13 marzo 2018
Acuerdo europeo sobre los Intermediarios Financieros
El Consejo de la UE ha llegado a un acuerdo sobre una propuesta destinada a aumentar la transparencia para abordar una planificación fiscal transfronteriza agresiva, que adoptará la forma de Directiva, y que es la última de una serie de medidas diseñadas para evitar la evasión de impuestos corporativos.
La futura Directiva obligará a intermediarios tales como asesores fiscales, contables y abogados que diseñen y/o promuevan esquemas de planificación tributaria que informen sobre esquemas potencialmente agresivos.
Los Estados miembros deberán intercambiar automáticamente la información que reciben a través de una base de datos centralizada. Esto permitirá determinar nuevos riesgos de evasión fiscal antes y tomar medidas para bloquear los acuerdos perjudiciales. Además, estarán obligados a imponer sanciones a los intermediarios que no cumplan con las medidas de transparencia.
Los Estados miembros encuentran cada vez más difícil proteger sus bases impositivas de la erosión, a medida que las estructuras de planificación tributaria transfronteriza se vuelven cada vez más sofisticadas. El proyecto de directiva tiene como objetivo prevenir la planificación fiscal agresiva permitiendo un mayor escrutinio de las actividades de los intermediarios fiscales.
El proyecto de Directiva establece “sellos” para identificar los tipos de esquemas que se deben informar a las autoridades fiscales. El requisito de informar sobre un esquema no implicará que sea dañino, solo que puede ser de interés para que las autoridades fiscales ejerzan un mayor escrutinio. Si bien muchos esquemas tienen fines totalmente legítimos, el objetivo es identificar a aquéllos que no los tienen.
La propuesta refleja ampliamente la acción 12 del plan de acción 2013 de la OCDE para evitar la erosión de la base imponible y el cambio de beneficios.
El acuerdo se ha alcanzado en la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. El Consejo de la UE adoptará la Directiva sin más debate una vez que el texto haya finalizado en todos los idiomas oficiales. Los Estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de 2019 para incorporarlo a la legislación nacional.
Los nuevos requisitos de presentación de informes se aplicarán a partir del 1 de julio de 2020. Los Estados miembros estarán obligados a intercambiar información cada tres meses, en el plazo de un mes desde el final del trimestre en que se presentó la información. El primer intercambio automático de información se completará antes del 31 de octubre de 2020.
La Directiva requiere unanimidad en el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo. El Parlamento votó su dictamen el 1 de marzo de 2018., de acuerdo a la base jurídica establecida en los artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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