Abogados andaluces estudian la vía contencioso administrativa para recurrir la bajada del 10% en sus honorarios

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, ha manifestado el viernes 19 de octubre que una comisión permanente se encuentra estudiando la posibilidad de que el colectivo de letrados andaluces que presta asistencia jurídica gratuita recurra por la vía contencioso administrativa el nuevo baremo que supone una rebaja del diez por ciento en sus honorarios profesionales, tal y como ha manifestado en rueda de prensa.

Rebollo ha señalado que esta nueva medida “no ha gustado” a los abogados porque “parece que las retribuciones de los abogados son siempre insuficientes, siendo un servicio mal retribuido”. Por ello, ha comentado que formularon alegaciones al borrador donde se establece el nuevo baremo, las cuáles “sustancialmente no han sido atendidas”.

Sin embargo, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha trasladado que los letrados están aún estudiando el recurso contencioso administrativo porque también son “conscientes de la época de recortes en todas las facetas”, encontrándose por tanto “entre esas dos disyuntivas”.

Por otra parte, ha hecho referencia a que existe un “compromiso formal por parte de la Consejería de Justicia de efectuar pagos a finales de octubre y noviembre relativos a la asistencia al detenido”, así como a “abonar los gastos de infraestructura –la mitad de 2011 y parte de los que se han devengado en 2012– este mismo mes”. Para los abogados este pago es “una asignación absolutamente imprescindible, pues no se podría seguir prestando el servicio”.

En cuanto al “problema del turno de oficio”, en el sentido estricto, ha Rebollo ha mencionado que “se está trabajando para que los pagos empiecen el próximo mes de diciembre”.

De otro lado, ha aludido al servicio de justicia gratuita a presos, asegurando que era “un servicio ejemplar con un coste limitadísimo” y que “funcionaba muy bien en cualquier materia, pero especialmente en la de régimen penitenciario”. Así, el coste “no llegaba a los 500.000 euros anuales para toda Andalucía, una cantidad tremendamente reducida”.

Sin embargo, ha continuado, “finalmente se ha suprimido”, a pesar de que algunos colegios, como el de Jaén, prestan asesoramiento jurídico gratuitamente”. Además, ha apuntado que se contaba con “la colaboración absoluta de instituciones penitenciarias, si bien el servicio se había Así las cosas, los letrados andaluces “siguen luchando por que el servicio se vuelva a prestar”, algo que, según ha precisado Rebollo, depende del Ministerio de Justicia.