuro, y estamos obligados a ello. No es admisible que determinados lobbies, por sus exclusivos intereses económicos, se impongan sobre las decisiones que debemos tomar de forma soberana y democrática. Por lo menos, ese no quiero que sea ni mi futuro ni el de mis hijos…