Abogados y entidades sociales exigen la reanudación de la asistencia jurídica en las cárceles

Colectivos de abogados y entidades sociales han presentado este martes una campaña de “presión política” para exigir a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía la reanudación de la asistencia jurídica gratuita en las prisiones andaluzas, advirtiendo de que, en caso contrario, protagonizarán encierros con grupos de familiares de presos que necesiten asistencia letrada en casos graves, informa Europa Press.

La campaña, que ha sido presentada en rueda de prensa en Sevilla y concluirá el 15 de noviembre, está promovida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas, Federación Andaluza Enlace, Liberación-Federación Provincial de Asociaciones de Drogodependencias de Sevilla y letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Sevilla, y cuenta con el respaldo de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía.

El objetivo de esta iniciativa, que ha recibido el apoyo de más de 70 colectivos sociales en menos de una semana y más de 1.300 firmas, es “alertar” a parlamentarios andaluces, gobernantes y a la opinión pública sobre la “grave” situación de las más de 16.200 personas presas en Andalucía sin asistencia letrada desde mayo pasado, así como exigir a la Consejería de Justicia e Interior que se tomen las medidas necesarias “para respetar y garantizar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz”.

María Luisa Díaz Quintero, coordinadora del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Sevilla, ha explicado que alrededor del 80 por ciento de los presos está en prisión por delitos relacionados con la drogodependencia, como pequeños robos y tráfico de drogas a pequeña escala, mientras que un 40 por cierto padece algún trastorno metal y de la personalidad y sobre un ocho por ciento enfermedades mentales graves.

Según ha indicado Díaz Quintero, sólo en el año 2011 se llevaron a cabo en la región andaluza unas 9.000 asistencias, refiriéndose las consultas mayoritarias a permisos y refundiciones, acumulaciones y limitaciones de condena, aunque también se atienden otras muchas consultas sobre revisión de grado, traslados y sanciones, malos tratos, información sobre causas penales y derivaciones a otros turnos.

UN PRESO PERDIÓ 12 CITAS MÉDICAS POR FALTA DE CONDUCCIÓN POLICIAL

Ha añadido que esta situación “supone en la práctica que no se puedan atender y reclamar ante los juzgados casos dramáticos y reales”, como por ejemplo “la pérdida de 12 citas médicas en un año por falta de conducción policial padeciendo cirrosis hepática, sin poder, por tanto, ser asistido por un especialista”, o “no poder ser operado de litiasis renal en siete años por continuos traslados de centro penitenciario; sufrir cacheos con desnudo integral sin tener relación alguna con el mundo de las drogas, o simplemente poder defenderse ante la retirada de custodia de los hijos”.

E.L.B., usuario del servicio en libertad condicional, ha detallado en la rueda de prensa “cómo no era conducido a sus citas medicas especializadas en el exterior, provocando que las perdiera una y otra vez, y retrasando el diagnóstico o tratamiento de su enfermedad”.

La coordinadora general de la Apdha, Maribel Mora, ha tachado la suspensión del servicio de “completamente ilógica”, recordando que en mayo de 2012 la Apdha ya presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz con la firma de 1.000 personas presas denunciando la suspensión de la asistencia jurídica en las prisiones andaluzas.

LA CAMPAÑA: PRÓXIMAS ACCIONES Y MOVILIZACIONES

Maribel Mora también ha comentado que “nos sentimos defraudados y estafados por un consejero de Justicia e Interior que nos ha faltado a la consideración debida de quienes piden lo justo dentro de la legalidad, dando explicaciones y promesas vanas que solamente ocultaban un recorte a los derechos fundamentales de los más excluidos”. El consejero, Emilio de Llera, ha estado “mareando la perdiz” con “tal de no reconocer que un gobierno, que se vanagloria de ser de izquierdas, está dispuesto a suprimir un servicio público para uno de los sectores más excluidos y pobres en Andalucía”.

Dentro de la primera fase de esta campaña, los colectivos promotores se concentrarán, junto con personas presas y sus familiares, en las puertas del Parlamento este jueves, mientras que también se remitirá a todos los parlamentarios un informe sobre la realidad del recorte del servicio, sus consecuencias y los “fariseos” argumentos del consejero para su “suspensión”.

Por último, Mora ha advertido de que, si la Junta “da la espalda a los más desfavorecidos”, iniciarán encierros con grupos de familiares de presos que necesiten asistencia letrada para asuntos graves, todo ello “hasta que el consejero les designe un abogado especialista en derecho penitenciario”. “Estamos reivindicando vivir con dignidad como derecho humano”, ha concluido.

CARNICER EXIGIÓ LA REANUDACIÓN DEL SOJP EN ABRIL

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ya mostró al Gobierno el pasado mes de abril  la sorpresa y preocupación del organismo que preside por la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía.

Carnicer se dirigió a los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que tuvieran en cuenta “la restricción de derechos que supone la finalización de esta asistencia” y para que valoraran “la conveniencia de firmar de nuevo el convenio a fin de que pueda reanudarse urgentemente el servicio”.

La Abogacía  considera que esta asistencia es de vital importancia tanto para el normal funcionamiento de la vida dentro de los centros penitenciarios como para el ejercicio de los derechos de las personas que se encuentran en ellos.

“Las personas privadas de libertad están privadas de ese derecho, pero es absolutamente necesario para ellas disponer de un Servicio de Orientación Jurídica a fin de consultar y tomar decisiones relativas a todos los demás derechos de los que no han sido privados (derecho de familia, derechos económicos, etc)”, afirmaba Carnicer en su carta a ambos ministros.

El Consejo de la Abogacía estima que esta situación pone sobre la mesa la importancia de que se establezca y se regule el derecho a este fundamental servicio dentro del marco normativo de la Asistencia Jurídica Gratuita.

Más información

www.reanudacionsoajp.es y http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=4730