ACIJUR rechaza la sanción a la periodista Mercedes Alcocer por vulnerar la “Ley Mordaza”

• La periodista de Catalunya Radio ha sido sancionada por una falta grave tipificada en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”.
• La supuesta desobediencia a agentes de la autoridad ocurrió en los aledaños de la Audiencia Nacional.
• ACIJUR se reafirma en su postura crítica frente a las penosas condiciones en que tienen que realizar su trabajo los periodistas que cubren la información de la Audiencia Nacional

Ante la sorprendente noticia de la sanción administrativa impuesta a una periodista de Catalunya Radio por una falta grave de desobediencia a los agentes de la autoridad, supuestamente cometida en los aledaños de la Audiencia Nacional y tipificada en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”,  la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) manifiesta a la opinión pública su absoluto rechazo a esta sanción y su apoyo a la periodistaMercedes Alcocer, experimentada informadora de asuntos judiciales.

No es la primera vez que ACIJUR se siente en la obligación de cuestionar determinados preceptos de la norma aludida, por entender que suponen un obstáculo al libre ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión. Lamentablemente hoy nos tenemos que reafirmar en ello.

También se reafirma ACIJUR en su postura crítica frente a las penosas condiciones en que tienen que realizar su trabajo los periodistas que cubren la información de la Audiencia Nacional; condiciones que, lejos de mejorar con las nuevas instalaciones de este importante órgano judicial, han sufrido un lamentable empeoramiento, que dice bien poco de la sensibilidad de algunas instituciones hacia la labor de los medios de comunicación.

ACIJUR, desde su firme compromiso con la sociedad española por una información libre, ética,  rigurosa y responsable, confía en que aún sea posible una rectificación en la imposición de esta sanción que, insistimos, consideramos arbitraria e injusta, pues supone el castigo hacia una conducta periodística, la de buscar y obtener legítimamente información libre, que es síntoma de salud democrática y piedra esencial del Estado de Derecho.