AI denuncia que Turquía expulsa refugiados y solicitantes de asilo a zonas de guerra

La Unión Europea (UE) corre el riesgo de convertirse en cómplice de violaciones de los derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, declaró ayer Amnistía Internacional con motivo de la publicación de datos que muestran cómo las autoridades turcas están aprehendiendo y deteniendo a estas personas, y presionándolas para que regresen a zonas de guerra.

El informe (en inglés), titulado Europe’s Gatekeeper, documenta que, desde el pasado mes de septiembre, y paralelamente a las conversaciones entre la UE y Turquía sobre migración, las autoridades turcas están deteniendo e introduciendo a decenas —y posiblemente cientos— de refugiados y solicitantes de asilo en autobuses que los trasladan a centros de detención aislados situados a más de 1.000 km, donde son recluidos en régimen de incomunicación. Algunos han denunciado que estuvieron varios días encadenados, los golpearon y los devolvieron a los países de los que habían huido.

“Hemos documentado la detención arbitraria de algunas de las personas más vulnerables en territorio turco. Presionar a refugiados y solicitantes de asilo para que regresen a países como Siria e Irak no es sólo intolerable, sino que también infringe directamente el derecho internacional”, afirmó John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Al emplear a Turquía como portero de Europa en la crisis de refugiados, la UE corre el riesgo de ignorar, y ahora de fomentar, violaciones graves de derechos humanos. La cooperación en materia de migración entre la UE y Turquía debe cesar hasta que se investiguen estas violaciones y se las ponga fin.”

Este aparente cambio de política es una novedad y contrasta con la actitud generalmente favorable y humanitaria de las autoridades turcas hacia las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Hasta septiembre de este año, los principales motivos de preocupación relativos a los derechos humanos de los refugiados y solicitantes de asilo en Turquía no incluían la detención y la expulsión ilegítimas. Turquía acoge a la mayor población refugiada del mundo, con alrededor de 2,2 millones de refugiados registrados procedentes de Siria y unos 230.000 solicitantes de asilo de otros países.

Como parte del acuerdo sobre migración (plan de acción) UE-Turquía firmado en noviembre, la UE prometió aportar 3.000 millones de euros para mejorar la situación humanitaria de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país, mientras Turquía se comprometía a reforzar las medidas para restringir la afluencia de migrantes y refugiados hacia la UE. Esta semana se celebran más conversaciones sobre las relaciones entre la UE y Turquía y el plan de acción, previas a la Cumbre Europea del jueves.

Al mismo tiempo que la UE se muestra cada vez más ansiosa por obtener la cooperación de Turquía para reducir la migración irregular, está permitiendo que se utilicen sus fondos para equipos e infraestructuras en centros en los que se presiona ilegítimamente a las personas refugiadas y solicitantes de asilo para que regresen a países como Siria e Irak. Los refugiados recluidos en el centro de detención de Erzurum mostraron a Amnistía Internacional etiquetas en camas y armarios que anunciaban que el centro se financiaba con un programa de la UE previo a la adhesión.

Funcionarios de la UE en Ankara confirmaron a Amnistía Internacional que los seis centros de recepción abiertos financiados por la UE incluidos en el borrador de plan de acción del 6 de octubre serán en realidad centros de detención.

“Es un escándalo que se esté usando dinero de la UE para financiar un programa de detenciones y devoluciones ilegítimas. La UE debe garantizar que sus fondos y su cooperación en materia de migración con Turquía promueven los derechos de las personas refugiadas y migrantes y no los menoscaban.”

DETENIDOS, TRASLADADOS, ENCADENADOS

Todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo detenidas declararon a Amnistía Internacional que las habían arrestado en las provincias fronterizas occidentales turcas, como Edirne y Muðla, antes de ser llevadas a puestos de avanzada del sur o el este del país. La mayoría de ellas dijeron que tenían la intención de atravesar irregularmente el país para dirigirse a la UE.

Los refugiados y solicitantes de asilo permanecieron recluidos hasta dos meses, sin explicaciones ni argumentos legales, en el campo de Düziçi de la provincia de Osmaniye, o en el centro de expulsión de Erzurum, en la provincia del mismo nombre. Durante su estancia se les impidió contactar con el mundo exterior, incluidos abogados o familiares; la única forma en que podían comunicarse era con teléfonos móviles que ocultaban a las autoridades.

Un hombre sirio residente en Turquía hizo un viaje de 23 horas en autobús al centro de expulsión de Erzurum después de que su hija lograse contactar con él desde uno de estos teléfonos. Sin embargo, a su llegada al centro las autoridades le dijeron que no podían confirmar ni negar que su hija estuviera allí.

Amnistía Internacional ha documentado tres casos de abusos físicos en centros de detención, entre numerosos relatos anecdóticos de malos tratos.

Un hombre sirio de 40 años denunció había estado encerrado siete días solo en una habitación del centro de expulsión de Erzurum, encadenado de manos y pies.

“Cuando te ponen una cadena en las manos y las piernas te sientes como un esclavo, como si no fueras un ser humano”, dijo al equipo de investigación de Amnistía Internacional.

Para muchos, la terrible experiencia de detención ilegítima fue seguida de la expulsión a Siria o a Irak, tras ser presionados para que firmasen unos documentos en turco que no entendían.

Refugiados y solicitantes de asilo dijeron a Amnistía Internacional que la única forma de salir de los centros era accediendo a regresar al lugar de donde procedían. En Erzurum tomaron las huellas digitales a un niño de tres años como prueba de su consentimiento a regresar a Siria, contó un sirio de 23 años a Amnistía Internacional.

Aunque el equipo de investigación ha documentado más de un centenar de retornos forzosos a Siria e Irak desde Turquía en los últimos meses, se teme que la cifra real sea muy superior e incluya expulsiones a Afganistán.

“Hay una falta de transparencia total en torno a estos casos y se desconoce el número real de expulsiones arbitrarias y deportaciones ilegítimas realizadas por las autoridades turcas. Hay que investigar inmediatamente esta nueva práctica para proteger a todos los refugiados y solicitantes de asilo en Turquía”, concluyó John Dalhuisen.

Amnistía Internacional pide a Turquía que ponga fin a las detenciones y expulsiones ilegítimas. La UE y Turquía deben establecer mecanismos de vigilancia eficaces e independientes para examinar la conformidad en materia de derechos humanos del plan de acción de la UE y Turquía y el uso de los fondos de la UE para fines relacionados con la migración. Hasta que se adopten estas medidas, debe suspenderse la aplicación del plan de acción.