26-A Jornada Reus / Colegios de partido: prestadores de un gran servicio al ciudadano con cercanía y celeridad

El Colegio de Abogados de Reus, en colaboración con el Consejo de la Abogacía Catalana y el Consejo General de la Abogacía Española, ha organizado una jornada para reflexionar sobre el futuro de los colegios de partido y el papel que han desarrollado en la sociedad.

En la jornada, que se celebrará el 26 de abril en el Colegio de Abogados de Reus, se analizará la legislación europea, su incidencia real sobre los colegios y la situación en Francia que, con 163 colegios, es un ejemplo de estructura colegial para una eficaz defensa del derecho a la defensa y mejora, por lo tanto, del estado de Derecho.

El Colegio de Reus, a la vista del borrador de anteproyecto de Ley de servicios profesionales que pretende suprimir los colegios denominados de partido, quiere hacer coincidir la celebración de San Raimundo de Peñafort con la jornada para así reafirmar la necesidad de mantener unas instituciones que “están dando un extraordinario servicio a la sociedad, siendo por otro lado garantía de competitividad y servicio”, en palabras de su decano Pere Lluis Huguet.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Reus ha invitado a todos los decanos de los colegios de partido, para convertir su fiesta anual en un altavoz de aquellos colegios, muchos de ellos con más de 170 años de historia, que quieren seguir prestando un servicio a la sociedad y cuya desaparición “solo puede provocar la disminución de las garantías de los ciudadanos”, concluye Huguet.

PROXIMIDAD A LOS CIUDADANOS

Estos colegios prestan “un gran servicio a los ciudadanos de forma totalmente gratuita para estos y para el Estado”, en palabras de Mª Carmen Pérez Cascales, decana del Colegio de Abogados de Elche.

Tanto Pérez Cascales, como Marcos Camacho, decano de Jerez, y Juan Antonio García Cazorla, decano de Sabadell, destacan como una cualidad de estos colegios la cercanía y proximidad a los colegiados y a los ciudadanos.

“El principal valor añadido de estos Colegios – que considero más adecuado denominar Colegios no provinciales o locales, dado que sus demarcaciones territoriales no coinciden exactamente con la de los partidos judiciales- es la proximidad, inmediatez y personalización de buena parte de los servicios que prestan, tanto a la ciudadanía como a sus propios colegiados, en un claro beneficio de ambos”, afirma García Cazorla.

Marcos Camacho añade que “el Colegio ofrece a los ciudadanos celeridad en las respuestas y una atención inmediata, sin turnos de espera”.

“Podemos decir que este tipo de colegios funcionan no solo como organizaciones profesionales que velan por el libre, correcto y adecuado ejercicios de la profesión, sino también como prestadores de un servicio público de cercanía e indispensable allí donde se encuentran ubicados”, concluye Garcia Cazorla.

Por su parte, Mª Carmen Pérez Cascales subraya que “la cercanía y la inmediatez son en sí una ventaja para los ciudadanos, además de servir de apoyo y colaboración a los tribunales de su término judicial, en pro de una mejor administración de Justicia.”

“Esa cercanía y proximidad redunda en un beneficio incuestionable para los ciudadanos, que tienen los servicios “a pie de casa” y sin que, por ello, deban acometer desplazamientos, gastos o pérdidas innecesarias de tiempo.

Huyendo de la tradicional organización administrativa en provincias, y superando la misma para llegar a la ciudadanía de una forma más eficiente y rápida, estos Colegios devienen en pieza fundamental de la Administración de Justicia en su labor por acercar la Abogacía y la defensa jurídica a los ciudadanos de núcleos poblacionales importantes”, explica el decano de Sabadell.

LABOR SOCIAL

La labor social de estos colegios y de cohesión de los profesionales de la abogacía se pone de manifiesto en actividades como las que señala Marcos Camacho: “El colegio se encarga de la gestión del turno de oficio, la formación contínua. Dispone de una Fundación con fines sociales para la abogacía y los ciudadanos en general. También hay que destacar la realización de un turno especial de mayores de 65 años que se presta en los centros de día y otros turnos de oficio, especiales y voluntarios, con Proyecto Hombre, Caritas, Afemen y Hogar San Juan. El Colegio de Abogados de Jerez dispone de Oficina de Intermediación Hipotecaria a disposición de los ciudadanos afectados por la crisis, una Corte arbitral y se ha constituido en Entidad de Mediación.”

Por su parte, García Cazorla subraya que “esa proximidad se observa y materializa también en las relaciones corporativas que mantiene el Colegio con la ciudadanía y los organismos que la representan, en aquellas poblaciones que configuran su ámbito territorial y que se encuentran fuera de los núcleos o centros de decisión política. Ello propicia, por ejemplo, que desde un Colegio de este tipo aumenten exponencialmente las posibilidades de concretar iniciativas conducentes a consensuar y conveniar con las diferentes administraciones y organismos locales -o de su área de influencia-, mediante los oportunos acuerdos de colaboración, la prestación de una serie de servicios dirigidos al ciudadano, cuyo fin no es otro que acercar y facilitar el acceso de éste a su derecho de defensa y, en definitiva, a la justicia y al ejercicio de otros derechos de carácter fundamental (orientación jurídica, mediación, arbitraje, etc.).

Ello, a su vez, potencia la posibilidad de que los propios colegiados desarrollen y amplíen su ya destacada función social mediante la prestación de sus servicios profesionales en beneficio de la ciudadanía, en virtud de los antedichos acuerdos de colaboración”, asegura.

¿Pero cuál es el coste de estos servicios para la Administración y para la sociedad?

“El coste de todos los servicios es CERO para la sociedad”, afirma tajante Marcos Camacho. “El Colegio de Abogados de Jerez dispone de un estructura administrativa –diez empleados- que se financia con las cuotas colegiales con la finalidad de ofrecer servicios de calidad a los abogados y a los ciudadanos”.

Mª Carmen Pérez Cascales coincide en la respuesta: “Los Colegios no suponen ningún coste ni para la administración local, ni para la autonómica o nacional. Se autofinancian y prestan un gran servicio a los ciudadanos de forma totalmente gratuita para estos y para el Estado”.

Y Juan Antonio García Cazorla remacha: “El coste del servicio, cuestión que se obvia frecuentemente, es cero. La creación, organización y gestión de estos colegios de proximidad es y ha sido desde siempre gratuita para la Administración y la Hacienda Pública, quien se limita a cumplir con su obligación de compensar o indemnizar (considero que insuficientemente) a los Colegios de Abogados por el eficiente desarrollo de las funciones sociales y públicas que la Ley les reserva, tales como la organización de la justicia gratuita y la prestación del turno de oficio y asistencia al detenido.

Creo que es importante destacar en este momento la importante función social que desarrollan los abogados mediante el servicio del turno de oficio y asistencia al detenido para aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para sustentar su derecho de defensa. Desde nuestros colegios este servicio se presta en el mismo lugar que es requerido por el justiciable”, concluye.