Abogacía e Instituciones Penitenciarias renuevan el convenio para la prestación de la asistencia jurídica a internos

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, han firmado hoy la renovación del convenio para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica a personas privadas de libertad en centros penitenciarios y de inserción social.

El acuerdo, que tendrá una duración de cuatro años, establece el marco jurídico estable y ordenado al cual pueden adherirse los Colegios de la Abogacía que hayan de prestar este servicio de orientación jurídica penitenciaria en los centros que queden dentro de su ámbito territorial de competencia de ordenación profesional.

La Abogacía Española promoverá entre los Colegios de la Abogacía la adhesión al presente convenio y velará por la correcta orientación y asistencia jurídica. Para ello, los servicios de orientación jurídica penitenciaria proporcionarán un primer consejo orientador al interno, con carácter gratuito, sobre cuestiones jurídicas y la información necesaria para recurrir a otros sistemas alternativos de resolución de conflictos con la finalidad de evitar el litigio procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

Los abogados y abogadas que prestan el servicio de orientación jurídica penitenciaria ofrecerá orientación jurídica previa sobre el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario español, y en particular, clasificación, procedimiento sancionador, trabajo en los centros, permisos, traslados, libertad condicional y reclamaciones administrativas

También informarán a las personas internas sobre los requisitos que exige la ley para gozar y obtener el derecho de justicia gratuita y tramitarán a la persona interna de nacionalidad extranjera de las instancias ante la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y demás organismos, así como la información necesaria para solicitar y tramitar el traslado a otro país, para el cumplimiento en el mismo de la condena impuesta en España, entre otras muchas más funciones.

Por su parte, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, por medio de la Dirección del Centro Penitenciario, se compromete, entre otras cosas, a facilitar a los abogados la información y el acceso a los expedientes penitenciarios de las personas internas demandantes de orientación jurídica penitenciaria previa su autorización expresa y escrita, así como la realización de las copias necesarias de los documentos que no contengan información confidencial.

También dotará al profesional de la abogacía que vaya a prestar el servicio de las acreditaciones necesarias y garantizará el conocimiento entre las personas internas de la existencia de estos servicios de orientación jurídica penitenciaria.

Remitirá a los respectivos Colegios de la Abogacía una relación de los letrados y letradas que han realizado las actuaciones y los internos e internas atendidos y realizará evaluaciones con los usuarios sobre el grado de satisfacción de los servicios prestados y comunicar estos resultados al Consejo General de la Abogacía Española.