Santiago Muñoz Machado, académico de la Real Academia Española: “Que el Derecho sea claro es una obligación de las instituciones públicas”

Aunque se trata de un lenguaje que está presente en nuestras vidas cada vez de forma más extendida, el léxico jurídico arrastra una fama de oscuro e incomprensible que lo hace parecer lejano. Santiago Muñoz Machado, académico de la Real Academia Española, Catedrático de la Universidad Complutense y abogado ha coordinado, en un proyecto llevado a cabo por el CGPJ y la RAE, el Diccionario del Español Jurídico, una obra que recopila 30.000 términos relacionados con el mundo del Derecho, con la intención de ayudar a su comprensión no solo a juristas, sino a toda la sociedad.

1.    ¿Por qué es necesario un Diccionario Jurídico existiendo el Diccionario de la Real Academia?

En el Diccionario de la Real Academia hay registradas unas 7.000 u 8.000 entradas que tienen que ver con el Derecho y se han ido preparando  y redactando a lo largo de toda la vida, siempre sometido a revisión, pero hasta ahora nunca se había hecho una intervención especializada. La oportunidad de que el CGPJ y la RAE han celebrado un convenio para hacer un Diccionario Jurídico ha servido entre otras cosas para revisar todo ese vocabulario que había en el diccionario de la casa.

Para realizarlo, partiendo de lo que ya hay en el Diccionario de la RAE, hemos revisado esos 7.000-8.000 lemas para ponerlos al día y hemos añadido más hasta llegar a 30.000, que es el contenido del diccionario, gracias al trabajo de un equipo muy extenso de gente. Hemos incorporado léxico que va desde los latines del Derecho Romano hasta el Derecho de las comunicaciones, el lenguaje más moderno que es el que está ahora mismo diluviando sobre nosotros como consecuencia de la globalización económica y de la europeización. Hacía falta definir este léxico nuevo.

2.    En este sentido, ¿tiene el lenguaje jurídico español actual excesiva influencia del inglés, como ocurre con el lenguaje en general?

En general el vocabulario jurídico es bastante local y territorial y el nuestro tiene una larga trayectoria histórica, por lo que el léxico jurídico español es muy autónomo y la lengua jurídica es muy rica. Lo cual no quiere decir que no esté interferido por neologismos y palabras de otros idiomas. Tradicionalmente el que más presencia tenía era el latín, que sigue siendo muy importante. Existen 500 fórmulas latinas de uso bastante común por la jurisprudencia en el diccionario, que se han perfeccionado y recogido con las expresiones exactas porque muchas veces se usan no de forma correcta. Pero en la actualidad la influencia que tuvo en su día el Derecho Romano y el latín lo tiene el inglés. Algunas veces es inevitable que hayamos adoptado anglicismos porque son los que dominan, sobre todo en materia de telecomunicaciones, Internet, medio ambiente… incorporamos las palabras inglesas porque no tenemos una alternativa.

3.    Recientemente, los 23 países que forman parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana han acordado eliminar del lenguaje jurídico arcaísmos, latinismos y tecnicismos innecesarios. ¿Está de acuerdo con esta medida?

Estoy de acuerdo si son innecesarios, pero en muchos casos no lo son. Hay muchas locuciones latinas que se utilizan como regulae iuris, es decir, expresiones que si tuviéramos que sustituirlas en una sentencia necesitaríamos para decir lo que se dice en 4 palabras, 4 páginas. Estas expresiones resumen conceptos. Pero es cierto que usar latinismos por usarlos, por un intento de erudición, no tiene sentido porque estos latinismos los ciudadanos en general no los entienden. Y el Derecho está dirigido a los ciudadanos y tiene que nutrirse de palabras claras.

4.    Los términos jurídicos son complicados y, sin duda este Diccionario contribuirá a aclarar su significado. ¿Pero qué se puede hacer con la sintaxis, con esas frases infinitas de los textos jurídicos? ¿Tiene remedio?

En realidad el problema mayor de la oscuridad del lenguaje jurídico no es que el lenguaje en si sea oscuro, sino que quien lo explica lo hace mal. No habla bien o no escribe bien. Si se mejora la calidad de la redacción de las leyes o las sentencias mejorará también el lenguaje. Los mandatos del Derecho o la comunicación con las instituciones jurídicas no tienen por qué ser complicadas, se pueden explicar con claridad. Esto implica reconocer que se puede mejorar la literatura del derecho. En esto ha habido ya intentos, ha habido comisiones y jornadas de Justicia y el propio CGPJ también va a hacer en colaboración con la RAE un Libro de Estilo de la Justicia, que esperamos que esté publicado en el próximo año judicial, con la intención de mejorar la calidad lingüística y literaria de los escritos jurídicos en general

5.    Una de estas iniciativas fue la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídicocreada por el Ministerio de Justicia, a la que perteneció la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. ¿Sirvió para algo? ¿Ha tenido influencia en este Diccionario?

La influencia no la puedo valorar, aunque hicieron un informe muy interesante donde también venía una recomendación de no abusar de las expresiones extravagantes y latinismos. La claridad es una preocupación constante de los buenos juristas y no está mal recordarlo de vez en cuando. Que el Derecho sea claro es una obligación de las instituciones públicas y los que las manejan, porque si no lo es, ¿cómo van a cumplir los ciudadanos los mandatos? Si una normal penal no se entiende, ¿cómo va a adaptar su comportamiento un ciudadano a esa norma que no entiende? Hay que utilizar cuando se pueda un lenguaje asequible al ciudadano al que va dirigido. Aunque esto no quiere decir que el lenguaje jurídico se tenga que vulgarizar, porque hay tecnicismos que siempre se tienen que seguir utilizando.

6.    El lenguaje jurídico suele ser considerado por la ciudadanía como oscuro, intrincado, de difícil comprensión. ¿Cree que es algo buscado, como símbolo de estatus de los juristas, o quizá algo peor, para que el ciudadano no comprenda las sentencias, autos o leyes y no tenga nada que objetar?

No creo que sea algo buscado, sino que puede que derive de una cierta práctica, una cierta manera de hacer, una variación respecto al lenguaje común, pero no buscado, y desde luego no para ocultar el sentido de las cosas. Un poco si habrá en algunas ocasiones de ese prurito de especialidad, pero es que el lenguaje jurídico no tiene mucha especialidad. Si se analiza palabra por palabra, estas son casi todas parte del lenguaje común, no como ocurre con la Medicina o la Biología. Las que usa el Derecho están casi todas en el lenguaje común. Eso sí, cuando se hace una alocución puede que la combinación sea más difícil de entender.

7.    ¿Qué es peor: el lenguaje jurídico o el lenguaje de los medios de comunicación cuando informan sobre cuestiones judiciales y procedimientos en los tribunales?

Comunican lo mejor que pueden pero no siempre bien. Se nutren muchísimo del lenguaje jurídico. Las secciones dedicadas a lo que ocurre en la Justicia o lo que hace el legislador son muy extensas y como no solo informan, sino que también opinan sobre las cosas, las opiniones no siempre son muy ajustadas. Pero es que ya de Derecho se habla no solo en las secciones de tribunales, ahora tenemos debates sobre la reforma de la Constitución o sobre la corrupción, que también plantea cuestiones que no son fáciles de abordar por un lego. Por tanto informan mucho y cuando opinan unas veces lo hacen mejor y otras peor, no siempre al gusto de los especialistas. El diccionario pretende también, entre otras cosas, mejorar la calidad de la información, no es solo una obra que esté dirigida a los juristas, es también para lingüistas, para administradores públicos, jueces, periodistas, traductores… Nos encontramos con frecuencia con las traducciones múltiples que vienen de las instituciones de la UE, donde se trasladan a los idiomas de los estados miembros las disposiciones que están redactadas en otro idioma, y las traducciones no siempre son correctas. Este diccionario también les ayudará mucho.

8.    Recientemente con la modificación de la LECrim se ha cambiado la denominación de imputado por la de investigado ¿Qué opina de los cambios en el lenguaje jurídico producidos por real decreto?

No se cambia la sociedad por decreto, como decía el título de una vieja obra de un jurista francés. Realmente el cambio lo que hará es marginar la palabra imputado, que ya estaba muy desacreditada o que desacreditaba mucho, por otra que tendrá las mismas connotaciones negativas dentro de poco. Al final cuando la gente comprenda que ser investigado es lo mismo que ser imputado no va a mejorar el grado de apreciación social de las consecuencias de que a uno lo llamen para interrogarlo en un proceso penal

9.    ¿Para cuándo un Diccionario Jurídico Panamericano que unifique el léxico jurídico del mundo iberoamericano?

Estamos en ello. Este paso es el primero, pero pensamos en la continuación, que es el Diccionario Panhispánico. Nuestro compromiso como Real Academia de la Lengua y también en el marco del convenio con el CGPJ, es hacer un diccionario panhispánico, no tanto con criterios unificadores, sino también con criterios que mantengan la unidad del lenguaje jurídico respetando las muchas peculiaridades de los países americanos. Es importante porque la función principal de la Academia es la unidad de la lengua española y al igual que fluyen por aquí neologismos procedentes del inglés y otras lenguas, también pasan por los países latinoamericanos y no siempre se le da la misma significación, de manera que un diccionario que las unifique y que establezca un criterio sobre cuál es su contenido en español es una misión importante. Hay que pensar en lo que puede significar este manual para las empresas españolas que tienen intereses en América, y que cuando se enfrenten a regulaciones de cualquier país latinoamericano los términos que se utilizan sean términos reconocibles.

10.  Usted dirigió hace un año la obra Historia de la Abogacía Española y recordaba que el Colegio de Abogados de Madrid hace casi 300 años tenía la función de colaborar en la censura de libros jurídicos emitiendo opiniones técnicas ¿Cómo ha influido la Abogacía en el lenguaje jurídico?

Ha tenido una influencia enorme. En el prólogo de esa obra cuento algo que sorprende a quien lo oye por primera vez: cuando se hizo el primer diccionario de la RAE, el Diccionario de Autoridades en el siglo XVIII, la Academia se enfrentó con algo que ahora parece una obviedad, pero que entonces era una duda importante, y es qué palabras se elegían para que fueran parte del diccionario. Ahora tiramos del anterior, pero los que hicieron el primero acudieron, por una parte, a la literatura de los Siglos de Oro, la mejor literatura que tenían disponible hasta entonces, pero ahora hemos descubierto que tanta influencia tuvo el Derecho en la selección de palabras como tuvo la literatura clásica, porque hay montones de vocablos que proceden de las normas que estaban vigentes y que se aplicaban entonces. Fueron verdaderos graneros de palabras de los que sacó la academia su inspiración para hacer el diccionario. La influencia de los abogados fue por tanto grandísima, fueron los que hicieron los primeros esfuerzos para entender mejor lo que decían las leyes y también fueron los abogados los que hicieron posible la aplicación de las grandes leyes históricas. Y en esas grandes leyes históricas está la formación, la consolidación y el perfeccionamiento del español como lengua. Sin el Derecho no sé qué hubiera sido de la lengua española.