La Abogacía catalana alerta que la reforma de los tribunales por el Gobierno es un primer paso hacia la recentralización de los juzgados

• El Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), que representa a los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, alerta que el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial  (LOPJ)  aprobado  el  pasado  viernes  por  el  Consejo  de  Ministros supone la desaparición de los actuales partidos judiciales y la introducción del Tribunal Provincial de Instancia (TPI), una nueva figura que centralizará en las capitales de cada provincia los órganos judiciales, en detrimento de los juzgados comarcales. La nueva ley también prevé la desaparición de los Juzgados de Paz

A pesar de las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el sentido de que se mantendrán todas las sedes judiciales existentes actualmente, pasando a ser ‘secciones’ del Tribunal Provincial de Instancia, el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, alerta de que ‘la voluntad inequívoca del artículo 21 del proyecto de nueva planta judicial, que prevé la no inversión en infraestructuras en las sedes actuales, no es otra que trasladar toda la actividad judicial en las capitales de provincia‘. Sàmper fundamenta esta afirmación en las manifestaciones que hicieron los redactores del anteproyecto de Ley de Demarcación y planta judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Antonio Dorado Picón y Luis María Díez-Picazo, el pasado 4 de febrero, en el Colegio de Abogados  de  Barcelona,  que  calificaron  de  ‘inevitable’  la  desaparición  de  los actuales partidos judiciales ‘en favor de una mayor especialización’.

El presidente de la Abogacía Catalana, Miquel Sàmper, califica de ‘muy grave‘ la propuesta del gobierno español, que prevé la desaparición de los actuales partidos judiciales y la creación de una única demarcación provincial. El proyecto prevé la supresión de las Audiencias Provinciales y los juzgados comarcales, que serían sustituidos por un único Tribunal Provincial de Instancia (TPI) con sede oficial en la capital de cada provincia. Aunque el proyecto también prevé la posibilidad de que el TPI tenga otras subsedes, ‘además de la oficial, en alguna otra población de la provincia’, ésta debería ‘reunir una serie de requisitos de población, carga de trabajo o distancia de la capital’ , unos criterios que no cumplen el espíritu de Justicia de proximidad que reivindica la Abogacía Catalana. ‘El proyecto nace a partir de una idea recentralizadora de la justicia en un momento en que en Catalunya se está trabajando precisamente en el sentido contrario, es decir, en el de la descentralización de la justicia para acercarla lo máximo posible al ciudadano’, alerta Sàmper. La Abogacía Catalana defenderá la pervivencia de los 577 juzgados unipersonales y 898 juzgados de paz catalanes.